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COLUMNA

La destrucción de la selva tropical en Colombia

Cientos de hectáreas están siendo arrasadas para sembrar coca en zonas donde rige una anarquía criminal

Hace algunos años un ambientalista me dijo que los grandes protectores de la selva amazónica, y en general de la selva tropical en Colombia, eran los grupos guerrilleros. El argumento era simple; las grandes mineras, petroleras, los industriales del agro e incluso el turismo no habían entrado a todo el sur del país y a la costa pacífica colombiana por miedo a la guerrilla. Los secuestros y extorsiones eran bastante comunes en las zonas bajo su control. El miedo mantuvo congelada en el tiempo gran parte de la zona selvática del país.

De hecho, en uno de mis múltiples viaje de investigación, hace poco más de 5 años, en el sur del departamento del Meta, logre ver una manada de Dantas, un animal exótico, que muy pocas veces se ha logrado grabar en video y que como muchos otros mamíferos grandes está en peligro de extinción. En todo caso, la hipótesis de aquel ambientalista me parecía complicada de sustentar, ya que miles de hectáreas de selva se habían destruido para sembrar hoja de coca, y en gran parte esto se hizo al amparo de la guerrilla, y como consecuencia de la mala política de lucha contra las drogas que había liderado el Estado colombiano.

Ahora que han trascurrido varios meses desde que las FARC dejaron más del 98% de las zonas donde operaban, para concentrase en 26 puntos rurales donde dejarán las armas en los próximos días, se entiende la hipótesis de aquel ambientalista. El siguiente video, parece de una película de terror, o mejor, de aquellas películas futuristas que narran el fin del mundo y el límite de la supervivencia del hombre. Se puede ver como cientos de hectáreas de selva tropical están siendo destruidas para sembrar coca y nadie hace nada.

Esta destrucción fue grabada hace algunos días en el municipio de Tumaco, un puerto en el pacífico colombiano,el que más hectáreas de hoja de coca tiene sembradas en el país, y desde donde salen toneladas de droga mensuales hacia Centroamérica y México. Las imágenes se repiten en varias zonas del país.

Las explicaciones de lo que pasa en Tumaco son varias, pero valdría la pena mencionar tres. Por un lado, hay una anarquía criminal en estas zonas. Cuando las FARC ejercían control había una regulación de la siembra de coca y explotación maderera. Una familia solo podía tumbar una hectárea de selva para el cultivo, pero no más que eso, además debían cuidar las fuentes de agua y debían sembrar la mitad para hoja de coca y la otra mitad para cultivos de pancoger. Ahora que las FARC no están, no hay quien controle y cada cual hace lo que quiera. Por allí el Estado no ha aparecido, solo ha llegado la parte militar, nada más.

La segunda explicación es el precio del gramo de pasta base de coca en 2016. El gramo pasó de 1400 pesos, algo así como 50 centavos de dólar, a 1900 pesos, un aumento cercano al 30%. Ocurrió una regla básica del sistema comercial capitalista, si aumenta la demanda es de esperarse un aumento en la oferta. Sobre todo en una economía de bajísima regulación. Aunque para 2017 todo parece indicar que el precio de la pasta base ha comenzado a bajar.

La tercera explicación es que el Gobierno colombiano estableció una estrategia combinada para la lucha contra las drogas. Por un lado, el viejo modelo nefasto e inservible de la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, ha obligado a la población a meterse cada vez más selva adentro para huir de la erradicación. Por otro lado, bajo el modelo de los acuerdos de La Habana se estableció un mecanismo de sustitución voluntaria de cultivos a cambio de asistencia técnica, cadenas de comercialización para los productos legales y proyectos productivos. Este modelo es bastante bueno, el problema es que ser firmó con 7.000 mil familias y no con las 23.000 mil familias que viven o mejor sobreviven de estos cultivos. Las familias no incluidas, aumentaron la siembra de hoja de coca con la esperanza de que más adelante los incluyeran en estos programas.

Ariel Ávila es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.