La justicia europea falla contra el registro de pasajeros con Canadá y siembra dudas sobre el europeo

La medida estrella de Europa contra los embates del terrorismo en los últimos dos años está en el alero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado este miércoles contra el registro de pasajeros firmado por la Unión Europea y Canadá en 2014. Básicamente, porque viola la protección de datos: "Supone una injerencia en el derecho fundamental al respeto de la vida privada", según la sentencia. En el dilema entre libertad y seguridad, la justicia europea viene a decir que los registros de pasajeros van demasiado lejos, a pesar de que las injerencias en la privacidad pueden estar justificadas en aras de un objetivo de interés general.

La UE y Canadá pactaron la transferencia de datos sensibles: los relativos al origen racial las opiniones políticas, las convicciones religiosas, la pertenencia a sindicatos o informaciones relativas a la salud o a la sexualidad. Y el tribunal subraya que "no hay justificación concreta y particularmente sólida" para reclamar esos datos, en un revés que siembra dudas sobre el proyecto estrella de la Unión contra el terrorismo: el registro de pasajeros aéreos. El Parlamento Europeo peinó ese registro para evitar problemas con los datos sensibles, y solo incluye detalles como la identidad, el tipo de pago, el trayecto, los acompañantes y las maletas. La directiva excluye directamente que se archive información sobre raza, religión y orientación sexual. Pero algunas organizaciones ya señalaron en abril del año pasado, la fecha de aprobación del registro por parte del Parlamento Europeo, que esa es una exigencia difícil de garantizar en la práctica. Con esos antecedentes, el fallo contra el registro UE-Canadá puede dar alas a quienes se oponen a ese tipo de registros.

El análisis automatizado de los datos del registro de pasajero (PNR, en la deliciosa jerga comunitaria) permite identificar el riesgo para la seguridad pública que podrían suponer personas no conocidas por la policía. Debido a ese riesgo, esas personas podrían ser sometidas a un examen exhaustivo en las fronteras. El Tribunal expresa dudas sobre la utilización de los datos mientras los pasajeros se encuentren en Canadá o se dispongan a volar a un país tercero. Y sobre el almacenamiento de esos datos, que "no se limita a lo estrictamente necesario", según el fallo. La corte europea considera que el acuerdo debe determinar con mayor claridad los datos que han de transferirse. Quiere asegurar que los criterios utilizados no sean discriminatorios, y asegurar que las bases de datos solo se usen para luchar contra el terrorismo y delitos graves de carácter transnacional. Apunta que esos datos solo podrán ser comunicados a un país tercero si existe un acuerdo con la UE. Y reclama que se establezca un derecho a la información individual de los pasajeros aéreos en caso de que se utilicen sus datos.

Hay otros acuerdos parecidos que también podrían verse afectados. Europa entrega los datos de sus pasajeros a Estados Unidos (sorprendentemente, sin reciprocidad) desde hace años. Hay un pacto también con Australia desde 2011. El fallo contra el acuerdo con Canadá puede obligar a revisar esa política.

El abogado de la UE ya llegó a esa misma conclusión hace justo un año. Pero esta es la primera ocasión en que la corte europea se pronuncia sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Y la conclusión es demoledora: "El acuerdo previsto no puede celebrarse en su forma actual". El tribunal europeo siempre ha sido muy sensible en todo lo relativo a la privacidad: la corte ya anuló la directiva de retención de datos, que se hizo al calor del 11-S para habilitar a las operadoras de telecomunicaciones a retener datos de clientes durante cinco años. El registro europeo de pasajeros aéreos puede seguir el mismo camino, aunque contiene diferencias con respecto al acuerdo UE-Canadá. El Parlamento Europeo bloqueó ese registro europeo durante mucho tiempo, para desesperación de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, con razones parecidas: por la difícil convivencia entre este tipo de medidas y el respeto a la privacidad.