El gobierno colombiano asegura que la fiscal rebelde de Venezuela está bajo su protección

Desde el pasado viernes en la noche, cuando Migración Colombia confirmó que la fiscal venezolana Luisa Ortega había aterrizado en territorio nacional sobre las 3:30 de la tarde, su presencia en el país se había convertido en un misterio. El sábado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que Ortega permanecía en Bogotá, sin dar más detalles. Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el tema por primera vez. Desde su cuenta de Twitter aseguró que Ortega está bajo protección y que si pide asilo político se le otorgará. "La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos", escribió Santos, que no precisó los beneficios con los que cuenta la fiscal ahora que es protegida del gobierno y se limitó a anunciar su disposición a otorgarle asilo.

No pasó mucho tiempo antes de que, también por redes sociales, el nuevo fiscal general venezolano Tarek Saab, cuestionara la posición del gobierno colombiano. "Juan Manuel Santos con apoyo incondicional a ex-fiscal prófuga confirma que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela", escribió en Twitter, desde donde también habló de una "tradición de exmandatarios" colombianos que - señala - han dado "protección a venezolanos asociados al terrorismo y narcotráfico". En el mismo sentido se refirió el canciller venezolano, Jorge Arreaza, que acusó a Santos de proteger la "corrupción y el delito". Dijo además que "Bogotá se ha convertido en centro de la conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica del 'Caín de América'".

Ortega salió de su país el mismo día en que la fiscalía mexicana difundía un audio suyo grabado desde un lugar desconocido en el que denunciaba los vínculos de corrupción entre el presidente Nicolás Maduro con la constructora brasileña Odebrecht. "Tenemos el detalle de toda la cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", se escuchó de la voz de Ortega durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina en el central estado de Puebla.

La fiscal aterrizó en el aeropuerto El Dorado en un vuelo privado, proveniente de Aruba, a donde llegó en una lancha desde la península venezolana de Paraguaná. La funcionaria entró a territorio colombiano acompañada por su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, y otras dos personas que trabajaban con ella: Gioconda del Carmen González Sánchez (subdirectora de despacho del ministerio público) y Arturo Vilar Esteves (fiscal anticorrupción).

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La última vez que se le vio públicamente a la fiscal fue el pasado seis de agosto, un día después de que fuera destituida de su cargo por la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ortega fue una de las invitadas a un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. La situación de Ortega y su marido en Venezuela se había vuelto insostenible desde que fue destituida de su cargo por oponerse a la Constituyente. Además de asaltar sus oficinas y su vivienda, la nueva Asamblea también levantó la inmunidad parlamentaria a su esposo y pidió que fuera procesada porque supuestamente es parte de una red de extorsión que pedía dinero a delincuentes para evitar que avanzaran las investigaciones que los involucraban.

Hasta el momento las autoridades colombianas no han especificado el estado migratorio de Ortega, cuyo pasaporte fue sellado como "turista". El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, ha anunciado que apoyará el asilo para la fiscal y aseguró que la invitó a que asista a la sesión de este martes en el parlamento, en donde podría hacer su primera declaración pública desde que arribó al país.

La figura de asilo que ofreció el gobierno colombiano a Ortega tiene importantes antecedentes en Colombia. En 1949, Víctor Raúl Haya ingresó de forma sorpresiva a la embajada de Colombia en Perú para solicitar asilo. El entonces embajador Carlos Echeverri aceptó su petición. Ocurrió igual con el expresidente peruano Alan García, que en el año 1992 recurrió a la misma figura, argumentando persecución política. Para no ir muy lejos, Colombia también acogió a Pedro Carmona, que durante algunas horas fue presidente en el 2002 de Venezuela, a raíz del frustrado golpe contra Hugo Chávez. Carmona permanece en territorio colombiano desde entonces y trabaja como profesor en una universidad de Bogotá.