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Y los cuarteles se abrieron en Michoacán

Tres momentos clave en el estado del Pacífico mexicano impulsaron la ofensiva contra los cárteles en el sexenio de Calderón

Felipe Calderón se viste de militar en Michoacán.
Felipe Calderón se viste de militar en Michoacán. Cuartoscuro

Al principio fueron unas cabezas cortadas, luego un desplegado en el periódico y entretanto narcomantas colgando de los puentes y una sensación de que la situación se descontrolaba. Michoacán acababa 2006 con 661 homicidios dolosos, una cifra que no se veía desde hacía casi una década. El salvajismo de las bandas criminales no tenía límites. Aquel año murieron asesinados 37 mandos policiales en el Estado. De enero a diciembre, los peritos de la fiscalía recogieron 17 cabezas humanas de las calles.

Fue precisamente en diciembre cuando el nuevo presidente de México, Felipe Calderón, resolvió que el Ejército se haría cargo. A semana y media de su toma de posesión, Calderón decidía que los militares serían los nuevos policías de Michoacán, su estado natal. El mandatario envió 4.260 efectivos castrenses a resguardar la seguridad. Viajaron también marinos, policías federales, peritos de la fiscalía general... En total, 6.000 efectivos para frenar la violencia de los cárteles.

El Operativo Conjunto Michoacán supuso el primer acto de la guerra contra el narco en México. Diez años más tarde, el estado costeño cuenta 1.169 casos de homicidio doloso, casi el doble que en 2006. Y faltan los datos de diciembre. A continuación, tres escenas de aquellos primeros momentos de batalla en Michoacán.

Rogelio, 2005

El día en que mataron a Rogelio, Ignacio Mendoza se juntó a almorzar con el presidente municipal de Zamora. "Era un día festivo", dice Mendoza, que entonces era el responsable de la fiscalía estatal al norte de Michoacán. Era, de hecho, el 16 de septiembre, día de desfiles en México en honor a la independencia. "Estábamos el presidente municipal, yo y otras autoridades. Entonces me llamaron por teléfono: 'acaban de matar a Rogelio".

Fue en el restaurante Los Trojes, en Morelia, la capital de Michoacán. Seis balazos de R-15. Rogelio Zarazúa era el director de Seguridad Pública del estado. El jefe operativo de la policía. Aquel día celebraba su cumpleaños con su mujer y otros amigos. Cuatro escoltas vigilaban desde fuera. Era sábado.

Al menos cuatro sicarios llegaron en moto y camioneta. Balearon sin contemplaciones el auto de los escoltas. Mataron a uno e hirieron a los otros tres. Luego entraron al restaurante y dispararon contra Rogelio.

"Yo me salí de la comida", recuerda Mendoza, "y me fui a mi oficina. Concentré al personal porque no sabía qué estaba pasando". Por entonces, asesinar a un alto cargo de la policía estatal resultaba extraño. Y sobre todo alarmante. Si el crimen organizado se atrevía con Rogelio, ¿cuál era el siguiente paso?

"Se sintió muy fuerte", dice Mendoza, "un golpe muy duro para la administración del estado".

Al día siguiente, medios locales y nacionales recogieron las palabras de rabia del gobernador, Lázaro Cárdenas, muy cercano al difunto. Cárdenas dijo que "el crimen organizado" le había "declarado la guerra al Gobierno, al Estado mexicano". Era el 17 de septiembre de 2005.

Días más tarde, el gabinete del presidente Vicente Fox anunciaba que reforzaría el operativo México Seguro en Michoacán. Llegaron cientos de policías a Morelia, que se sumaban a los que ya patrullaban Apatzingán y Aguililla. Era una versión primitiva de la estrategia que impondría el presidente Calderón un año más tarde. "La policía de Fox", dice Mendoza, "ajetreó el avispero en Michoacán. Ahí se rompió la Pax Narca".

Las cabezas, 2006

El piso del bar Sol y Sombra era de azulejos blancos, sombreados, como de cuarto de baño. Un tipo de suelo barato, un regalo para las manchas. Así lo muestran las fotos que tomaron los policías que resguardaban el local aquella madrugada.

"Nos enteramos como a medianoche", cuenta Adán García, que en aquella época, septiembre de 2006, era el corresponsal del diario Reforma en Michoacán. "Agarré mi carro y fui para Uruapan. Serían las dos de la mañana cuando llegué y ya no nos dejaban pasar. La mayoría de reporteros se fue, pero yo me quedé y a la mañana siguiente ya me dejaron entrar". Adán vio el piso de azulejos blancos. El personal de limpieza del bar Sol y Sombra trataba de quitar las manchas a toda prisa. Eran gotas de sangre, pisadas, chorros secos: como si alguien hubiera trapeado con acuarelas rojas.

