280 mil millones de pesos (Manizales, Caldas)

Cuesta lo mismo reconstruir Manizales, en Caldas, que hacer el referendo contra la adopción gay –quizás sea más preciso decir “el referendo contra la adopción”– que ha estado proponiendo aquella senadora disfrazada de liberal. El pasado miércoles 19 de abril ciertos barrios de la ciudad quedaron sepultados por una serie de deslizamientos, y hubo 17 muertos y 23 heridos y 500 familias damnificadas, luego de un inclemente aguacero de madrugada que fue como serán de ahora en adelante las borrascas. El martes 25, cinco días después de la catástrofe, el alcalde declaró: “reconstruir a Manizales va a costar 280 mil millones de pesos”. El ministro de Hacienda envió al Congreso ese mismo día un concepto sobre aquel referendo que busca que la adopción sea un derecho sólo de las parejas heterosexuales: “podría demandar recursos del orden de 280 mil millones de pesos”, escribió.

Queda hecha la columna: érase una vez un país que estaba dispuesto a gastarse en discriminación lo que un país humanizado habría invertido en reconstrucción.

Claro que se trata de una infamia, pero también es una tradición: ha sido lo natural –aquí y en Juego de tronos– hablar de bastardos y ponerles trabas a las adopciones. En Colombia sólo pudo llamársele “legítimo” al hijo de un matrimonio entre heterosexuales –y sin vergüenza se llamó “ilegítimo” al hijo extramatrimonial o al hijo adoptivo– hasta aquella Constitución, la de 1991, que decretó la tolerancia quédese atrás quien se quede. “Ninguno que no fuere Rey o Emperador puede legitimar a los ilegítimos”, se lee en un capítulo del segundo tomo de las Genealogías del Nuevo Reino de Granada, pues desde el siglo XVII se ha tenido claro que algunos neogranadinos “tienen más estimación” en la sociedad desde el día mismo en el que son concebidos. Y así de violento ha seguido siendo un país dentro del país.

Y ni siquiera la realidad y sus cifras indiscutibles y sus estudios más serios –el 84% de los bebés colombianos son hijos de madres solteras, el 34% de los niños son pobres, 2.182.707 menores de edad se han registrado como víctimas del conflicto armado, 1.039.000 menores más trabajan, 15.000 sufren abusos sexuales cada año, 2.000 niñas quedaron embarazadas el año pasado– han conseguido demostrar que en Colombia despejarle el camino a la adopción es lo mínimo.

En Colombia, en consonancia con aquella Constitución mucho más liberal que el país, no sólo se les reconoce validez a los matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que se les acepta a las parejas homosexuales su derecho a adoptar. Adoptar ha sido y ha seguido siendo, aquí, un viacrucis que puede tardar años, una guerra enrevesada y moralista que separa a los hijos de sus padres y que muchas veces lo hace sin remedio. Pero tiene que ser un récord mundial esto de inventarse un costosísimo referendo para que las mayorías –que pasan por un momento de ira e intenso dolor– tomen la decisión de que ni siquiera a los padres solteros se les conceda en adopción a algún niño perdido. El martes 25 se sugirió al Congreso detener el trámite del referendo para evitarse el gasto de 280 mil millones de pesos. Pero habría bastado sugerirles sentido común, piedad.

Era el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Pero, mientras se confirmaba que 2.800 niños maltratados –muchos de ellos en Caldas– habían llegado a hogares de paso en el último año, mientras seguían las catástrofes invernales, mientras se buscaba financiar el regreso de las Farc a la sociedad y se conocía la historia de horror de una niña de tres años abusada por sus familiares, a los representantes colombianos una vez más les tenían sin cuidado –y les servían– las orfandades de sus representados.