Perú crea un registro público de fosas
Con esta medida, esperada durante décadas por los familiares de las víctimas, el país sigue la senda de Colombia, Nepal y Sri Lanka
El Ministerio de Justicia de Perú acaba de aprobar una norma esperada durante décadas por miles de familiares de víctimas de la violencia desatada en 1980 por el grupo terrorista Sendero Luminoso, a la que respondieron las Fuerzas Armadas y las autodefensas hasta el 2000. El Plan Nacional de búsqueda de personas desaparecidas crea un registro nacional de sitios de entierro (fosas) y establece los mecanismos para buscar los restos de las víctimas del conflicto con el objetivo humanitario de devolverlas a sus parientes.
“Hay una novedad aquí en dar prioridad al ángulo humanitario: se está inventando algo nuevo en Perú, al igual que en Sri Lanka, Nepal y Colombia. Antes los mecanismos centralizados de búsqueda de desaparecidos, en los Balcanes, estaban articulados al Tribunal Penal, con fines de justicia”, explica a EL PAÍS el antropólogo Rafael Barrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Perú.
El plan es necesario para aplicar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobada en mayo de este año, y “la siguiente acción será la creación de la Dirección General de Personas Desaparecidas que estará a cargo del Registro Nacional de personas desaparecidas y sitios de entierro”, informó una fuente del Ministerio de Justicia a EL PAÍS.
El plan aprobado el domingo refiere que hay más de 13.000 desaparecidos en los 20 años de violencia en Perú, pero “no se cuenta con una información precisa e inequívoca sobre el universo de personas” y muchas familias esperan hace 30 años información sobre su paradero.
El tiempo sin respuesta
Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, destaca que algunos familiares mueren sin saber el destino de sus seres queridos. “Hace cinco años falleció José Teodoro, el padre de Robert Teodoro Espinoza, una de las víctimas de La Cantuta. Ezequiel García Rafaelle murió a los 83 años, en 2014, meses antes de la entrega de resultados de ADN de su hijo, víctimas del caso Raccaya”, recuerda.
En 1983, el Ejército asesinó a personas retenidas en una escuela de una comunidad vecina de Raccaya, en Ayacucho, entre ellos 25 niños. En la víspera, el grupo había sido sacado de su pueblo por Sendero Luminoso.
Acerca del número de sitios de entierro, la Comisión de la Verdad y Reconciliación -que investigó los 20 años de violencia- reportó en 2003 que habría 4.644 en el país, pero posteriormente la ONG Comisedh registró 4.051 solo en el departamento de Ayacucho, por lo que se estima que hay más de 6.400 fosas en total.
La norma indica que la entidad a cargo de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas pedirá a las autoridades proteger las fosas para evitar su destrucción.
En Perú, desde 2002 hasta 2016 han sido exhumados 3.528 individuos y han sido identificados 2.084, de los cuales un número menor ha sido restituido a sus familiares para su sepultura. Sin embargo, unos 900 restos recuperados en exhumaciones están almacenados por falta de recursos para aplicar pruebas de ADN e identificarlos.
Nuevo enfoque
La fuente del Ministerio de Justicia comentó que es importante el trabajo preliminar de “mapeo y sistematización de la información que ya existe, para saber a quiénes encontrar y cómo trabajar cada caso”.
Por su parte, el experto del CICR en personas desaparecidas precisó que a la fecha hay información “organizada para demostrar la veracidad de la victimización” sufrida por los desaparecidos, pero el Registro de Víctimas de la Violencia “no fue hecho para buscar a dichas personas sino para dar reparaciones a los familiares”.
Barrantes también remarca que no existe un mapeo de la probable ubicación de los desaparecidos: “la información no está organizada por criterios para buscar a las personas, hay que hacer una base de datos con otras variables: aquí se está inventando algo muy nuevo con las instituciones públicas”, agregó. El Ministerio Público participará en la fase de las exhumaciones.
El plan de búsqueda de desaparecidos prevé realizar las tareas con el consentimiento informado de los parientes, apoyo en salud mental y en la lengua materna correspondiente. El informe final de la Comisión de la Verdad determinó que el 75% de los muertos y desaparecidos tenían al quechua como lengua materna, y otro de los grupos étnicos más afectados fueron los ashaninkas. Además, demostró que las fuerzas del orden usaron criterios étnicos y raciales en los momentos más agudos del conflicto para identificar a presuntos subversivos. En Ayacucho, el departamento con el mayor número de fosas, el 68% es quechuahablante.
Varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenan al Perú, en casos de masacres cometidas por las fuerzas del orden, localizar los restos de los desaparecidos. Uno de ellos es el caso La Cantuta, en el que el Grupo Colina (del Ejército) asesinó a nueve estudiantes y un profesor de una universidad de Lima en 1992, durante el Gobierno de Alberto Fujimori: sin embargo, hasta la fecha cinco de esas víctimas aún no han sido localizadas.
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