La conjura de los periodistas mexicanos para protegerse a sí mismos

¿Por qué no ha funcionado el sistema de protección de periodistas? ¿Cómo garantizamos que la consecuencia de una agresión no sea el silencio, sino la multiplicación de la información? ¿Qué alternativas hay para combatir la impunidad? Los periodistas mexicanos han comenzado a pensar colectivamente cómo protegerse a sí mismos.

Superando las expectativas de convocatoria, más de un centenar de informadores se reunieron este miércoles en la capital durante la primera de tres jornadas, organizadas en torno a seis mesas temáticas de trabajo, que desembocarán en una hoja de ruta con medidas urgentes. El canal de la conjura del gremio, espoleado por el interminable reguero de asesinatos, coerciones e impunidad, es la iniciativa Agenda de Periodistas, formada por más de 50 medios y más de 300 participantes.

El asesinato hace un mes de Javier Valdez, un veterano y reputado cronista del mundo del narco en Sinaloa –tiroteado a bocajarro, en la calle, a medio día– supuso un “punto de quiebre” según los organizadores de la iniciativa. La respuesta de las autoridades, una reunión del presidente Peña Nieto con los gobernadores –sin presencia de ningún portavoz del gremio– de la que se derivaron compromisos retóricos para mejorar la seguridad de los periodistas, fue el detonante definitivo para accionar estas jornadas deliberativas autónomas y horizontales.

“Riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas”. La primera mesa de la mañana arrancó bajo este título y sobre una cama de cifras de Artículo 19, una ONG inglesa en defensa de la liberta de expresión: desde el año 2000 se han registrado 106 asesinatos de periodistas; desde 2015: 1853 agresiones, 55 de ellas asesinatos y 16 desapariciones forzadas.

México, el país latinoamericano más letal para los periodistas según el último informe de RSF, cuenta con instituciones ad hoc para la seguridad del gremio: una fiscalía especializada y un mecanismo de protección de informadores dependiente de la secretaria de Gobernación. La falta de autonomía, la madeja burocrática o el recorte de presupuesto son algunos de los ángulos analizados durante la jornada para definir estos instrumentos públicos como “inoperantes”.

Manuel –nombre ficticio a petición suya– es un veterano periodista freelance que lleva más de un año acogido al mecanismo de protección. Hace un par de semanas fue detenido por la policía municipal de Nuevo León, en el norte del país. Acababa de publicar una información sobre la empresa de seguridad propiedad del director de esa policía. “Entré a la comisaría para entrevistar a una persona detenida y me detuvieron a mí. Me dijeron que no tenía permiso para entrar y estuve seis horas en prisión”. Manuel se puso inmediatamente en contacto con el mecanismo público de protección a través de un botón de emergencia que se le facilita a los periodistas adheridos. “No tuve información hasta que salí y vi que me habían llamado al celular. Quien me ayudo fue un abogado que vio mi caso en la prensa y puso un amparo. Es increíble que se moviera más rápido el mecanismo judicial que el de la Segob”.

Más datos: 6 de cada 10 agresiones registradas por la ONG británica fueron cometidas por un funcionario público. 9 de 10 agresiones quedan sin castigo según la organización internacional Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). La fiscalía especializada ha recibido en sus siete años de vida 798 denuncias. Sólo tres han concluido en el encarcelamiento de los responsables: el 0,37% de total de casos.

“Veníamos muy cargados de dolores, de preguntas, de rabia –dijo uno de los moderadores durante la presentación de las conclusiones de la jornada– Ahora tenemos documentos importantes para hacer el trabajo de seguimiento. El desafío pendiente es terminar de sistematizar este trabajo”. El viernes, se presentará un documento definitivo que sintetice el trabajo de las tres jornadas y que se pondrá en circulación para buscar adhesiones por todo México.