Una Constitución que traiciona el legado de Hugo Chávez

El objetivo de las elecciones que se celebraron ayer en Venezuela consistía en conformar una Asamblea cuyo principal cometido será escribir una nueva Constitución, con lo cual la Carta Magna que surgió del proceso impulsado por el expresidente Hugo Chávez en 1999 quedará enterrada. Esa Cámara estará formada por 545 diputados, todos afines al chavismo, ya que la oposición no solo trató hasta el último momento de frenar estos comicios, sino que rechazó participar en ellos. El criterio para el reparto de los parlamentarios era una de las razones por las que los partidos críticos con el Gobierno agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ignoraron la convocatoria.

Estas elecciones, además de desmantelar la Asamblea Nacional de mayoría opositora que los venezolanos eligieron hace menos de dos años, a finales de 2015, están diseñados con unas reglas del juego que benefician al presidente Nicolás Maduro.

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La Asamblea Nacional Constituyente, cuyos delegados tomarán posesión esta semana, incluye ocho diputados indígenas, 364 representantes territoriales y 173 del denominado “ámbito sectorial”, repartidos así: 24 por los estudiantes; ocho por campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; cinco por los discapacitados; 28 por los pensionistas; 24 por los consejos comunales, y 79 por los sindicatos y gremios profesionales. La definición de estos “sectores” sigue unos criterios brumosos que, en todo caso, se alinean con los campos de acción de las misiones sociales del Gobierno, cuando no se trata de agrupaciones que son abiertamente progubernamentales, como los consejos comunales.

Los parámetros de las elecciones prohibían que las candidaturas se hicieran desde los partidos políticos, que ya demostraron su fuerza tras lograr la mayoría parlamentaria en 2015. Sin embargo, una porción mayoritaria de los candidatos son miembros del partido de Gobierno y aliados, o simpatizantes. Numerosos ministros y figuras públicas cercanas al régimen han renunciado a sus cargos para ser candidatos, entre ellos el número dos del chavismo y hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, la excanciller Delcy Rodríguez e, incluso, la esposa del jefe de Estado, Cilia Flores.

Las reglas de juego otorgaban una clara ventaja a las zonas rurales, donde oficialismo conserva apoyo y tiene mayor capacidad de presionar a los electores. Además, con la elección de un candidato por cada municipio, como quedó establecido, un voto en una provincia puede llegar a valer hasta 26 veces más que uno en la antichavista Caracas.

Las críticas dirigidas a Maduro por estas elecciones no tienen que ver solo con el riesgo de que aumente el autoritarismo. La Asamblea Constituyente, según ciertos grupos chavistas, amenaza con traicionar el legado del fallecido presidente. Varias figuras críticas del chavismo, como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, o algunos redactores de la Carta Magna vigente manifestaron desde el principio su disconformidad con estas elecciones.