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Los socialdemócratas ganan las elecciones en Rumanía pese a sus condenas por corrupción

El PSD busca la manera de formar Gobierno al estar su líder, Liviu Dragnea, inhabilitado para primer ministro por un delito de fraude electoral en 2012

El líder del Partido Socialdemócrata rumano, Liviu Dragnea (C), en Bucarest, este domingo.

Pese a sus escándalos, el Partido Socialdemócrata (PSD) se ha impuesto en las elecciones parlamentarias en Rumanía del domingo. Ni las imputaciones por sobornos y comisiones de numerosos de sus miembros; ni las condenas por corrupción a muchos de sus líderes —entre ellos el presidente del partido— le ha pasado factura. Tampoco la tragedia derivada del mortífero incendio de la discoteca Colectiv de Bucarest, que hizo caer hace un año al Gobierno del socialdemócrata Ponta. En una campaña electoral marcada por los escándalos de corrupción, el PSD se ha hecho con la victoria gracias a un programa muy social y a su gran músculo en la Rumanía envejecida y rural.

En un país de unos 20 millones de habitantes que ve que, pese a que ha logrado salir de la recesión y su economía crece al 5% anual, los salarios de la mayoría siguen siendo bajísimos —el medio es, con suerte, 420 euros al mes, pero muchos ganan apenas 300—, se ha impuesto el programa del PSD, basado en un aumento de las pensiones y sueldos, una reforma del sistema de tasas para hacerlo progresivo, la construcción de hospitales, escuelas y ayudas sociales. La formación socialdemócrata —a la que fueron a parar tradicionalmente muchos de los antiguos funcionarios y personalidades de la época comunista tras el ajusticiamiento en 1989 del dictador Nicolae Ceaucescu— ha logrado el 45% de los sufragios, según datos oficiales. Mientras, el Partido Nacional Liberal (PNL) del presidente Klaus Iohannis ha obtenido menos del 20%. El PNL había apoyado al actual primer ministro, Dacian Ciolos, un independiente excomisario europeo de Agricultura, que encabezó el Gobierno de tecnócratas que asumió el mando tras la grave crisis política de hace un año y que no renovará.

Se abre ahora una etapa complicada y de incertidumbre en el país, miembro de la UE desde 2007 y uno de los que más fondos estructurales ha recibido —unos 26.000 millones de euros en diez años—. El PSD ya ha anunciado que tratará de formar una coalición con los centristas de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), con la que tendrían mayoría parlamentaria. Sin embargo, aún no ha propuesto oficialmente el nombre de un primer ministro. Su presidente, Liviu Dragea, teóricamente no podría serlo según la ley rumana ya que ha sido condenado a dos años de cárcel por fraude electoral en los anteriores comicios (2012). Sin embargo, ya ha insinuado que después del “enorme trabajo y responsabilidad que ha tomado en la campaña” no desea ceder el testigo a un compañero. Su nominación abriría una importante crisis. No solo por el simbolismo del gesto, también porque el presidente Iohannis ha declarado que no encargará la formación de Gobierno a ninguna persona condenada o imputada por corrupción.

El PSD tendría que buscar un poco en sus filas. No solo es Dragea o el ex primer ministro Ponta, imputado por corrupción y blanqueo de capitales, su partido ha sido de los más tocados por las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción —pese al resultado electoral, la institución más valorada del país—, que ya ha manifestado su preocupación por que los socialdemócratas, que han atacado duramente a su jefa, legislen para bloquear y entorpecer sus investigaciones.

No obstante, en un país en que la corrupción es algo muy generalizado en toda la Administración —un ejemplo: el 15% de diputados elegidos en las elecciones de 2012 está imputado o condenado por ese delito—, los ciudadanos se han demostrado cansados y desengañados con los escándalos con los que se despiertan día a día. Con ese hastío han decidido no salir a la calle, como hicieron hace un año, cuando la tragedia del Colectiv —que ha segado 62 vidas, 30 en el incendio y 32 por las heridas o las infecciones hospitalarias— despertó las inéditas protestas ciudadanas en el país que derribaron el Gobierno. Por el contrario, han preferido no acudir a las urnas en estas elecciones en las que la participación no ha rozado el 39,5%.

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