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Internet obliga a la Eurocámara a modernizar el modelo audiovisual

El Parlamento Europeo presiona a plataformas como Netflix para que paguen una tasa y aumenten al 30% su cuota de contenidos producidos en la UE

Un joven utiliza su ordenador para ver el catálogo de películas de la plataforma 'online' Yomvi.
Un joven utiliza su ordenador para ver el catálogo de películas de la plataforma 'online' Yomvi.

La televisión a la carta en Internet ya no es el futuro. Es el presente inmediato. Un estudio de Nielsen publicado el pasado marzo desveló que la mitad de los europeos consumen vídeo bajo demanda. Europa quiere adaptar sus normas a esa nueva realidad y se prepara para aplicar a las plataformas online reglas similares a las que ya regulan los 5.141 canales de televisión. Bruselas quiere actualizar la directiva audiovisual actual, aprobada en 2010, a un nuevo tipo de espectador que lejos de ser esclavo de la programación de las cadenas, elige cuándo y qué ver en servicios a la carta como Netflix o portales donde se comparten vídeos como YouTube. Para ello, el Parlamento Europeo se halla en medio de una intensa discusión sobre el texto presentado por la Comisión Europea.

La propuesta para actualizar la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual exige a plataformas como YouTube que eliminen cualquier incitación a la violencia y al odio y que se proteja a los menores de la pornografía, entre otras medidas. También se lanza con fuerza a la defensa de la industria audiovisual comunitaria obligando a los grandes operadores de streaming como Netflix o Amazon Prime a que hasta un 20% de su catálogo sea de producción europea, una cifra que la Eurocámara quiere elevar hasta el 30%. "No garantiza que se vaya a incentivar la producción audiovisual europea, que es nuestro principal objetivo, pero las discusiones en el Parlamento dejan claro que con las cuotas se envía el mensaje de que la política cultural de la UE es una red de seguridad", afirma la eurodiputada socialista alemana Petra Kammerevert, una de las dos ponentes de la directiva.

La cuota final es todavía objeto de debate entre partidarios de aumentarla, como Francia, y de suprimirla, como Finlandia o Reino Unido, que a la espera de que empiecen las negociaciones del Brexit seguirá influyendo en la política comunitaria hasta que se concrete su adiós definitivo. La obligación de emitir contenidos europeos quedará aún lejos de lo que se pide a las televisiones, a las que se exige más de un 50%. Eurodiputados como la estonia Yana Toom, del Grupo ALDE (liberales), alertaron en la reunión de noviembre del Comité de Cultura del Parlamento de que para cumplir más fácilmente con las nuevas expectativas, Netflix podría tener la tentación de adquirir únicamente los contenidos más baratos, o bien eliminar los extracomunitarios menos exitosos.

La UE quiere aplicar a las plataformas de Internet las mismas normas que regulan los 5.141 canales de televisión

Netflix ha criticado la imposición de cuotas pese a que no parece que vaya a suponerles un gran esfuerzo de adaptación. Un estudio del Observatorio Audiovisual Europeo reveló que en 2015 el 21% de su catálogo lo conformaban películas producidas en la UE. La imposición de un canon también pende sobre todas las plataformas de vídeo a la carta. Bruselas cree que deben aumentar su ínfima contribución a las producciones europeas, a las que dedican menos del 1% de sus ingresos frente al 20% que por ley invierten las televisiones. La Eurocámara discute que las empresas de vídeo a la carta como Netflix paguen a cada país una tasa para apoyar obras europeas, aunque no hay unanimidad en la UE: Holanda (sede europea de Netflix), y Luxemburgo, se oponen.

Diferencias en los Veintiocho

Internet obliga a la Eurocámara a modernizar el modelo audiovisual

El nivel de exigencia para alcanzar una cuota razonable de contenidos europeos genera discordia entre los Veintiocho, donde casi la mitad de países —Alemania, entre otros— no aplica ninguna cuota. La otra mitad sí regula la emisión obligatoria de un mínimo de producciones realizadas en el Viejo Continente, que oscilan entre el 10% de la República Checa y el 60% de Francia. Cada país podrá elegir qué proporción exige, pero partiendo de un mínimo. España apoya que ese suelo sea del 30%, pero otros países son aún más ambiciosos: Rumanía pide el 50% y Grecia y Francia el 40%. El país galo cuenta con el sistema de protección de la industria creativa más estricta de la UE y su implantación a escala europea se considera el triunfo de sus tesis.

