Excesos de Erdogan

Si, como acaba de proclamar el presidente Erdogan, la democracia turca se enfrenta a una amplia conspiración con ramificaciones internacionales liderada por su antiguo aliado y ahora feroz opositor, el líder religioso Fetulá Gülen, y apoyada por Occidente —“el golpe tuvo actores turcos, pero el guion fue escrito en el exterior”, ha dicho esta semana en Ankara— es ante los tribunales, nacionales e internacionales, donde debe hace valer su caso y lograr las condenas o las extradiciones pertinentes. Pero en ningún caso se debe aceptar la destitución arbitraria de funcionarios públicos o el cierre sin más de medios de comunicación, como ha hecho desde el primer momento.

Las democracias tienen el derecho, y la obligación, de defenderse de sus enemigos, máxime cuando estos se valen de instrumentos como las Fuerzas Armadas, que los ciudadanos han puesto en sus manos para defender la integridad y la soberanía del país con el fin de derrocar a los representantes democráticamente electos, hacerse con el poder por la fuerza y suspender los derechos y las libertades.

En el caso particular de Turquía, el calado de las complicidades necesarias para organizar y lanzar el golpe de Estado del pasado 15 de julio, junto con la extrema violencia con la que se condujeron los golpistas en su asalto al poder —que ha desembocado en la pérdida de cientos de vidas—, justifican una investigación a fondo de la trama golpista y una depuración completa de las eventuales responsabilidades que se pudieran derivar de cuantos por acción u omisión colaboraran con el golpe. Todos esos pasos, incluida la declaración del estado de emergencia, están tasados legalmente y sujetos a la propia Constitución, incluso —como ocurre en el contexto europeo— sujetos a mecanismos de notificación ante instituciones como el Consejo de Europa, del que Turquía es miembro, cuya misión es velar por los derechos fundamentales.

Sin embargo, poco de lo que llevamos visto en Turquía en las semanas transcurridas desde el golpe se ajusta a lo esperable por parte de una democracia avanzada perteneciente o en vías de aproximación a las principales organizaciones, desde la OTAN a la UE pasando por el Consejo de Europa y la OSCE, que certifican la calidad de dichas democracias.

Al contrario, las cifras de detenidos, pero sobre todo la destitución de jueces, académicos, profesores y el cierre de más de 130 medios de comunicación dejan en evidencia que Erdogan, como él mismo, por otra parte, ha reconocido, está utilizando el golpe de Estado para limpiar la Administración turca y los medios de comunicación del país de los que hacía tiempo tenía designados, y fichados, como rivales políticos.

Que Turquía, un aliado esencial de la OTAN y la UE tanto en la lucha contra el yihadismo como en la cuestión migratoria, se deslice por una pendiente autoritaria debe ser motivo de extrema preocupación. Precisamente por esa importancia, tanto Washington como las capitales europeas deben recordar a Erdogan qué tentaciones debe abandonar y de qué lado debe situarse con toda claridad.