Condenado a 40 años de cárcel un indígena por el asesinato de un exguerrillero de las FARC

José Yatacué Mestizo pertenecía al frente sexto de las FARC y el 25 de abril fue asesinado cuando salió de la zona veredal ubicada en el Cauca (suroeste) con un permiso para visitar a su familia. Llevaba más de 18 años en la guerrilla como jefe de milicias y su nombre hacía parte de la lista que hasta ahora se empezaba a escribir sobre los amnistiados. Murió acribillado frente a un hospital. Su caso fue uno de los primeros en alertar sobre el riesgo que empezaban a correr exguerrilleros y líderes sociales. Por su muerte, este jueves fue condenado a cuarenta años de cárcel Jhon Ramírez, alias El Zarco, miembro de la comunidad indígena de la región.

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La sentencia fue impuesta por la Jurisdicción Especial Indígena, dentro de una investigación que contó con el apoyo de la Fiscalía, que anunció que adelanta nueve procesos más en los que las víctimas eran miembros de las FARC, seis de ellos vinculados al proceso de paz. Las primeras pesquisas han señalado que en el homicidio de Luis Álvaro Ortiz Cabezas, amnistiado y exintegrante de la columna Daniel Aldana, el principal sospechoso es alias Renol, quien ya está bajo medida de aseguramiento. Las autoridades han asegurado que el crimen estaría relacionado con una disputa por el control territorial de una zona de Nariño.

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En el expediente por estos casos también está el de un menor de edad desmovilizado, que – señala la investigación - por negarse a incorporarse a una disidencia fue asesinado. Hace cuatro meses el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, aseguró que en el sur del país estaban ofreciendo dinero (hasta cinco mil dólares) a miembros de las FARC para que se reincorporaran en nuevos grupos armados. Hace apenas un par de días los líderes de la guerrilla denunciaron un plan criminal que – según ellos – ofrece un millón de dólares por el asesinato de sus líderes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió y aunque reconoció los casos de exmilicianos asesinados fuera de las zonas veredales, negó que exista un plan para matar a los dirigentes de las FARC.

“Vamos a dotar a las FARC, como ya lo estamos haciendo, apenas terminen las zonas veredales, de los mejores mecanismos de seguridad”, dijo el ministro a Caracol Radio. Sin embargo, desde las regiones, los que dejaron las armas y los líderes sociales insisten en exigir garantías jurídicas y protección. No quieren morir en su intento por contribuir a la paz de Colombia. De enero a junio, al menos 50 defensores de derechos humanos habían sido asesinados. El conflicto con las FARC acabó, pero la violencia en Colombia continúa.