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La oposición a Maduro se inscribirá en las elecciones regionales

El Consejo Nacional Electoral ha prohibido a la Mesa de la Unidad Democrática que postule candidatos en siete estados

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha resuelto el dilema estratégico más importante de los últimos meses. La mayoría de las formaciones que la integran han decidido inscribir a sus candidatos a la elección de gobernadores del próximo 10 de diciembre, muy a pesar de la presión que aplicaron los sectores más radicales de la oposición venezolana, a quienes solo interesa el premio gordo de la renuncia del presidente Nicolás Maduro y se plantean que el verdadero reto es cómo enfrentar a lo que califican como una tiranía. Ha primado la idea de que el régimen venezolano honre su palabra, organice los comicios y asuma el costo político de suspenderlos si, como auguran las encuestas, se mantiene la tendencia que pronostica que la MUD obtendría hasta 18 de las 23 gobernaciones en disputa.

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Fue una decisión tomada a cuentagotas. La semana pasada uno de los partidos más importantes, Acción Democrática, había decidido que se inscribiría al margen de la decisión del grupo. El lunes se sumó Avanzada Progresista, del gobernador del estado de Lara, Henri Falcón. Casi todos se han convencido de que debían participar para evitar que el régimen compitiera solo en diciembre, se alzara con todas las gobernaciones, e intentara seguir imponiendo la idea de que enfrenta a un adversario antidemocrático que solo quiere derrocarle.

Cuando en 2005 decidieron retirarse de las elecciones parlamentarias lo pagaron caro, como reconoce la dirigencia. El chavismo asumió entonces el control total del Parlamento y apoyó al presidente de ese momento, Hugo Chávez, en la reforma de la Constitución y en la posterior enmienda que le permitió presentarse para un tercer período de gobierno.

Diversos observadores han apuntado que el régimen chavista solo está dispuesto a medirse en eventos electorales si está seguro de que puede ganarlos. Los comicios de gobernadores debieron celebrarse en diciembre de 2016, pero fueron pospuestos por dos razones: una, la crisis económica, que se ha profundizado desde entonces; la otra, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue órdenes de Maduro, argumentó que los partidos políticos debían renovar la lista de sus militantes ante el organismo para seguir siendo consideradas como organizaciones políticas. La oposición aseguraba que el régimen estaba evitando medirse porque las encuestas auguraban entonces que perdería el control de las regiones. Se cree que si esta tendencia se profundiza el chavismo podría buscar la forma de atenuar el impacto de una derrota, utilizando a la Asamblea Nacional Constituyente para inhabilitar a los candidatos, o evitarla con una suspensión.

En uno u otro caso, la oposición quiere trasladarle el costo político que tendría, en términos de su ya cuestionado carácter democrático, un nuevo aplazamiento. Se espera que logren concretar candidaturas unitarias, como lo ha venido haciendo en los últimos siete años. Como ha sido una decisión tomada sobre el filo del cierre de las inscripciones, que finalizaron ayer, los partidos anotarán a sus candidatos. Luego, en caso de acuerdos, esos aspirantes podrían renunciar a favor del que esté mejor ubicado en las encuestas o como parte de un acuerdo. Las leyes electorales permiten sustituir a candidatos hasta diez días antes del día de la elección.

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La oposición enfrentará un proceso pleno de limitaciones. La MUD no podrá presentar candidatos con su insignia en siete estados -Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo- donde están pendientes litigios electorales, de acuerdo con una resolución del organismo electoral. A excepción de Apure, una provincia de composición rural, todas son regiones donde, según los estudios de opinión, se impondrían con un amplio margen. Como la MUD, más que un partido político es una alianza electoral, se espera que el aspirante de la tolda mejor posicionada sea apoyado en las tarjetas de las restantes.

Vente, la organización de la exdiputada María Corina Machado, que no es reconocida como formación por el CNE, y Alianza Bravo Pueblo, del encarcelado alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, no van a participar en el proceso.

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