Los asesinatos de líderes sociales no se detienen en Colombia

A Ezequiel Rangel le dispararon tres veces. Tenía 35 años, dos hijos y era líder de una asociación campesina. Su nombre fue escrito la semana pasada en la lista de asesinatos de líderes en Colombia. Un doloroso conteo en un país que se supone ha empezado el camino hacia la paz. Nadie sabe exactamente cuántos van. La indiferencia los golpea, incluso después de muertos. La Defensoría del Pueblo habla de 52 de enero a junio, la ONU registraba 41 hasta mayo. “Más allá de los números, el tema es que sí hay una violencia focalizada y se agudizó en algunas zonas con la salida de las FARC”, dice Carlos Guevara de Somos Defensores, que calcula 51 homicidios en los últimos seis meses.

“El Estado debería ser el responsable de documentar los casos. Los homicidios contra líderes comunitarios y campesinos han aumentado. La violencia se está transformando después del desarme de la guerrilla”, explica Guevara. Colombia es testigo de un oscuro capítulo que, como casi siempre, afecta a las regiones apartadas, a los vulnerables. “El país no aguanta el asesinato de un líder social más”, dijo hace unas semanas el Procurador, Fernando Carrillo Flórez. Ante la alerta, Naciones Unidas aprobó como una de sus funciones verificar las condiciones de los líderes de los exguerrilleros. Este año han aumentado en 33% los homicidios y en 35% las amenazas frente a 2016. “La violencia hacia este sector de la población es histórica, así como ha sido su invisibilidad”, reitera el vocero de Somos Defensores. Denuncia impunidad. Tantos muertos y solo cinco sentencias de la justicia.

Los asesinan en la noche y en la mañana. Casi siempre cerca de sus casas, a balazos, por sicarios. Las características son similares, sin embargo, en Colombia, al menos oficialmente, no se habla todavía de que sea algo sistemático. Después del exterminio de la Unión Patriótica (UP), la formación política que nació en los ochenta tras un proceso de paz, el país está siendo testigo de estos asesinatos con el temor de que ocurra lo mismo. “La gran mayoría de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC. La sociedad y el Estado tendrán que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir”, sostiene el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, que habla de 186 homicidios desde enero de 2016.

“Acá no se han combatido de fondo los poderes reales en las regiones. Las FARC cumplieron y se retiraron, pero el Estado no llegó”. Guevara se refiere a las economías legales e ilegales que quedaron sin control con la salida de la guerrilla y al “obstáculo” que representan los líderes. “Son una piedra en el zapato, no por ser de derecha o de izquierda sino por estar en el medio de quienes quieren tener el poder en el territorio”.

Según la Fiscalía, hay al menos cien personas vinculadas a procesos legales y 71 privadas de la libertad, señaladas como posibles autores materiales de los asesinatos. Aunque es un avance, los líderes cuestionan que no haya unidad en la forma cómo se están clasificando esas muertes. La Federación internacional de derechos humanos ha mostrado preocupación por “la persistencia de elevados niveles de impunidad”. Falta justicia y acompañamiento a las víctimas. “No hay ninguna institución del Estado que haga seguimiento a las familias de los líderes asesinados. Muchos son desplazados”, agrega Guevara.

A los líderes, que desde antes del proceso de paz lucharon por una salida política al conflicto, los están matando. Su trabajo para hacer algunos territorios menos violentos les está costando la vida. A Alicia López Guisado la asesinaron en un taxi, a Eider Cuetía hombres encapuchados le dispararon desde una moto, a Alvenio Rosero lo mataron en su propia casa, también a balazos. “Condeno de la manera más enérgica todos los atentados de los que han sido víctimas líderes sociales. No vamos a dejar ningún caso en la impunidad", ha asegurado el presidente Juan Manuel Santos, que vive su último año de mandato. Los defensores de derechos humanos esperan que alcance a cumplir su promesa.