El Tribunal Supremo decide si May puede activar el Brexit sin el Parlamento

El Gobierno británico de Theresa May sigue insistiendo en que el calendario del Brexit es inamovible, pero en realidad esa decisión sobre el proceso de divorcio de la Unión Europea está desde este lunes en manos del los once jueces del Tribunal Supremo. La más alta instancia judicial del Reino Unido ha iniciado la vista para decidir si el Ejecutivo tiene el derecho de activar el artículo 50 sin contar con el Parlamento, o bien precisa antes de la sanción de los diputados. Del veredicto, que se conocerá en enero, dependerán no sólo los plazos sino también las condiciones finales para la salida de Europa.

La causa legal, una de las más politizadas de los últimos años porque afecta a los sentimientos pro y antieuropeos, responde a la apelación del Gobierno contra una sentencia emitida en noviembre por el Tribunal Superior de Londres, exigiendo el voto del Parlamento para poner en marcha el mecanismo de salida de Europa. Ese paso previo no sólo dificultaría el empeño de May en invocar el artículo 50 antes del 31 de marzo, sino que sobre todo permitiría a los diputados (mayoritariamente defensores de la permanencia en la UE) imponer condiciones en pro de un “Brexit blando”.

Los parlamentarios concedieron al público británico el voto sobre el desengarce de la UE cuando aprobaron la ley sobre el referéndum del pasado junio, y sería ilógico reclamar ahora que esa decisión les compete a ellos, ha sido uno de los argumentos presentados por el fiscal general Jeremy Wright en nombre del Gobierno. Su intervención ha protagonizado la primera de las cuatro jornadas de sesiones previstas a lo largo de la semana, en un ambiente de gran tensión atizada por la prensa más conservadora. “No desafíen a la gente”, clamaba el Daily Telegraph contra los jueces del Supremo, calificados directamente por el Daily Mail de “enemigos del pueblo”.

El propio presidente del alto tribunal, lord Neuberger, se ha visto forzado a subrayar la imparcialidad de los magistrados que algunos medios ponen en cuestión, al tiempo que lamentaba las “graves amenazas, incluso violentas” recibidas por las personas más directamente relacionadas con el caso. El principal blanco de las iras son la gestora de inversiones de la City Gina Miller y el peluquero Deir Dos Santos, dos ciudadanos de a pie artífices de la demanda ante el Tribunal Superior de Londres que procuró el revés al Gobierno May en noviembre.

Dos Santos, británico de origen brasileño, votó a favor del Brexit en el plebiscito de junio, pero meses más tarde quiso contestar ante los tribunales la decisión de la primera ministra de actuar de espaldas al Parlamento. Ese es el mismo argumento que esgrimen los líderes de los partidos de la oposición. Ni los laboristas ni los nítidamente proeuropeos del Partido Liberal Demócrata cuestionan que el Brexit deba ejecutarse, habida cuenta el voto favorable de un 51,9 por ciento de los ciudadanos. Pero tambien subrayan que aquel referéndum no versaba sobre las condiciones del desanclaje de Europa. En otras palabras, que está por ver si una mayoría de británicos apuesta por las consecuencias del “Bexit duro” que dice defender Theresa May, aunque haya suavizado su posición en los últimos días.