Las divergencias se trasladan también a los grupos en la Eurocámara. Socialistas y Populares dirigen la ponencia, sobre la que existen reticencias. La Alianza de Conservadores y Reformistas, de la que forman parte los tories británicos y los ultraconservadores polacos entre otros, se opone a establecer cuotas: “La Comisión no entiende cómo funciona el mundo digital. Los servicios de suscripción solo deben tener en cuenta qué quieren ver los espectadores”, critican. Los liberales de ALDE les secundan y creen que cada contenido se debe abrir paso en las pantallas por su calidad. Lo contrario opinan Los Verdes, que reclaman elevar la proporción hasta el 30%. Para Izquierda Unitaria Europea, el auxilio a la industria audiovisual europea debería haberse propuesto antes: “La revisión de la directiva llega muy tarde. El mundo del vídeo a la carta es una gran realidad y las cadenas tradicionales tienen muchos problemas para cumplir su misión cultural de apoyar la producción de películas europeas”, señala por correo electrónico la parlamentaria alemana de Izquierda Unitaria Europea, Martina Michels.

Ese nuevo terreno de juego ha generado un intenso debate que se ha saldado con 1.500 enmiendas a la directiva propuesta por la Comisión. La eurodiputada socialista Petra Kammerevert y la popular Sabine Verheyen, ambas alemanas, trabajan codo con codo para incorporar los cambios al texto. Entre septiembre y noviembre han mantenido una ajetreada agenda de hasta 90 encuentros con lobbies e implicados. Para poder escuchar a todas las partes, organizaron tres grandes reuniones; primero con las cadenas de televisión y plataformas de vídeo a la carta; luego con empresas de redes sociales, asociaciones de consumidores y de protección de la infancia, y por último, con los reguladores.

La obligación de emitir contenidos europeos quedará aún lejos de lo que se pide a las televisiones, a las que actualmente se exige más de un 50% de producciones comunitarias

El campo de actuación de la ley va mucho más allá del apoyo a la industria audiovisual europea. La propuesta también establece una mayor flexibilidad para la publicidad en televisión que busca acabar con la obligación de emitir un máximo de 12 minutos de anuncios por hora. "En Internet se desarrollan métodos de publicidad cada vez más atractivos y personalizados que no están del todo regulados, por eso, si esperamos ver un programa de alta calidad en la televisión privada debemos asegurar su financiación", argumenta Kammerevert.

La directiva debe salvar todavía varios obstáculos: para que la reforma entre en vigor, el borrador actual tiene que superar dos votaciones en la Eurocámara y convertirse en un texto consensuado entre las tres grandes instituciones de la UE: Parlamento, Comisión y Consejo —la institución representante de los Veintiocho—. Las ponentes esperan que el acuerdo sea una realidad a mediados de este año.

Eliminar el discurso de odio en 24 horas

Á. S (Bruselas)

El Parlamento Europeo pretende que la directiva Audiovisual sirva de muro para evitar que el discurso radical racista, machista o islamista campe libremente en la Red. Dada la ingente cantidad de material que se sube ininterrumpidamente a YouTube —más de 300 horas por minuto—, los legisladores no harán recaer sobre la plataforma el papel preventivo de supervisar todos los contenidos antes de ser publicados. Los usuarios notificarán, por tanto, los vídeos ofensivos y la protección al menor se fiará a sistemas de verificación de edad y control parental.

De momento, grandes empresas del sector tecnológico y digital como YouTube, Twitter, Facebook y Microsoft han firmado un código de conducta por el que se comprometen frente a la Comisión Europea a eliminar en menos de 24 horas los contenidos ofensivos denunciados por varias ONG europeas encargadas de monitorizar sus publicaciones.

“Las plataformas para compartir vídeos solo se someterían a regulaciones voluntarias por el contenido que se publica, por lo que no será un gran instrumento para regular el discurso del odio”, critica la eurodiputada Martina Michels, del grupo Izquierda Unitaria Europea.


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