La financiación electoral, un agujero negro en Argentina

En Argentina no se sabe cuánto cuestan las campañas electorales, cuánto gastan en ellas los partidos políticos ni quién las financia. Este es el crudo diagnóstico de organizaciones que estudian la financiación electoral a cuatro meses de los comicios legislativos del próximo 22 de octubre, en los que se renovará la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado. La larga lista de malas prácticas hace que Argentina sea uno de los países con una mayor brecha entre lo que marca la ley y su cumplimiento efectivo y todo hace prever que los abusos se repetirán en la próxima contienda electoral.

Faltan aún 17 días para el inicio formal de la campaña, pero desde hace semanas pueden verse las calles de Buenos Aires y su área metropolitana empapeladas con la imagen de candidatos, mientras las publicidades partidarias inundan Internet. La ley argentina prohíbe cualquier tipo de propaganda antes de los 30 días previos la cita electoral, pero nadie lo cumple. Como las empresas no pueden donar fondos para las campañas electorales lo hacen sus altos directivos a título individual. Aunque la legislación permite las donaciones por vía bancaria, más del 90% de las contribuciones declaradas se hacen en efectivo, lo que impide saber si tienen o no un origen ilegal.

"El peor problema que tenemos es que no sabemos cómo se pagan la política partidaria y las campañas electorales. La mayor parte de los recursos que solventan la actividad de los partidos y las campañas provienen de fuentes no declaradas y del abuso de recursos públicos con fines partidistas", dice Julia Pomares, directora ejecutiva del Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento (Cippec), una de las organizaciones que más ha seguido de cerca la financiación electoral en Argentina.

El mayor obstáculo para conocer la procedencia de los fondos es la forma de recaudación. Como las donaciones en efectivo no se pueden rastrear, en la práctica equivale a admitir donaciones anónimas, prohibidas por ley. "Mientras la política proselitista se siga financiando en las sombras, hay incentivos para financiarla a través de la corrupción y del desvío de recursos públicos", señala Pomares. Según Leandro Querido, titular de Transparencia Electoral, la última campaña presidencial, en 2015, costó casi diez veces más que el máximo estipulado, 172 millones de pesos (unos 18 millones de dólares en ese momento). Otras fuentes señalan que el costo real de los grandes partidos osciló entre los 1.000 y los 1.500 millones de pesos (entre 102 y 154 millones de dólares).

La Cámara Nacional Electoral (CNE), el organismo de control de los comicios en Argentina, también se muestra a favor de prohibir las contribuciones en efectivo por considerarlas uno de los grandes enemigos de la transparencia. Fuentes del ente electoral confirman que los partidos gastan más de lo que declaran, pero exigen mayores recursos para poder detectarlo a tiempo. Argumentan que la CNE cuenta con solo ocho auditores para supervisar las cuentas, lo que hace inviables los relevamientos de campo, a diferencia de lo que sí ocurre en México. Aún así, en cada elección se detectan maniobras sospechosas que pasan a manos de la Justicia electoral. A principios de este mes, el fiscal Jorge Di Lello pidió a la Justicia que no apruebe los balances con los gastos oficiales de las campañas presidenciales de Mauricio Macri y Daniel Scioli hasta que los partidos "subsanen" las irregularides marcadas por distintas auditorías.

Nueva ley para 2019

El Gobierno de Mauricio Macri prevé la prohibición de las donaciones en efectivo en el proyecto de ley que presentará en el Congreso en los próximos meses y con el que aspira a cambiar las reglas del juego en las presidenciales de 2019. El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, contempla también el control online en tiempo real de las donaciones y acepta que las compañías privadas puedan contribuir a las campañas con un monto máximo.

La ley vigente, aprobada en 2009, prohibió las donaciones empresariales a raíz del escándalo de la campaña presidencial kirchnerista de 2007, financiada parcialmente por laboratorios farmacéuticos investigados por sus vínculos con el tráfico de efedrina. "El resquicio que encontraron los partidos políticos para burlar la ley fue que ahora no aportan las empresas sino toda la línea de gerencia, lo que es lo mismo", dice Querido. La decisión fue contraproducente y aumentó la opacidad, según Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano: "En 2007 sabemos que las empresas farmacéuticas son las que más pusieron. Ahora no sabemos quiénes financian, mucho dinero pasó a ser en negro, aún más que antes". Secchi respalda que las empresas puedan volver a donar para saber cuáles son y que el ciudadano conozca los posibles intereses escondidos antes de votar.

El abuso de los recursos públicos, como publicidad oficial, difusión de actos de gobierno y anuncios durante la campaña electoral, da una gran ventaja al partido gobernante. La práctica está prohibida, pero es tan recurrente que los argentinos la han bautizado como el efecto cancha inclinada (campo inclinado). Como pasa con otras violaciones normativas, la Justicia casi nunca llega o llega tarde. El director de Transparencia Electoral cree que dado el interés de los candidatos en la publicidad en medios de comunicación, una posible sanción a los infractores sería excluirlos de la aparición en la franja gratuita que les brinda el Estado. "Las multas económicas no tienen efecto porque tienen un valor muy por debajo de lo que obtienen", asegura Querido. Pomares cree que los controles deben ser "permanentes" a fin de detectar las irregularidades durante la campaña y no después. La nueva cita en las urnas volverá a poner a prueba todo el sistema.