La impunidad que lograron Uribe y Vargas Lleras en la justicia transicional colombiana

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se había diseñado para que el centro del mismo fuera la justicia y la reparación integral a las víctimas. Se creó un modelo de justicia, llamado Jurisdicción Especial para la Paz o JEP, para conocer todos los hechos que se hubieran cometido en el marco del conflicto armado. Militares, guerrilleros, civiles, en fin, todo aquel que hubiese participado directa o indirectamente en el conflicto armado tendría que entrar en ese modelo.

Si bien el modelo contemplaba una amnistía lo más amplia posible bajo los parámetros de los acuerdos de Ginebra, también se preveía, para los crímenes internacionales o graves, la creación de un Tribunal Especial para la Paz. Así, las personas que dijeran la verdad, restauraran, pidieran perdón y dieran garantías de no repetición tendrían una sanción efectiva a la libertad. Los que no colaboraran o lo hieran parcialmente tendrían cárcel.

La JEP estuvo lista en 2015. Desde ese momento el expresidente Uribe comenzó una campaña en la cual, según él, este modelo de justicia traería impunidad. Desde el lado del Gobierno, aunque de forma más soterrada el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien recientemente renunció para ser candidato presidencial en 2018, hizo lo mismo. Para ellos, la paz era sinónimo de impunidad. Durante la campaña del plebiscito que se realizó en octubre de ese año, el principal argumento con el cual ganaron fue el de la impunidad.

Para los expertos y los que se habían leído el acuerdo de paz, era todo lo contrario, era un modelo que traería justica. Sin embargo, con los resultados del 2 de octubre, cuando ganó el no y comenzó una renegociación de los acuerdos, se entendió lo que realmente quería el uribismo. Manejaban un doble discurso, ante la opinión pública hablan de la impunidad de la JEP, pero en las propuestas de renegociación solo querían limitarla y garantizar total impunidad.

El conflicto armado colombiano produjo siete millones de desplazados, 215.000 homicidios, 32.000 secuestros y 80.000 desaparecidos. Se despojaron más de seis millones de hectáreas de tierra a pequeños campesinos. A diferencia de otros conflictos armados como el de la República Democrática del Congo, donde los comandantes militares, guerrilleros y paramilitares se quedaron con las minas de coltán o tungsteno, en Colombia fueron terceros, como políticos y empresarios rurales, los que se quedaron con esos millones de hectáreas.

Por ejemplo, el expresidente de la Corte Constitucional colombiana, máximo tribunal de justicia en este país, fue retirado de su cargo por haberse apropiado indebidamente de dos fincas que fueron despojadas. La multinacional Chiquita Brands fue condena en Estados Unidos por financiar grupos paramilitares y trasportar armas para esta estructura. En el Urabá, zona donde operaba la multinacional, fueron despojadas miles de hectáreas, que luego resultaron sembradas de banano y palma africana. Lo mismo ocurre con el Fondo Ganadero de Córdoba. Ninguno de estos tres, ni los demás políticos y empresarios rurales han sido condenados en Colombia por haber utilizado criminales para apropiarse de la tierra de campesinos.

En las últimas semanas se debatió en el Congreso de la Republica el Acto Legislativo para crear la JEP. Tanto Uribe como Vargas Lleras hicieron hasta lo imposible para limitarla. El uribismo creó una campaña entre los miembros de las Fuerzas Militares, principalmente pensionados. Se les instigó bajo el discurso que los iban a mandar a la cárcel. A la vez, se le ordenó, al actual senador Iván Duque, a quien se vincula al escándalo de Odrebech, una arremetida en medios de comunicación. Por su lado, Vargas Lleras, implementó la estrategia del sabotaje legislativo. Al final, en último debate, logro excluir de la JEP a los financiadores, sacar impune a todos los terceros que financiaron grupos criminales.

El uribismo logró que la responsabilidad de mando para el caso de las Fuerzas Militares se juzgara a la luz del Código Penal Colombiano y se eliminaron las palabras Derecho Penal y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las élites políticas y económicas de Colombia lograron lo que querían; la justicia solo para las FARC, en las Fuerzas Militares pagarán los soldados rasos, y empresarios y políticos quedarán impunes.

Queda la esperanza de que en la Ley Estatutaria se logre algo de justicia, de que la Corte Constitucional nos haga el milagro o se puede esperar a la justicia internacional.