Justicia para las personas desaparecidas en El Salvador

El 16 de enero de 2017 se cumplen 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a la guerra de 12 años en El Salvador. El Gobierno ha puesto en marcha un plan para su conmemoración. La iniciativa es valiosa, pero las notas celebrativas resultan agridulces en un país que no ha lidiado exitosamente con un legado de masivas violaciones a los derechos humanos.

Una deuda importante es la falta de esclarecimiento de las desapariciones ocurridas en ese periodo. La Comisión de la Verdad documentó cerca de 5.000 casos, pero según registros de la sociedad civil son más de 10.000, la mayoría detenidos o secuestrados por actores estatales y probablemente asesinados. Muchos fueron enterrados en fosas secretas y a sus familiares se les negó toda información. Excepto por un puñado de casos, la mayoría no ha sido resuelta hasta hoy por la justicia salvadoreña.

Los años han pasado y la principal necesidad de las familias afectadas por los crímenes del conflicto armado, sigue siendo saber qué le sucedió a sus seres queridos, dónde están, recuperar sus restos y darles una digna sepultura. Durante la guerra y en los primeros años del postconflicto, las familias, especialmente las mujeres -madres, abuelas, hermanas e hijas- asumieron las tareas de búsqueda en prisiones, recintos militares, hospitales, o en supuestos sitios de ejecución o entierro. Muchos las amenazaron, otros simplemente las ignoraron. Esas valientes mujeres eventualmente se organizaron, documentaron las denuncias y enfrentaron al Estado. En suma, juntaron fuerzas del miedo y la debilidad para tomar acción.

Más tarde, los impulsos se agotaron y las respuestas oficiales no llegaron, ni con la paz ni con sucesivos gobiernos de derecha e izquierda. El Estado salvadoreño no asumió su rol en este tema, no existe una política nacional para la determinación del paradero de las personas desaparecidas, ni un mecanismo nacional que atienda esta problemática pendiente. Pero hoy se vislumbran nuevos signos de esperanza.

En los últimos meses organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, junto a comités de víctimas, han retomado los esfuerzos por demandar al Estado salvadoreño acciones concretas para encontrar a las personas desaparecidas.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, afirmó en junio de 2014 que “el país tiene una deuda moral con los desaparecidos y sus familias que debe ser solventada”. Apelando a esta promesa, en junio pasado las organizaciones antes mencionadas le presentaron una carta al presidente, solicitando la creación de una Comisión de Búsqueda, formada por expertos independientes, que incluya capacidades genético-forenses y acompañamiento psicosocial de las víctimas. Esta petición ha dado lugar a un diálogo inicial.

Al mismo tiempo, desde Estados Unidos, familiares de desaparecidos y organizaciones internacionales están pidiendo al Gobierno de ese país que apoye la creación de esta Comisión y que desclasifique archivos con información sobre las operaciones en El Salvador en la década de los 80, que puedan contribuir a la identificación del paradero de los desaparecidos. Los anuncios del presidente Obama sobre la apertura de archivos relacionados con las dictaduras en Chile y Argentina fueron alentadores. No obstante, en ambos casos la iniciativa la tomaron los gobiernos latinoamericanos, y la Administración Obama respondió a las solicitudes. El Salvador debería seguir este ejemplo.

La creación de una Comisión de Búsqueda y el poner a disposición pública la información que obra en manos de autoridades militares o civiles en relación a la suerte de las personas desaparecidas en el conflicto, serían pasos positivos para dar alivio a las familias, pero también para la reconstruir el tejido social y generar credibilidad en las instituciones.

Confiamos en que el Gobierno actual finalmente asuma esta tarea pendiente y concrete la creación de este mecanismo nacional de búsqueda en los próximos meses. La tarea no se vislumbra fácil: la resistencia de las fuerzas armadas y de algunos miembros de la guerrilla no se haría esperar. Sin embargo, las respuestas deben llegar hoy. El tiempo de los familiares se agota.

Leonor Arteaga es experta en justicia transicional en la Fundación para el Debido Proceso, Washington DC.