14 de los 25 gobernadores peruanos están condenados o tiene casos abiertos por corrupción

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La justicia peruana sentenció a cinco años de prisión a Enrique Vargas Barrenechea, presidente regional de Áncash (centro del Perú). A Vargas se lo investigaba por mentir en su hoja de vida, donde afirmaba haber cursado estudios superiores en Chile, algo que no pudo demostrar ante la justicia. Según el fallo, incurrió en los delitos contra la administración pública y falsificación de documentos.

Con esta sentencia, los últimos tres gobernadores regionales de Áncash han resultado encarcelados. Primero fue César Álvarez, quien fue acusado de montar un régimen de terror desde su elección en 2007. Este incluyó el soborno, la extorsión, el espionaje y la contratación de sicarios, que asesinaron a nueve adversarios políticos. En mayo de 2014, el poder judicial ordenó su captura y la de 20 funcionarios de su gestión.

Su sucesor no tuvo mejor suerte. A pesar de haber sido condenado a cuatro años de prisión suspendida y al pago de 100.000 soles de reparación civil (unos 30.000 dólares), por haber recibido una coima del exasesor Vladimiro Montesinos para cambiarse de partido y engrosar las filas de la alianza electoral Perú 2000 —con la que Alberto Fujimori, postuló a su tercera elección—, Waldo Ríos fue el candidato más votado en las elecciones regionales de 2014. Las turbulencias judiciales lo acompañaron hasta 2016, cuando fue condenado a cinco años de cárcel, por abuso de autoridad y por irregularidades en la ejecución de varias obras públicas, cuando fue alcalde de la provincia de Huaraz, entre 1999 y 2000.

Enrique Vargas Barrenechea lo sucedió. La condena en su contra ha generado una situación excepcional en la región, que vive un vacío de poder. Para solucionarlo, el consejo regional debería reunirse y elegir un nuevo vicegobernador, algo que podría tardar semanas.

El caso de Áncash es el más grave, pero no el único. De los 25 gobernadores de las regiones en las que se divide Perú, 14 enfrentan líos con la justicia. Junto con Vargas Barrenechea han sido condenados Wilfredo Oscorima —de Ayacucho, centro de Perú— y Jaime Rodríguez —Moquegua, al sur del país—. El primero purga cinco años de cárcel por la compra de maquinaria y vehículos sin licitación, y el segundo fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por favorecer a su hermano en un programa social. Otros dos gobernadores enfrentan procesos judiciales y nueve vienen siendo investigados por la fiscalía, la mayoría por delitos de corrupción.

Como informó El País, este sábado fue capturado Félix Moreno, gobernador regional del Callao —principal puerto del Perú—. El poder judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, acusado de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, por la concesión del proyecto de la vía rápida de la Costa Verde-Tramo Callao. Estaría incurso en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por haber solicitado —junto a un socio— cuatro millones de dólares para facilitar la buena pro en la licitación.

Moreno fue uno de los integrantes más activos del movimiento político Chim Pum Callao, ahora muy asociado con la corrupción. Fue fundado en 2005 por Alex Kouri, conocida y polémica figura política que se había desempeñado como alcalde del primer puerto en 1995 y 1998. Luego de la caída del régimen de Fujimori en 2000, se hizo público un video donde se lo veía reunido en la oficina del exasesor Montesinos. Ahí hablaba de la vía expresa de la avenida Elmer Faucett, que llega al aeropuerto de Lima. Refiriéndose a ella, decía que: "El peaje [es el negocio]". Pese a esto, Kouri volvió a ser elegido alcalde del Callao en 2002 y presidente regional en el 2007. En 2010 anunció su postulación a la Alcaldía de Lima, que no prosperó por motivos formales. En 2016, el Poder Judicial lo condenó a cinco años de prisión por colusión agravada en la construcción de la vía expresa de Faucett.

Contando a Kouri y Waldo Ríos, ahora mismo hay seis exgobernadores condenados. Esto demuestra que la corrupción regional no es nueva, ni distingue por regiones u origen político. Los restantes son Yván Vásquez de Loreto, José Aguirre Pastor de Madre de Dios y Jorge Velásquez de Ucayali —los tres en la selva peruana—; Gerardo Viñas de Tumbes —costa norte—; y Hugo Gonzales, del Cusco.

Además de César Álvarez, ahora mismo enfrentan acusaciones los exgobernadores Kléver Meléndez de Pasco y Elías Segovia de Apurímac —centro de Perú—, Gregorio Santos de Cajamarca —al norte—, Juan Guillén de Arequipa —sur—, y Jorge Acurio y Hugo Gonzáles del Cusco.

Los especialistas culpan de esta situación al mal diseño del proceso de descentralización nacional. Entre 2007 y 2017, el presupuesto de los gobiernos regionales creció de 17.000 millones de soles a casi 37.000 millones, lo que no vino acompañado del fortalecimiento institucional y la capacitación para los funcionarios públicos. Según un estudio de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el número de sentencias condenatorias contra funcionarios corruptos entre 2010 y 2016 fue 1.484. La Procuraduría Anticorrupción publicó un informe en 2016, donde indicaba que tenía 30.913 casos en trámite.