"Fue el tercer caso de decapitados en México", asegura Adán, "primero la esposa [del narcotraficante] El Güero Palma". Eso fue en 1989. "Luego uno en Acapulco y después los cinco del bar Sol y Sombra en Uruapan". No es del todo así, aunque resulta entendible la confusión: ya han pasado más de diez años. Adán acierta en el primero, pero en 2006 hubo más, bastantes más, una decena hasta finales de julio en todo el país. "Lo que es seguro", dice el reportero, "es que fue el primer evento masivo de decapitados". Ahí acierta.

El economista Carlos Heredia, asesor del gobernador Cárdenas esos años, dice que "los decapitados de Uruapan fueron un punto de inflexión" en la escalada de violencia. "[Los criminales] pasaron de operar entre ellos a ejercer un tipo de control a tres bandas", argumenta, "sobre el territorio, sobre la distribución de drogas y sobre el dinero". Cortar cabezas era una forma de decir 'esto es más mío de lo que piensas'.  

Además de las decapitaciones, Heredia recuerda que una de las bandas de MIchoacán llegó a comprar un desplegado en el diario, prohibiendo a las otras vender hielo. "La metanfetamina", dice Heredia. 

¿Quiénes eran los muertos? ¿Por qué los dejaron allí? Las autoridades identificaron a tres. Uno tenía 19 años y era campesino, otro, un mecánico, contaba 37. El tercero tenía 24 años y estaba desempleado. Nada se supo de los otros dos. Nadie reclamó los cuerpos.

Muchos de los descabezados en el estado ese año se le atribuyeron a La Familia Michoacana, una banda local aliada de Los Zetas que luego se fue por su cuenta. Los de Uruapan, desde luego. La banda criminal dejó una cartulina con un mensaje. "...Solo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente, esto es justicia divina (...) La Familia no mata inocentes".

"Nunca se supo oficialmente por qué los dejaron ahí", dice Adán, "pero supuestamente ahí estaban los del lado contrario".

Carácuaro y Nocupétaro, 2007

A las 8 de la mañana del 3 de enero de 2007, el nuevo presidente de México, Felipe Calderón, aterrizaba en el aeropuerto de Uruapan, a una hora de Morelia. De ahí le llevaron a Apatzingán, a las instalaciones del 43 Batallón de Infantería. El presidente acompañó a la tropa en el desayuno y les alentó en la pelea que mantenían con los grupos criminales desde hacía un par de semanas: "En este gran esfuerzo nacional, en el que ustedes están en la primera línea de batalla, lo que buscamos es detener el avance de la delincuencia". Primera línea de batalla.

Calderón vestía una chamarra militar, con el águila y las cinco estrellas en la solapa. En la cabeza se puso una gorra color verde olivo. Según informó el diario La Jornada, esa era la quinta vez que se reunía con militares de base en menos de un mes como presidente.

Para entonces, los operativos liderados por el Ejército ya funcionaban en Michoacán y Baja California. Ese mismo año se extenderían a Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Durango y Chihuahua.

Cuatro meses más tarde, el Ejército sufría su primera gran emboscada. Fue en Carácuaro, en la región de Tierra Caliente, cerca de Guerrero y el Estado de México. La noche del 1 de mayo, un grupo armado atacó con fusiles y granadas a un convoy militar durante un patrullaje. Murieron cinco militares, un coronel, un sargento y tres cabos.

El Ejército se volcó en la zona. A los días detuvieron a diez personas, cuatro de ellas mujeres menores de edad. Decomisaron armas y drogas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, no tardó en intervenir. Las menores denunciaron violaciones y abusos sexuales por parte de los militares. La CNDH investigó y en septiembre emitió un informe demoledor. La comisión acusaba al Ejército de detenciones arbitrarias, tortura, abuso sexual y violación. 40 personas fueron retenidas sin motivo, ocho fueron torturadas. Abusaron de dos menores y violaron a las otras dos. Las cuatro trabajaban en Nocupétaro, el municipio vecino de Carácuaro.

Carlos Heredia, asesor de Cárdenas hasta el año siguiente, dice que "el contraste entre el plan que proponía el Gobierno de Michoacán y lo que mandó Calderón fue total. Nuestro diagnóstico", argumenta, "era integral: social, de salud pública, de falta de oportunidades, de entender la seducción que ejercían las bandas criminales... No era exclusivamente militar".

Por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón, la CNDH sacó los colores al Ejército. No sería la última.

P.D.: Esto solo fue el principio. Delincuentes arrojarían granadas de mano a una multitud en el centro de Morelia en 2008. El día del grito, el día de la independencia, tres años después del asesinato de Rogelio Zarazúa. Casi una decena de muertos y más de 100 heridos. En 2009, Calderón detuvo a decenas de funcionarios del Gobierno de Michoacán por presuntos vínculos con los grupos criminales. La mayoría quedaron libres pocos meses después. Ignacio Mendoza, que en esa época era el segundo al mando de la procuraduría estatal, fue detenido. Quedó libre sin cargos al poco tiempo.

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