Brasil limita el gasto público para los próximos veinte años

Brasil dio este martes luz verde al ajuste fiscal más severo de su historia reciente: desde que se aprobó su actual constitución, en 1988, no se había visto una medida tan contundente como la que se hasta ahora se conocía como la PEC 55; el objeto de las manifestaciones en las últimas semanas y el proyecto estrella del Gobierno de Michel Temer: la reforma que rebaja dramáticamente el techo de los gastos públicos durante los próximos 20 años. Esta enmienda a la constitución fue aprobada por el Senado por 53 votos -solo cuatro más de los mínimamente requeridos para alterar la carta magna- y 16 en contra, tras un proceso de más de mes y medio de pasos en falso y polémicas.

A partir del año que viene, las inversiones públicas quedarán limitadas durante cinco legislaturas: solo se podrán aumentar los gastos lo que aumente la inflación. La considerable administración brasileña no podrá ni subir el sueldo a sus trabajadores, ni contratar funcionarios nuevos ni conceder incentivos fiscales si no se ciñe a sus objetivos. En las dos áreas más sensibles, educación y sanidad, este límite solo entrará en vigor en 2018, pero no por ello deja de suponer un cambio existencial en la Administración brasileña. Hasta ahora, su Constitución establecía un piso de gastos en estas materias, no un techo.

Lo apretado de la votación es reflejo de una situación cada vez más innegable: el Gobierno de Michel Temer, que llegó al poder en agosto solo después del impeachment a Dilma Rousseff, no tiene la autoridad calculada. Este Ejecutivo había intentado presentarse como uno de sensatez y responsabilidad fiscal, una medicina amarga pero necesaria para que el país salga de la grave crisis económica que atraviesa. Pero desde entonces no ha sido capaz de evitar el torrente de acusaciones de corrupción que salpican a cada vez más de sus miembros. Así, ha llegado al día de la votación desgastado, con una popularidad de un 10% según la última encuesta de Datafolha (cuando asumió el poder, el Gobierno tenía una popularidad ya baja del 14%) y muchos senadores que ya habían mostrado lealtad a la PEC 55 han aprovechado para escenificar su desacuerdo. “Tampoco teníamos que ganar de penalti: no hemos ganado de 5 a 0 pero hemos ganado de 5 a 3. Lo importante es que hemos ganado”, se consolaba Romero Jucá, el líder del Gobierno en el Congreso.

Antes de que se comenzara a votar, la minúscula bancada de la oposición ya avisaba que iba a recurrir el resultado al Tribunal Supremo. La verdad es que hasta ahora ninguno de los muchos intentos de llevar la cuestión al Tribunal Supremo ha llegado muy lejos, pero la izquierda insiste en que la nueva ley es inconstitucional. “Es una insensatez: la Constitución ciudadana ha dejado de proteger a sus ciudadanos”, lamentaba Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores.