Italia impone nuevas reglas para las ONG de rescate en el Mediterráneo

El Gobierno italiano, acosado por las polémicas alrededor de las operaciones de rescate de las ONG que trabajan en el Mediterráneo y por la complicada situación política generada por la crisis migratoria, ha impuesto una regulación en las labores de rescate. El Ministerio de Interior ha convocado a las organizaciones de socorro a una reunión clave el próximo martes donde se les impondrán 12 condiciones —acordadas el lunes pasado con la Comisión Europea y Frontex— para poder seguir operando frente a las costas libias: desde la exigencia de certificados de conocimientos de rescate a la obligación de volver a tierra cuanto antes. Si las pautas recogidas en el documento, y a cuya versión final ha tenido acceso EL PAÍS, no se cumplen, no permitirán el desembarco de migrantes en sus puertos.

La condición que más fricciones ha generado es la prohibición —“excepto en casos de peligro inminente (…) que se evaluará caso por caso”— de llevar a cabo lo que se conoce como transfer. Se trata de una práctica habitual de los barcos de la mayoría de ONG con la que transfieren a cientos de personas recién rescatadas a otros buques, militares o de otras organizaciones con migrantes ya a bordo, de mayor capacidad y velocidad para que los devuelvan cuanto antes a territorio italiano. De este modo, no queda desatendida la inmensa zona de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) en pleno canal de Sicilia. Fuentes de las ONG aseguran que el empeño de Italia y otros Gobiernos comunitarios de impedir esta práctica sólo busca reducir el número de rescates. “Pero la consecuencia inmediata es que se produzcan más naufragios porque no habrá nadie para impedirlos”, aseguran las mismas fuentes.

En el Ministerio del Interior Italiano niegan ese extremo y señalan que es una cuestión de sentido común. “Es un tema de seguridad y nunca se exigirá en una situación donde pueda producirse otro rescate inminente o exista algún riesgo. Eso queda bien claro en el documento”, señalan. Y así es, aunque será el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos —desde la sede en Roma— el que deberá tomar la decisión "caso por caso". También confirman el contenido del código y aducen que es “completamente necesario poner orden de una vez a estas labores”. “Es la primera vez que se regulará esta actividad. Ahora mismo el marco donde se opera es demasiado difuso y no se continuar así. Es una reglamentación unitaria y válida para todos”, insisten.

Italia quiere también evitar con este código la entrada de cualquier barco de socorro en aguas libias. Una norma que la mayoría de ONG ya cumple permaneciendo en el límite de 30 millas náuticas de la costa del país magrebí. El documento pide también que se respete la obligación de mantener encendidos los motores y aparatos de transmisión para la identificación de las naves y llama la atención para que no se hagan “señales luminosas” que animen a la salida de embarcaciones con cientos de migrantes y su contacto “con traficantes”.

En lo que va de año, 93.357 migrantes en su mayoría del África subsahariana han llegado a las costas italianas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Ministerio del Interior italiano cifra el aumento respecto a 2016 en un 20% y espera que este año lleguen alrededor de 220.00 personas. El alarmismo desatado en las filas de partidos como La Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas y la preocupación ciudadana que existe por el tema a pocos meses de las elecciones ha obligado al Gobierno a tomar medidas. Esta misma semana, el ministro de Asuntos Regionales, Enrico Costa, ha dimitido y se ha reintegrado en las filas de Forza Italia por discrepancias en esta materia. El inmenso número de rescates en el mar, cree el Gobierno, también ha condicionado la falta de apoyos para aprobar una de las leyes más importantes de la legislatura: la norma que iba a otorgar la nacionalidad italiana a todos los hijos de inmigrantes nacidos en territorio italiano.

La última versión del documento rebaja considerablemente el tono utilizado con las organizaciones (cambia la palabra “obligación” por “compromiso”), pero el ultimátum de las autoridades italianas a las ONG se mantiene: si no se cumple con el Código de Conducta, Italia no permitirá la entrada de barcos y el desembarco de cientos de migrantes en sus puertos siempre y cuando no haya una emergencia, algo que lleva demandando durante días y a lo que algunos países europeos, principalmente los que tienen salida al Mediterráneo, se oponen.

Más certificados, menos pateras

Normalmente, la tripulación de los barcos de rescate recibe una formación de conocimientos básicos de navegación, pero no de salvamento, ya que casi todos son voluntarios. A partir del año que viene, según fuentes comunitarias, las autoridades italianas podrán pedir certificados de conocimientos de socorro en el mar, donde este año ya han perdido la vida 2.359 personas, según la OIM, 2.207 de ellas en la zona central. Según el documento, la Policía podrá entrar en el interior del barco en virtud del seguimiento de las investigaciones contra los traficantes de migrantes siempre y cuando exista una autorización de las autoridades judiciales italianas. Hasta ahora esto se llevaba a cabo normalmente en la llegada a puerto.

Además, en la misma línea acordada la semana pasada en el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE —en el que se limitó la exportación de barcos de goma y motores a Libia—, las ONG, de aceptar el próximo martes las condiciones impuestas por Italia, deberán recoger las pateras una vez todas las personas a bordo hayan sido puestas a salvo. Las ONG aseguran que llevarse las lanchas es algo logísticamente complicado, especialmente cuando se trata de remolcar cuatro o cinco gomones de una vez, o de destruir una barca de madera. Italia, eso sí, alude a motivos de “contaminación” en el mar para exigir el cumplimiento de esta medida. La operación de Inteligencia de la UE, Sophia, se encargaba hasta ahora de quemar las embarcaciones para que las mafias no las recuperaran y las volvieran a utilizar, tal como reveló este diario. Tan solo en 2016, los militares quemaron 347 embarcaciones (281 de goma, 61 de madera y cinco pesqueros) en medio del mar.