Un porro ya no llevará a la cárcel en Túnez

Seis años después de la revolución que derrocó al tirano Ben Alí, las autoridades de Túnez modificarán una de las leyes asociadas a la dictadura que mayores estragos causaron en la sociedad de este país magrebí. La llamada Ley 52 establece una pena mínima de un año de cárcel para cualquier persona que consuma o se halle en posesión de cualquier tipo de droga, privando a los jueces de la potestad de reducir la condena en base a algún atenuante. Próximamente, y por decisión de la presidencia del país, el simple consumo de un porro ya no llevará automáticamente a la cárcel.

Aprobada en 1992, la Ley 52 fue utilizada a menudo por el brutal régimen de Ben Alí, en vigor entre 1987 y 2010, para encarcelar a opositores o jóvenes rebeldes, a menudo fabricando falsos procesos. Incluso después de la revolución y de la instauración de un sistema democrático, se ha acusado a las fuerzas de seguridad de usar esta estrategia. “Varios cantantes de rap, música que constituye la principal expresión artística contestataria de la juventud de los barrios populares, fueron condenados presuntamente por posesión de cannabis. Fue una venganza por sus canciones en las que critican a la policia”, explica Hind Meddeb, una periodista que realizó un documental sobre el acoso sufrido por los raperos.

La Ley 52 fue utilizada a menudo por el brutal régimen de Ben Alí para encarcelar a opositores o jóvenes rebeldes

Por esta razón, la derogación de la Ley 52 es una vieja reivindicación de la sociedad civil tunecina, lo que llevó a la presentación de una propuesta de ley en el Parlamento que elimina la pena de cárcel la primera vez que alguien es procesado por consumo de estupefacientes, siempre y cuando esté dispuesto a someterse a un tratamiento de desintoxicación. Es decir, el consumidor de drogas pasa a ser considerado un enfermo y no un delincuente. La mayoría de los condenados eran consumidores de zatla, como se llama a los porros en el dialecto local.

No obstante, la nueva legislación lleva más de un año bloqueada en el Congreso por desavenencias entre los partidos políticos sobre su contenido. De ahí, que el presidente Beji Caïd Essebsi haya apostado por adoptar dos medidas de urgencia. En primer lugar, la presentación urgente de una enmienda de ley en el Parlamento que otorga a los jueces la capacidad de reducir la condena, y que permite otorgar un indulto a partir del momento en el que se dicta la condena, y no a partir de un mes después de la sentencia, como sucedía hasta ahora. En segundo lugar, el presidente convocará la comisión que concede los indultos penitenciarios cada mes en lugar de cada tres meses para acelerar el proceso.

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“La decisión del presidente es un paso positivo hasta la aprobación de la ley que recoge penas alternativas a la cárcel … ahora es necesario que el Estado construya la infraestructura necesaria, centros de acogida y de desintoxicación”, sostiene Jamel Msallem, presidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2015 por su papel en la transición democrática del país y una de las entidades que se ha movilizado contra la controvertida norma.

“Es una ley que ha fracasado en sus objetivos. Hasta 120.000 personas han comparecido frente a los tribunales, algunas de ellas son estudiantes de secundaria. Los resultados han sido desastrosos, ya que más que servir de elemento de disuasión, ha creado una escuela de criminalidad”, agrega Msallem, que recuerda que unas 6.000 personas, casi el 30% de la población reclusa, ha sido sentenciada en base a la Ley 52. Además de dejar de fabricar traumas entre los adolescentes, un aspecto positivo de la modificación legal es que permitirá aliviar la presión sobre las desbordadas cárceles del país, ya que algunas superan el 150% de su de capacidad.