Barcelona afronta una dura competencia para acoger la agencia del medicamento tras el ‘Brexit’

Bruselas repite como un mantra que en el Brexit no cabe hablar de vencedores y vencidos. Que se trata de un proceso doloroso en el que solo cabe minimizar el impacto para que los daños sean menores. Pero más allá de la dialéctica del perder-perder que supone el adiós de Reino Unido a la Unión Europea para ambas partes, hay botines puntuales ante los que la posición unitaria de los Veintisiete cede frente a los intereses nacionales: prácticamente todos los Estados de la UE han mostrado interés por acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, actualmente radicada en el distrito londinense de negocios de Canary Wharf, de donde deberá marcharse una vez consumado el Brexit. La baza española es Barcelona, que ya se quedó a las puertas de ser la elegida cuando se creó el organismo en 1992.

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La entidad se encarga de autorizar la comercialización de medicamentos, y su presencia es un lucrativo negocio para el país en que se establece. "La agencia está hoy en territorio de la UE y tras el Brexit deberá seguir en la UE", advertían este viernes fuentes comunitarias. En juego está hacerse con una institución que emplea a unos 900 trabajadores, atrae a sus encuentros a 36.000 expertos al año y maneja un presupuesto anual de 322 millones de euros. Con su marcha de Londres hay un perdedor claro, Reino Unido, y un ganador por dilucidar en medio de una intensa competencia.

El tema será abordado por primera vez por los mandatarios europeos en la cumbre a Veintisiete que se celebra en Bruselas este sábado, pero fuentes comunitarias señalan que los criterios que regirán la competencia no se sabrán hasta junio. Tampoco se conoce la fecha en que se anunciará la ciudad seleccionada, aunque se espera que la decisión se tome antes de que acabe el año.

España presentó formalmente este jueves la candidatura de Barcelona por medio de una carta del presidente Mariano Rajoy. La capital catalana ha ofrecido la torre Agbar, uno de sus edificios más emblemáticos, como sede de la agencia. La candidatura española confía en ganar esta vez el pulso que en los noventa perdió frente a Londres. Entre los temores del Ejecutivo español está que un recrudecimiento de la confrontación con los partidarios del referéndum independentista catalán le reste atractivo frente a otras opciones, aunque su designación cuenta con el respaldo unánime de Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central.

En las últimas semanas, numerosos Gobiernos europeos han hecho públicas sus candidaturas. Dinamarca lo hizo en febrero, incluso antes de que la primera ministra británica, Theresa May, activara el artículo 50. En liza están decenas de ciudades, entre ellas Lille, Milán, Copenhague, Ámsterdam, Lisboa y Dublín. Cada país ha tratado de elegir una única opción sobre la que volcar todo el apoyo, aunque Estados como Bélgica, donde las regiones cuentan con una importante autonomía, han sido incapaces de llegar a un acuerdo, y como resultado compiten entre sí tres alternativas: Bruselas, Diegem y Lovaina.

Entre las cuestiones a dilucidar está quién afrontará los gastos del multimillonario traslado. La agencia del medicamento firmó en 2011 un contrato de alquiler que no expira hasta el año 2039, y ninguna cláusula recoge la posibilidad de una rescisión anticipada. Según la Eurocámara, el coste de seguir pagando la renta del edificio hasta esa fecha será de 347 millones de euros a razón de 16 millones anuales, aunque sumado a otros cargos la factura final rondará los 400 millones. Bruselas espera que Reino Unido asuma la totalidad de esos pagos como señala el borrador de mandato negociador de la Comisión.

¿Y la autoridad bancaria?

La otra institución relevante de la UE con sede en Londres, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), donde trabajan 160 empleados, también deberá trasladarse a suelo comunitario una vez Reino Unido deje de ser considerado como tal. Luxemburgo es el país que ha pedido con mayor vehemencia convertirse en nueva sede de la EBA, pero París también está entre las mejor situadas para ser la nueva sede.

En el caso de la institución bancaria sí existe una cláusula para romper el contrato de alquiler de sus oficinas en Londres anticipadamente. El acuerdo expira en 2026, pero puede interrumpirse en 2020 pagando una penalización de tres millones de euros.

Bruselas confía en que las condiciones del traslado de ambas agencias se fijen con rapidez para no entorpecer su funcionamiento una vez consumado el Brexit. Antes, la batalla entre socios europeos por erigirse en su próxima sede se prevé dura.