Estados Unidos rebaja a 2.600 millones de dólares su petición de multa a Odebrecht por su trama de sobornos

Seguiría siendo la más elevada de la historia de Estados Unidos por un caso extranjero de sobornos, pero la multa sería de casi 2.000 millones de dólares menos de lo planteado inicialmente. El Gobierno de Estados Unidos ha accedido a la alegación de Odebrecht y ha pedido al juez que lleva el caso del entramado de sobornos de la constructora brasileña que le imponga una penalización de 2.600 millones de dólares, según se detalla en el documento de propuesta de condena de la Fiscalía. El magistrado federal Raymond J. Dearie dictará sentencia el próximo lunes.

El pasado diciembre, Odebrecht se declaró culpable en un juzgado de Nueva York de haber creado un sofisticado engranaje de sobornos millonarios a funcionarios e intermediarios para tratar de lograr contratos de obra pública en al menos 12 países. Se abrió una caja de truenos que ha puesto en jaque a la clase política latinoamericana y ha agudizado la espiral de corrupción que sacude Brasil.

Odebrecht llegó entonces a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para pagar una multa de 4.500 millones de dólares, que se repartirían entre EE UU, Brasil y Suiza, donde también se estaba investigando a la constructora. Pero la empresa advirtió de que solo tenía capacidad de abonar 2.600 millones de dólares y se estableció un mecanismo para comprobar si era verdad. Cuatro meses después, las autoridades estadounidenses y brasileñas le han dado la razón.

En un documento, fechado el pasado martes, el Departamento de Justicia comunica al magistrado Dearie su propuesta “apropiada” de condena a Odebrecht de cara a la vista del próximo lunes 17: una multa de 2.600 millones de dólares, la creación de un supervisor contable independiente durante tres años y una serie de obligaciones de comunicación con las autoridades. En la rebaja de la pena, según el texto, han influido también la cooperación de la compañía con el Gobierno estadounidense y su adopción de diversas medidas anticorrupción.

Según la propuesta, Odebrecht tendrá que pagar a EE UU 93 millones de multa antes del próximo 30 de junio y al menos esa misma cantidad a Brasil antes de que termine 2021. El resto de la penalización la abonará a Brasil y a Suiza según detallen sus respectivos acuerdos.

El juez Dearie, del Distrito Este de Nueva York, tomará su propia decisión. Podría respetar la recomendación de la Fiscalía o considerarla insuficiente. Tras la sentencia, habrá terminado el capítulo estadounidense de la trama de Odebrecht, iniciado a raíz de una investigación a los intermediarios de la red presentes en el país y vinculada con la red de corrupción de Petrobras en Brasil.

En paralelo, Braskem, el brazo petroquímico de Odebrecht, acordó en diciembre con la Fiscalía norteamericana pagar una penalización de 957 millones de dólares, pero ese caso todavía no ha sido visto para sentencia.

Al margen de que finalice la batalla judicial de la constructora en EE UU, el terremoto seguirá en los países que han lanzado sus propias investigaciones a raíz de las pesquisas estadounidenses. El acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht se sumerge en cómo funcionaba el sistema de sobornos y en qué países operaba, pero omite los detalles sobre la identidad de las personas que recibieron los pagos o de qué infraestructuras se trataba. Esos detalles se mantendrán presumiblemente bajo secreto de sumario mientras sigan en curso las investigaciones de otros países.

Desde 2001 hasta 2016, Odebrecht —un conglomerado presente en 28 países y con unos 168.000 empleados— pagó, según el pacto de culpabilidad, 788 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. A cambio de esos pagos ilícitos, la empresa obtuvo beneficios de 3.336 millones de dólares.

La firma obtuvo así una “ventaja impropia” frente a sus competidores y actuó de forma “conocedora y consciente”. Muchos de los pagos se efectuaron a través de un sistema de contabilidad paralela en el que se usaban mensajes y usuarios secretos. “Los ejecutivos y oficiales en los niveles más altos de Odebrecht conocían y participaron en el esquema corrupto”, reza el texto judicial.