Colombia busca cumplir el acuerdo de paz antes de entrar de lleno en campaña

La paz en Colombia tiene un nuevo horizonte que corre el riesgo de mezclarse con el clima electoral de las próximas presidenciales y legislativas. El país lleva los últimos seis meses inmerso en un debate más técnico que estrictamente político. Tras la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, los negociadores se centraron en una nueva prioridad. Cómo aplicar esos compromisos, madurados durante cuatro años de conversaciones en La Habana, y cómo respetar los plazos de entrega de armas y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. Ese calendario ha vencido esta semana y los retrasos han obligado a anunciar un nuevo cronograma que se prolongará hasta agosto. Las partes buscan ahora cerrar este proceso antes de entrar de lleno en la campaña de 2018.

La guerra entre el Estado colombiano y la insurgencia ha terminado después de más de medio siglo. La decisión de prolongar unos meses la llamada implementación de la paz se había convertido en las últimas semanas en un secreto a voces. Santos enfatizó este lunes que “este cambio en la fecha no afecta de modo alguno la firme decisión y el claro compromiso del Gobierno y de las FARC para cumplir con el acuerdo”. “Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida”, dijo. Pero a los obstáculos, eminentemente logísticos, que han marcado este período de transición se añaden los tiempos de la agenda política del país. Colombia celebra unas legislativas dentro de nueve meses y elegirá nuevo presidente en un año. Aunque estos comicios no estén a la vuelta de la esquina, la opinión pública ya está influida por una precampaña que de facto comenzó a principios de 2017, con especulaciones sobre los candidatos, hipótesis en torno a coaliciones y una creciente tensión entre el Gobierno y la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe.

El Ejecutivo trata de rebajar la crispación y se muestra optimista incluso ante el fallo de la Corte Constitucional conocido hace dos semanas que limita la figura jurídica diseñada para desarrollar los acuerdos, el llamado fast track. Santos afirmó: “Los escépticos, los que viven de sembrar pesimismo y desconfianza, decían que eso no iba a ser posible. Pues lo hicimos posible”. Y la semana pasada el vicepresidente, Óscar Naranjo, afirmó en una reunión con corresponsales que el panorama no es catastrófico. Llamó a “buscar fórmulas que permitan superar esta situación de hoy”. “Veníamos ya del anuncio de las FARC de que hay por lo menos 900 depósitos clandestinos o caletas que era imposible en términos militares y logísticos incautar y desactivar en estos días”, afirmó. En medio del encuentro, el general se ausentó para reunirse unos minutos con Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC, para avanzar en la negociación de los nuevos detalles del cumplimiento. Según el comunicado conjunto difundido ahora, la comisión de seguimiento “acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable [explosivos]… que deberá cumplirse en los tres meses siguientes al día 1 de junio de 2017”. Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno, que contará con la colaboración de exintegrantes de las FARC para desmantelarlas.

De la guerrilla al partido político

Los cerca de 7.000 miembros de la guerrilla concentrados en 26 zonas rurales de tránsito asumirán a partir de agosto “condiciones de plena normalidad institucional” en esos mismos poblados, que pasarán a llamarse “espacios territoriales de capacitación y reincorporación”. Una vez terminada esta etapa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que acaban de celebrar su 53º aniversario, se constituirán como partido político en un congreso. Su comandante en jefe, Rodrigo Londoño, Timochenko, expresó de nuevo ayer su disposición comenzar un nuevo ciclo. “Pese a dificultades en la implementación, las FARC–Ejército Popular ratificamos nuestro compromiso indeclinable por lograr la paz”, escribió en su cuenta de Twitter.

No obstante, a estas circunstancias hay que añadir la división de la sociedad ante los acuerdos de paz. Por esta razón, uno de los objetivos de quienes han conducido este proceso consiste en cerrarlo cuanto antes para que los beneficios de la convivencia se hagan tangibles antes de las elecciones. Les interesa a quienes han acompañado a Santos, que termina su segundo mandato y no volverá a presentarse. Y también a las FARC, que por primera vez se someterán al escrutinio de los votantes y tendrán representación garantizada en el Congreso y en el Senado.