"Metí a mi hija en un infierno"

Cegada por el dolor, la madre de Lilian Andrea Gómez, de 13 años, abandona la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala en medio de un familiar y una psicóloga voluntaria. Acaba de ver, por última vez, un cuerpo carbonizado del que sólo las pruebas de ADN permiten asegurar que se trata de su pequeña, una de las 39 víctimas del incendio registrado este miércoles en un centro de menores ubicado al sudeste de Ciudad de Guatemala.

“Maltrataron a mi nena”, musita entre lágrimas, como subrayando el hecho de que Lilian Andrea no solo perdió la vida, sino lo hizo en unas condiciones de brutalidad extremas. Pero, antes de poder retirar el cuerpo para velarlo de acuerdo a sus creencias, todavía tienen que realizar un engorroso trámite burocrático.

En la sala de espera de la morgue, los familiares de otras de las víctimas esperan que se les confirme la identidad de sus parientes. Han pasado la noche en unos sillones incómodos. Transcurridos tres días desde la tragedia en el hogar seguro Virgen de la Asunción, siguen sin tener certeza de la suerte corrida por sus hijos. Una mujer que se acerca a la puerta principal –el ingreso está vedado a la prensa–, tiene gesto de llanto, pero las lágrimas se le han agotado. El cansancio, las noches sin poder conciliar el sueño más que a ráfagas, un sentimiento de impotencia absoluta y un cada minuto más débil rayo de esperanza, “tal vez no sea ella”, completan el retrato.

“Traje a mi niña porque me garantizaron que la tratarían bien. Que le darían de comer, algo que yo no podía hacer todos los días. La metí en un infierno”, comenta una madre que intenta, con dificultad, tragar un bocadillo que le ofrecen unos jóvenes que se han acercado hasta la morgue del Organismo Judicial en el casco viejo capitalino, con café y emparedados, como un gesto de solidaridad con los dolientes.

Tres cuartos de lo mismo ocurre en las instalaciones del hogar seguro Virgen de la Asunción –ubicado en San José Pinula, una ciudad dormitorio 21 kilómetros al este de la capital–, en donde el miércoles 8 ocurrió la tragedia y donde unas 70 niñas continúan virtualmente presas. A sus puertas, una mujer con síntomas visibles de cansancio comenta que busca a su hija sin tener ninguna respuesta. “No la he encontrado en ningún hospital y nadie parece saber nada”, dice. Otra mujer, oriunda de Rabinal (Baja Verapaz, norte) repite mecánicamente: “Quiero llevarme a mi hija. Llevo tres días pasando hambre, sed y frío”.

Concebidas en principio para albergar a bebés y niños susceptibles de ser dados en adopción, así como a niños de víctimas de la violencia familiar, estos ‘hogares seguros’ pronto se vieron inundados por adolescentes en conflicto con la ley enviados a ese lugar por jueces tras encontrarlos culpables de delitos graves como violaciones sexuales, extorsiones o tráfico al menudeo y consumo de cocaína.

Esta anomalía fue reiteradamente denunciada, sin encontrar eco, pese a la gravedad de las denuncias como violaciones sexuales o utilizar como esclavas sexuales a las niñas por parte de los monitores: “Nos inyectaban algo para dormirnos, nos quitaban la ropa y nos dejaban desnudas en el patio. Hacían negocios con nosotras”, denuncia una ex interna, Blanca Lidia Iboy, en un informe de la organización Mecanismo contra la tortura citado el viernes por Prensa Libre. El informe relata que otra antigua interna quedó embarazada en el centro y, durante una reyerta, perdió a uno de los gemelos que esperaba tras recibir una golpiza. El otro le fue retenido por las autoridades y ahora espera recuperarlo.

“Esta tragedia evidencia las enormes carencias en los centros que administra la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y la bestialidad, no se le puede llamar de otra manera, de los jueces que ordenaron el traslado a esos hogares de delincuentes juveniles con antecedentes criminales. Fue como meter a un tuberculoso en una sala cuna de pediatría”, comenta a EL PAÍS Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Asíes.

La activista humanitaria Norma Cruz, al abandonar la morgue donde se reunió con familiares de las víctimas, reveló que las mismas denunciaron que los jueces, a la hora de quitarles la potestad sobre las niñas, ni siquiera las dejaron hablar en su defensa. “Nunca les permitieron hablar. Entraban condenadas de antemano y eran acusadas de ser malas madres”.

Añadió que la desorganización que priva en las instancias gubernamentales llega a tal extremo que, hasta la tarde de este sábado, no se tenía una base de datos que permitiera conocer adónde han sido trasladadas las niñas sobrevivientes. “Se hubiera evitado a los padres el dolor de estar visitando hospitales y la morgue, para saber qué ocurrió con sus pequeñas”.

“Esta tragedia es producto de una sociedad enferma. Las víctimas son niñas que sufrieron maltrato, violaciones sexuales y terminaron en una institución del Estado que, lejos de protegerlas, las convierte en víctimas de abusos, como los que ahora han salido a luz. Es la tragedia de Guatemala, un Estado completamente colapsado por la corrupción y la indolencia”, señala Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el capitulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

Marroquín se muestra pesimista con respecto a que la institucionalidad del Estado pueda superar esta situación: “Seguimos sujetos a la posibilidad de sufrir otra tragedia de similares características en cualquier momento y área. Y lejos de ver un intento por revertir ese estado de cosas, lo que se palpa es su agudización. El gobierno no ha sabido interpretar la nueva realidad de Guatemala. Más bien cayó preso de los mismos vicios y prácticas, de los gobiernos pasados”.

La jornada del sábado concluyó con una protesta que congregó, en la Plaza Mayor, a unos 10.000 manifestantes que pedía, a voz en grito, justicia. Que este hecho no quede impune. Algunos grupos llegan a pedir, incluso, la dimisión del presidente Jimmy Morales, extremo atribuible a la torpeza extrema con que el gobierno ha manejado esta crisis.