Ruptura total entre la fiscal general de Venezuela y el Gobierno de Maduro

El primer lunes de julio mostró ser un punto de inflexión en un mes que ya se asoma como decisivo en la grave crisis política y socioeconómica a la que se enfrenta Venezuela. Si ya corría una cuenta regresiva, la de las elecciones del 30 de julio para escoger los diputados a la Asamblea Constituyente que el Gobierno de Nicolás Maduro impulsa, la oposición decidió acortar el plazo al convocar desde la Asamblea Nacional un referendo consultivo para el 16 de julio, en el que se preguntará a los participantes si aprueban o rechazan la Constituyente.

"Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar para lograr un país con vida y futuro, una Venezuela digna y justa que nos llene de orgullo", dijo el presidente del Parlamento y dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, en un acto en el que participaron representantes de las demás organizaciones agrupadas en la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y de gremios y organizaciones de la sociedad civil.

El llamado a un referendo consultivo está incluido en un documento al que Borges dio lectura durante el evento, y que lleva el título de Que sea el pueblo el que decida. La oposición invoca el artículo 71 de la Constitución vigente para que la Asamblea Nacional convoque y organice una consulta popular. Más de 1.500 centros de votación serían puestos a disposición de los ciudadanos en esa jornada, con la que la MUD intenta ofrecer una demostración de su fuerza y desligitimar el llamado oficialista a redactar una nueva Constitución. Según diversos estudios de opinión, no más del 20% del padrón electoral estaría dispuesto a acudir a las urnas el 30 de julio, fecha en que el chavismo gobernante realizará las elecciones para “su” Asamblea Constituyente.

A pesar de los rumores que anunciaban su comparecencia, al acto no acudió la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, disidente del chavismo y quien luce dispuesta a ejercer un rol de bisagra para la transición política que la oposición intenta producir.

De cualquier manera, minutos antes del llamado opositor a referendo, Ortega Díaz dio un importante voto de confianza a la Asamblea Nacional. En el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, durante una sesión en la que se trataba la ratificación en su cargo del vicefiscal Rafael González Arias, recientemente destituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ortega Díaz dijo a los diputados de la mayoritaria banca opositora que “ustedes están al servicio del Estado y el Ministerio Público también, yo creo que esta Asamblea Nacional está legitimada”.

Desde septiembre pasado, por otro pronunciamiento del TSJ, la Asamblea Nacional se encuentra en estado de “desacato” y sus actuaciones se consideran nulas.

La propia fiscal enfrenta horas decisivas. Este martes se realizará en el Supremo la sesión en la que Ortega Díaz debe prestar testimonio acerca de las “faltas graves en el ejercicio de su cargo” que presuntamente habría cometido y por las que el dirigente oficialista Pedro Carreño solicitó la apertura de un antejuicio de mérito contra la titular del Ministerio Público. El TSJ aceptó la petición y convocó para el 4 de julio una audiencia. Sin embargo, se da por descontado que Ortega Díaz no asistirá y que el máximo tribunal procederá a designar un sustituto.

Sin embargo, la fiscal en rebeldía se ha jurado dispuesta a vender cara su posible defenestración. En horas de la mañana, distribuyó a través de la cuenta oficial del Ministerio Público un video en el que expresa su “firme decisión de defender la Constitución y velar por su vigencia” en un momento en el que, afirmó, “peligra la democracia en Venezuela”.

El toma y dame entre el Gobierno y la fiscal a la que califica de “traidora” siguió escalando durante el día hasta alcanzar niveles de vértigo. Agentes de la Contraloría General de la República, el organismo dependiente del Ejecutivo que supervisa la pulcritud de la gestión administrativa pública, adelantaron una campaña de inspecciones en las sedes del Ministerio Público a lo largo del día. Al final de la tarde, dirigentes gremiales cercanos al Gobierno acudieron al ente a denunciar a Ortega Díaz por presunta malversación de fondos públicos.

Casi al mismo tiempo, el TSJ declaró nula la citación que la fiscal había cursado al ex comandante de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides, para imputarlo por delitos contra los derechos humanos que habría en las operaciones de control de las protestas que la oposición mantiene en las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas desde comienzos de abril.

“Que hagan todas las auditorías que quieran al Ministerio Público”, respondió desafiante Ortega Díaz, quien contratacó en horas de la trde al enviar a autoridades de Estados Unidos una rogatoria de información sobre el caso de Efraín Campos Flores y Franqui Flores, dos sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores, que son procesados por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York bajo cargos de narcotráfico.

La fiscal también recusó a 17 de los integrantes de la Sala Plena del TSJ que la juzgarán el martes en la audiencia sobre sus presuntas irregularidades.

La de la fiscal se ha convertido en la deserción más significativa y amenazante para el Gobierno de Maduro, que mueve sus fichas para sacarla del tablero.

El sábado la oposición celebró una concentración multitudinaria en el Este de Caracas a la convocó en defensa de la fiscal Ortega Díaz. No obstante, esta trata de ubicarse como la punta de lanza de un movimiento disidente dentro de las filas del oficialismo que busca rescatar al chavismo original.