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El poderoso PCC de São Paulo

La facción más grande sigue luchando por imponerse en todo el país y controlar las rutas de narcotráfico

El poderoso PCC de São Paulo

"Paz, Justicia y Libertad". Con esas palabras, escritas con cal en el campo de fútbol de tierra de la cárcel de Carandiru, en São Paulo, el Primeiro Comando da Capital se presentó ante la población brasileña el 18 de febrero de 2001. Esta fecha marcó la mayor rebelión de la historia del sistema penitenciario brasileño: la banda puso en marcha motines simultáneos en 19 cárceles del Estado. En esa acción conjunta participaron más de 25.000 reos. Hubo cinco reclusos muertos y se puso de manifiesto la existencia un poder de organización inédito en el mundo del crimen en Brasil. Casi 16 años después, el PCC, industrioso, organizado, operativo, se ha consolidado como la mayor banda criminal brasileña, presente en todos los Estados, dentro y fuera de los presidios, y con fuertes conexiones internacionales.

La mentalidad empresarial del grupo hizo que alcanzase una facturación anual estimada de 200 millones de reales [unos 58,7 millones de euros], con sofisticados sistemas de blanqueo de capitales en bancos en China y Estados Unidos. Pero su ambición expansionista, buscando el dominio absoluto del mercado interno de drogas y de las rutas internacionales de narcotráfico en el país, se ha topado con otras facciones, como la Família do Norte, que se ha opuesto al bautismo [reclutamiento] de integrantes del PCC en Amazonas.

Para alcanzar la hegemonía absoluta en el país, la banda ha trabajado para montar una red de contactos y fortalecerse en puntos estratégicos de Brasil: en el norte, el foco son los Estados que hacen frontera con países productores de cocaína, como Bolivia, Perú y Colombia. Y en la región sur y centro-oeste, los Estados que hacen frontera con Paraguay, que produce únicamente marihuana, pero que es un importante enclave para el narcotráfico en Sudamérica. Es precisamente en Mato Grosso do Sul y en Paraná, Estados que hacen frontera con el país vecino, donde la influencia del PCC es más fuerte fuera de São Paulo. De la frontera con Paraguay la banda importa alijos de droga para abastecer el mercado interno en las regiones sureste y sur de Brasil, y también para exportarla a Europa y África.

El tráfico internacional es una de las apuestas del PCC.“La droga se envía dentro de contenedores desde el puerto de Santos [en São Paulo] o Suape [en Pernambuco] con destino a puertos poco controlados en África, Italia o Portugal”, afirma el fiscal Lincoln Gakiya, del Grupo de Actuación Especial contra el Crimen Organizado (GAECO) de la Fiscalía de São Paulo. Gakiya añade que la organización paulista actúa en colaboración con grupos criminales extranjeros en esta tarea, tales como “las mafias italianas, la napolitana Camorra y la Ndrangheta calabresa, además de grupos organizados en África”.

El fiscal Gakiya afirma que la droga comprada en Perú, Colombia y Bolivia es más pura que la obtenida en Paraguay, y consecuentemente “alcanza un precio mejor y tiene más aceptación en el mercado europeo”. Mientras que la cocaína paraguaya se disuelve antes de venderla, la que proviene de estos países todavía puede cortarse [disolverse] hasta cuatro veces para maximizar los beneficios, lo que explica la disputa por el control de la zona.

Mucho antes de la megarrebelión de 2001 organizada por el PCC en São Paulo, las autoridades ya sabían que algo estaba pasando dentro del sistema penitenciario. Desde 1993, un grupo de presos confinados en el anexo de la prisión de Taubaté, en el interior del Estado de São Paulo, gestaban la fundación de una banda criminal al estilo del Comando Vermelho (CV), grupo carioca fundado en los años 1970.

Los expertos indican que la matanza de Carandiru (acaecida en 1992 en São Paulo y en la que los policías asesinaron a 111 reclusos) y los consecuentes malos tratos sufridos dentro del sistema carcelario fueron el detonante para que se fundara el grupo. “111 presos fueron cobardemente asesinados, masacre que jamás será olvidada en la conciencia de la sociedad brasileña (...) porque nosotros, el Comando [PCC], vamos a cambiar la práctica carcelaria, inhumana, repleta de injusticias, opresión, torturas y carnicerías en las prisiones”, reza uno de los artículos de los estatutos del grupo.

La organización fue creciendo conforme aumentaba el número de incorporaciones de nuevos reclutas llevadas a cabo en cárceles hacinadas donde antes imperaba la ley del más fuerte. Uno de los artículos de los estatutos dice que “el Partido [otro nombre del PCC] no admite atracos, violaciones ni extorsiones dentro del Sistema [penitenciario]”.

Además, la organización montó un sistema de amparo para los reos, que incluso prevé el pago de abogados y una ayuda financiera a los familiares. Este seguro paralelo lo sufragan los integrantes, quienes, en libertad, tenían que contribuir con aportaciones de dinero para garantizar el bienestar de los hermanos [término usado por los integrantes de la facción para referirse a su colegas] presos. La cuantía puede ascender a 800 reales [235 euros], dependiendo de la actividad desempeñada en la calle (robo o tráfico).

En 2006 se produjo una nueva demostración de fuerza del grupo. Descontentos por el traslado de cientos de presos, entre ellos Marcos Willians Herba Camacho (alias Marcola, el principal líder de la organización), el PCC organizó una serie de motines y asesinatos contra objetivos del Estado brasileño: policías, enfermeros, médicos…. La acción paralizó literalmente São Paulo.

Sin rivales de peso en su reducto paulista y ofreciendo beneficios y una alternativa a la ley de la selva que imperaba antes, el PCC conquistó sin mucho esfuerzo el monopolio del tráfico de drogas y del crimen organizado en el Estado más grande y rico del país.

En las periferias del Estado, el grupo prohibió los asesinatos sin su consentimiento

En las periferias del Estado, hasta entonces bañadas de sangre, el grupo prohibió los asesinatos sin su consentimiento. El resultado de esta medida, vista por muchos especialistas como la principal responsable del descenso de los homicidios en São Paulo, provocó la creación de los “tribunales del crimen”. Disputas que antes se resolvían invariablemente a base de balas, ahora eran juzgadas por miembros del PCC en un tribunal al margen de cualquier ley que no sea la suya propia; y la sentencia, la mayoría de las veces, dejó de ser la muerte. Pero la lógica por detrás de este mecanismo no es humanitaria: con la disminución de las muertes en las periferias, la policía presiona menos a los traficantes, que se ven libres para llevar a cabo sus negocios en los puntos de venta de droga.

La expansión hacia otros Estados fue el salto natural: gracias a los traslados a penales vecinos, su ideología se propagó entre la población reclusa del país. Además de ampliar su número de integrantes, el PCC firmó alianzas con otros grupos, como el Primeiro Comando do Maranhão y el Primeiro Grupo Catarinense, entre otros. En Río, hasta finales del año pasado, el socio de la facción paulista era el Comando Vermelho. Ahora la guerra a tres bandas puede traer fatales e imprevisibles consecuencias al país.

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