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Las frases textuales del golpe judicial contra Donald Trump

"El Gobierno no ha presentado pruebas de que algún extranjero de esos países haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos"

Pablo Ximénez de Sandoval

Donald Trump recibió este jueves un notable revés judicial a sus políticas tan solo 19 días después de haber iniciado su presidencia. Una Corte de Apelación de San Francisco rechazó el recurso del Gobierno contra la decisión de un juez federal de Seattle de paralizar la orden ejecutiva por la que Trump prohibió de un día para otro la entrada en Estados Unidos a todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La decisión se tomó por unanimidad entre dos jueces nombrados por presidentes demócratas y otro nombrado por un presidente republicano.

Manifestación contra el veto migratorio frente a la corte de San Francisco.
Manifestación contra el veto migratorio frente a la corte de San Francisco.AFP

El trabajo de este tribunal no era juzgar la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino la pertinencia de la medida cautelar, dictada por un juez de Seattle, que la deja en suspenso mientras se decide el recurso de inconstitucionalidad presentado por los estados de Washington y Minnesota. Sin embargo, el fallo da indicaciones de las posibilidades que los jueces le ven a los argumentos de las dos partes. Las posibilidades de prosperar en el juicio son determinantes para aceptar o no las medidas cautelares, y los jueces de Apelación de San Francisco no le ven por ahora muchas posibilidades al Gobierno, a la vista de las pruebas presentadas hasta ahora. Estas son las frases textuales más interesantes del fallo de 29 páginas:

Denegada la petición de levantar la medida cautelar

“Entendemos que el Gobierno no ha mostrado que tenga posibilidades de éxito en su apelación, tampoco ha demostrado que el no aplicar la orden cause un daño irreparable, y por tanto denegamos su moción de urgencia para que se aplique (el veto)”.

Sobre la capacidad de los estados de Washington y Minnesota para denunciar

“Concluimos que los estados han presentado daños a sus intereses que se pueden relacionar con la orden ejecutiva (…) y no tenemos dificultad en concluir que esos daños desaparecerían si obtienen lo que buscan: una declaración de que la orden ejecutiva viola la constitución y una sentencia que prohíba su aplicación”.

Sobre la autoridad del tribunal de revisar la orden ejecutiva (puesta en duda por Trump)

“Aunque los tribunales deben tener una deferencia considerable con las decisiones del presidente en política migratoria y seguridad nacional, no se puede ni cuestionar que la jurisdicción federal mantiene la autoridad para juzgar denuncias constitucionales contra la acción ejecutiva”.

Sobre la falta de debido proceso a las personas afectadas (argumento para frenar la orden)

“El Gobierno no ha demostrado que la orden ejecutiva aporte el debido proceso requerido, tal como notificar y dar audiencia a un individuo antes de restringir su capacidad para viajar”.

“Las garantías de procedimiento de la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda no se limitan solo a los ciudadanos. Se aplican a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de si su presencia es legal, ilegal, temporal o permanente. Estos derechos también se aplican a algunos extranjeros que quieren entrar en Estados Unidos tras haber viajado fuera”.

Sobre las diferentes interpretaciones que ha dado el Gobierno respecto a quién afecta la orden

“En este punto, no podemos fiarnos de la afirmación del Gobierno de que la orden ejecutiva ya no se aplica a residentes permanentes”.

“A la vista de las interpretaciones cambiantes del Gobierno sobre la orden ejecutiva, no podemos decir que la actual interpretación de los asesores de la Casa Blanca, incluso con autoridad y vinculante, vaya a mantenerse”.

Sobre la paralización del veto en todo el país, se cita el caso de Texas contra Obama

“Declinamos limitar el ámbito geográfico de la medida cautelar. El Quinto Circuito (Corte de Apelación de Texas) ha decidido que una política de inmigración fragmentada sería contraria a los requerimientos constitucionales de las leyes de inmigración”.

Las declaraciones de Trump sobre los musulmanes le perjudican

“Los estados argumentan que la orden ejecutiva (…) tiene intención de perjudicar a los musulmanes. En apoyo de estos argumentos, los estados han presentado pruebas de numerosas declaraciones del presidente sobre su intención de implementar un “veto a musulmanes” así como otras pruebas que, aseguran, indican que esta orden ejecutiva es ese veto”.

“Las afirmaciones de los estados plantean acusaciones serias y suponen cuestiones constitucionales importantes (…) Nos reservamos opinar sobre estas acusaciones”

Argumentos finales: la urgencia vs. el interés general

“El Gobierno no ha demostrado que la revocación (de la medida) sea necesaria para evitar un daño irreparable”

“El Gobierno no ha presentado ninguna prueba para refutar el argumento de los estados de que la orden del juzgado simplemente devuelve al país temporalmente a la situación en la que estaba durante muchos años”.

“El Gobierno no ha presentado pruebas de que ningún extranjero de esos países haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos. En vez de presentar pruebas que expliquen la necesidad de la orden ejecutiva, el Gobierno ha adoptado la posición de que no debemos revisar la orden en absoluto. No estamos de acuerdo”.

“En cuanto a las afirmaciones del Gobierno de que ha sufrido un daño institucional por la erosión de la separación de poderes, ese daño no es “irreparable” (…) En contraste, los estados afirman que la prohibición de viajar ha dañado a empleados y estudiantes de sus universidades, ha separado familias y ha dejado varados en el extranjero a residentes de esos estados. Eso son daños sustanciales e incluso irreparables”.

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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