Más de 70 días sin comer para que Erdogan les devuelva el empleo

Semih era maestro en una escuela primaria en un pueblo de la provincia suroriental de Mardin. Nuriye, profesora de la Universidad Selçuk de Konya, en Anatolia Central. El pasado septiembre, su destino quedó trenzado en sendos decretos ley por los que el Gobierno anunciaba que, junto a otros miles de funcionarios, serían suspendidos de empleo y sometidos a una investigación por presuntos lazos con el movimiento político-religioso de Fetulá Gülen, con el que el Ejecutivo islamista turco tejió una alianza durante años pero al que ahora se acusa de ser una organización terrorista y de haber orquestado el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. “Me investigaron pero no encontraron ninguna prueba que me relacionase con los gülenistas. Aún así, en enero se me comunicó que había sido despedida”, explica Nuriye Gülmen. “En mi caso, no se me dieron motivos por mi despido, pero creo que tiene que ver con mi participación en huelgas y protestas convocadas por los sindicatos”, añade él. “No ha habido ningún proceso judicial, ni se nos ha acusado de ningún delito. Ha sido una decisión ministerial”, prosigue. La misma situación que los más de 100.000 empleados públicos que han sido purgados de la Administración desde el pasado año, a los que hay que sumar más de 30.000 suspendidos de empleo y aún pendientes de investigación.

Pero Gülmen y Özakça no se quedaron de brazos cruzados. El pasado otoño iniciaron sus protestas con sentadas a los pies de la mentada estatua capitalina. Poco a poco se les unieron más compañeros. La policía los echó del lugar en numerosas ocasiones, fueron detenidos, golpeados, pateados. “En una ocasión, como me resistía, me esposaron de pies y manos y me arrastraron hasta la cancha de baloncesto de la Dirección de Seguridad de Ankara, que habían convertido en una especie de campo de concentración porque no tenían sitio en los calabozos para todos los detenidos”, asegura el maestro. Hasta en 27 ocasiones se los llevó la policía. Pero no se rindieron y continuaron sus protestas. En marzo, al ver que no se prestaba atención a sus demandas, se declararon en huelga de hambre.

Cumplidos los dos meses sin ingerir alimentos sólidos, la fortaleza de estos dos profesores ha atraído el interés de la sociedad turca, mucho más que la huelga de hambre que el mes pasado llevaron a cabo decenas de presos kurdos en protesta por las condiciones carcelarias. “El precio a pagar por la diferencia de ideas, por la lucha entre ideas, no puede ser la vida. Si estas personas se consumen ante nuestros ojos, ¿quién de nosotros podrá no sentirse culpable?”, advirtió la popular cantante Sezen Aksu.

Emsal Atakan y Emel Korkmaz, dos mujeres cuyos hijos murieron durante las protestas de Gezi, mantuvieron durante el reciente Día de la Madre una huelga de 24 horas en solidaridad con los profesores: “Nuestros hijos fueron asesinados y no queremos cerrar los ojos ante estos chicos que se están extinguiendo poco a poco”. El partido prokurdo HDP ha enviado cartas al Consejo de Europa explicando la situación para que intervenga y cuatro diputados de la principal formación opositora, el partido socialdemócrata CHP, se declararon en huelga de hambre durante un día para llamar la atención del Gobierno y exigirle que devuelva a Gülmen y Özakça sus empleos.

En una reunión con el líder de la oposición, el primer ministro turco, Binali Yildirim, prometió la pasada semana que se encargaría del tema. Pero, de momento, la única noticia del Gobierno que han tenido los huelguistas fue que el pasado viernes la policía reprimió a quienes se habían congregado frente al monumento de los Derechos Humanos en solidaridad con los profesores y se llevó detenidos a dos decenas de manifestantes.

Gülmen y Özakça también se enfrentan a los tribunales. No hubo procedimiento judicial para despedirles y, en cambio, ahora que se han declarado en huelga de hambre se ha preparado una imputación por “relación con organización terrorista”. “En nuestro país acusar a alguien de terrorista es lo más fácil del mundo”, denuncia Gülmen: “Quienes están ahora en el Gobierno llevaron a los gülenistas al poder, colaboraron con ellos durante años. Ellos no han sido sometidos a juicio, sino que somos nosotros los que pagamos”.

Un informe de los médicos que han examinado a los profesores alerta de que presentan disfunciones en la percepción, el sistema motor y la actividad mental y podrían sufrir infecciones graves o incluso la muerte si persisten en su huelga de hambre. Pero Gülmen y Özakça se niegan a recibir tratamiento o poner fin a su protesta. Proseguirán. “Nos han echado, nos han quitado nuestro trabajo y nos han acusado sin pruebas -afirma él-, así que no se trata sólo de recuperar nuestro empleo y nuestro sustento. Es una lucha por la dignidad”.