El bloqueo del tercer rescate dispara de nuevo las alarmas de ‘Grexit’

Para el 49,2% de los hogares griegos, que dependen de una pensión como principal ingreso, la perspectiva de un nuevo recorte de las prestaciones —ha habido una docena desde 2010, fecha del primer rescate— está fuera de lugar: ya no hay de donde recortar. Algo que corrobora el hecho de que en 2016 el 75% de los hogares viera reducidos sus ingresos respecto al año anterior, o que el 37% tenga ingresos anuales inferiores a los 10.000 euros, según un reciente informe de la cámara de pymes helena. El año ha arrancado, además, con una subida de impuestos a los carburantes, los automóviles, la telefonía fija, la televisión, el tabaco, el café y la cerveza.

Al Gobierno tampoco le salen las cuentas. Dos tercios de las medidas exigidas para desembolsar el siguiente tramo del rescate no se han implementado, según un informe de Bloomberg asumido por el Ejecutivo, mientras el fondo de privatizaciones, que iba a recaudar 50.000 millones en 30 años, sólo ha logrado 4.000 desde agosto de 2015; la próxima gran liquidación puede ser la del 67% de las acciones del puerto de Salónica, el segundo del país, en marzo.

Con la segunda revisión del tercer rescate bloqueada desde diciembre por falta de avances, Atenas deberá afrontar en julio pagos por más de 7.000 millones, de ahí la premura por zanjar el asunto antes del Eurogrupo del 20 de febrero. “Si el bloqueo continúa más allá de marzo, las cosas se van a poner difíciles. Debería alcanzarse un compromiso antes de las elecciones holandesas, a mitad de mes”, apuntan fuentes cercanas al Gobierno, que confían en una solución. “Las posibilidades de un colapso [del tercer rescate] son muy, muy pequeñas. Eso sería un desastre para la eurozona entera y un serio revés para [la canciller alemana Angela] Merkel, que por primera vez ve a su partido en segundo lugar en las encuestas de intención de voto”, añaden las fuentes citadas.

Una respuesta indirecta al ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, quien reiteró ayer que una hipotética salida del Fondo Monetario Internacional (FMI) del rescate griego —en consideración— supondría el colapso del programa. El Fondo exige nuevos ajustes (sobre todo en reforma laboral y de pensiones) una vez finalizado el rescate (2018) para alcanzar los objetivos fiscales fijados (un superávit primario ese año del 3,5% del PIB), algo que Atenas rechaza.

Tres rescates después, y miles de sacrificios sociales que han dibujado un panorama casi de posguerra en ámbitos como la educación o la salud, Grecia parece volver hoy al punto muerto que, en 2011 y luego en 2015, la acercó peligrosamente al borde de la eurozona. La palabra Grexit resucita entre el alud de titulares monopolizados hoy por Donald Trump y el Brexit, y no sólo en el exterior (algunos medios alemanes airean golosamente la duda) sino también como fuego amigo en las filas del Gobierno.

La semana pasada, el exministro alterno de Cultura, y actual secretario de Estado para Europa, Nikos Xydakis, abogó por romper definitivamente el tabú del Grexit y hablar sin tapujos, desde la tribuna del Parlamento, de una vuelta a la dracma. La oposición se ha lanzado en tromba contra el Gobierno, que, como el propio Xydakis, ha tratado de apagar el nuevo foco de tensión matizando las declaraciones y abogando claramente por la pertenencia a la eurozona. Pero el germen de la duda persiste.

El tabú del Grexit, el miedo a un salto al vacío, impidió que en julio de 2015, tras el refrendo del 62% de la población en referéndum a una nueva relación con la troika, el país franqueara la puerta de salida de la moneda única. Pero, en palabras de Xydakis, la tozuda realidad se impone y “Grecia ha llegado a un punto en que la población ya no tiene más aguante”. Las movilizaciones de jubilados y agricultores vuelven a las calles tras el paréntesis navideño. El campo, tradicional vivero de votos, ha incrementado su campaña de protestas contra la subida de impuestos (que se homologarán al régimen general), del precio del gasóleo (hasta ahora generosamente subvencionado) y de las cotizaciones a la seguridad social con bloqueos en numerosas carreteras y el cierre de algunos pasos fronterizos en el norte.

La oposición reclama elecciones anticipadas

La conclusión de la segunda revisión del rescate ha encallado, entre otros puntos, en las encontradas posturas existentes sobre la reforma laboral (Atenas no está dispuesta a renunciar a la protección frente a despidos colectivos ni a su intención de restaurar la negociación colectiva), diferencias sobre la cuantía de la base mínima imponible, que actualmente favorece a la mitad de la población, o sobre el —para las instituciones acreedoras— abultado peso de las pensiones, que representan el 11% del PIB.

En este panorama, desde la oposición sólo se escucha desde hace meses un clamor: la convocatoria de elecciones anticipadas. Mientras el centroizquierda se reorganiza —Yorgos Papandreu, que dio el portazo al Pasok en 2015 y creó su propio partido, ha regresado a la hoy alicaída formación que creó su padre—, la conservadora Nueva Democracia lidera casi todas las encuestas de intención de voto, con una media de diez puntos de ventaja sobre Syriza. El Gobierno insiste en que las elecciones se celebrarán al término de la presente legislatura (septiembre de 2019) pero, a la vista de los nubarrones que se ciernen sobre la economía, nadie parece dispuesto a apostar por ello. "Es demasiado pronto para plantearse si Syriza estaría dispuesta a ir a elecciones. La cuestión es preguntarse por qué habría de fracasar el programa, [dado] que todas las partes, incluida Alemania, están trabajando para lograr un compromiso", concluye la fuente próxima al Gobierno.