El Supremo griego deniega la extradición de ocho militares turcos
Los uniformados estaban acusados de participar en el intento de golpe de Estado pero los magistrados griegos consideran que en Turquía no tendrían garantías de un juicio justo
El Tribunal Supremo de Grecia decidió este jueves negar la extradición de ocho militares turcos a los que su país imputa el haber participado en el frustrado golpe de estado del pasado 15 de julio. El Gobierno turco había exigido de forma vehemente la entrega de los presuntos golpistas, también acusados de pertenecer a la red del clérigo Fethullah Gülen, pero los magistrados griegos consideran que, en las actuales circunstancias, Turquía no ofrece las garantías suficientes para que los procesados sean sometidos a un juicio justo.
Los uniformados -tres comandantes, tres capitanes y dos sargentos- huyeron de Turquía al día siguiente de la fracasada asonada militar a bordo de un helicóptero Black Hawk y aterrizaron en la ciudad de Alexandrúpolis, en el noreste de Grecia, donde solicitaron asilo político. El gobierno griego, dirigido por el izquierdista Alexis Tsipras, condenó sin ambages la sublevación castrense en Turquía y se mostró dispuesto a cooperar con el país vecino, aunque advirtió de que en esta materia la última palabra la tendría la justicia. Y así ha sido: cuando fueron anunciadas las primeras sentencias que eximían a los militares turcos de la deportación, la fiscalía apeló la decisión hasta que llegó al Areos Pagos, el tribunal de mayor rango del sistema judicial griego, contra cuyas decisiones solo cabe recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los magistrados del Supremo heleno emitieron su fallo de forma unánime, excepto en el caso sobre dos oficiales, en los que uno de togados votó a favor de garantizar la extradición, informó el diario Kathimerini en su versión electrónica. El tribunal griego justifica su decisión en que, “sin tener en cuenta el grado de culpabilidad o la gravedad de los delitos cometidos por los acusados”, Turquía no garantiza hoy por hoy las condiciones necesarias para que los supuestos golpistas se enfrenten a juicio justo. Devolverlos a su país de origen significaría “exponerlos a tortura y humillaciones” e incluso podría poner en riesgo su vida, los argumentos que había esgrimido la defensa.
Según la prensa griega, los ocho turcos acogieron con “gran emoción” la decisión de la corte griega, que ordena además su inmediata puesta en libertad pues permanecían detenidos desde su llegada a Grecia por “entrada ilegal en el país”. Por ello habían sido condenados a una pena de dos meses de cárcel –suspendida durante tres años a menos que reincidiesen en el delito- por un juzgado de Alexandrúpolis. Queda pendiente todavía que se decida sobre su petición de protección internacional, que anteriormente había sido desestimada por el servicio griego de asilo pero contra la que apelaron los abogados de los militares.
El Ministerio de Exteriores de Turquía ha criticado duramente la decisión griega, pues, en su opinión, supone “permitir que los crímenes queden sin castigo” y es “una violación de los derechos de las víctimas” de la asonada militar, durante la que murieron 248 personas que intentaron frenar a los golpistas y otras 2.193 resultaron heridas. Además, el comunicado del ministerio asegura que el Gobierno turco “continuará intentando por todas las vías legales la devolución de los criminales para que sean juzgados” y advierte a Atenas de que las relaciones de cooperación entre ambos países podrían verse perjudicadas. “Las relaciones entre los dos países (Turquía y Grecia) cambiarán”, sostuvo el comentarista Orhan Sali, del canal progubernamental A Haber: “Hay sospechas de que los golpistas han suministrado información a los servicios de espionajes griegos. Así que después de esta (decisión), le esperan graves problemas al gobierno de Tsipras”.
Además de los ocho militares, otros 18 ciudadanos turcos –jueces, profesores y empresarios- han pedido asilo político en Grecia desde el fallido intento golpista, según cifras de la agencia Efe. En Turquía, unas 40.000 personas han sido arrestadas por su supuesta participación en la asonada o acusados de connivencia con los insurrectos, y más de 100.000 funcionarios han sido apartados de sus cargos.
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