La herencia perdida del rey del hachís

Fue el icono de la ostentación de los narcotraficantes gallegos, también conocido como Falcon Crest, el caballo de batalla de las madres contra la droga y el primer embargo judicial a un narcotraficante en España. Ocho años después de que el Estado vendiera el Pazo de Baión a la cooperativa Condes de Albarei, por 15 millones de euros, este latifundio, el mayor dedicado a la plantación de vino albariño en Galicia, es hoy un referente del enoturismo internacional.

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Un cambio exitoso de concepto de negocio que va más allá de la elaboración del vino con la marca Pazo de Baión que veinte años antes había catapultado a su antiguo dueño como el primer gran viticultor gallego de la época hasta que el blanqueo de dinero afloró como el plan oculto de Oubiña y fue el principio del fin para el rey del hachís.

Bajo la denominación de origen Rías Baixas, la cooperativa produce 40.000 botellas que ya se comercializan en 20 países de Europa, EE UU y Asia. Desde que la bodega abrió sus puertas en 2010, con la salida al mercado de la marca y después de dos años de reformas en las instalaciones, esta imponente mansión ha sido un ir y venir de famosos gourmets pero también de prestigiosos arquitectos, especialistas en interiorismo y paisajismo por lo que no ha parado de recibir galardones. Los Premios de Enoturismo Rutas del Vino de España le acaban de considerar "uno de los paisajes más espectaculares en el panorama vitivinícola mundial", aunque el futuro del pazo ya enfila el proyecto inspirado en la exclusiva cadena hotelera Relais & Château.

Situada en el corazón del Valle del Salnés, con 28 hectáreas de terreno, la finca perteneció a varias generaciones de aristócratas hasta que la descubrieron unos empresarios vinculados a la compañía de Jesús que trajeron los viñedos directamente del Rin, pero pronto la vendieron y cayó en manos del famoso capo gallego. La Audiencia Nacional había puesto el ojo en la propiedad desde 1990, cuando Oubiña cayó en las redes de la Operación Nécora, aunque fue su primera condena por narcotráfico y la arrebatada fuga a Grecia la que puso en marcha la maquinaria para ser incautado y vendido al mejor postor en 2008.

Bajo la denominación de origen Rías Baixas, la cooperativa produce 40.000 botellas que ya se comercializan en 20 países de Europa, EEUU y Asia

La cooperativa, de 400 socios, compitió en la puja con otras conocidas firmas del sector, como Freixenet o Marqués de Riscal, doblando el precio de salida en la subasta pública que convocó el Plan Nacional sobre Drogas. Una rentable operación tanto para la cooperativa como para el Estado, que por fin se quitaba de en medio una larga administración judicial.

El concurso de adjudicación se reguló por un novedoso convenio que exigía a los nuevos propietarios el compromiso de destinar el 5% de los beneficios anuales de la comercialización del vino para programas de reinserción de drogodependientes y la contratación de extoxicómanos en temporada de vendimia. Unas cuotas que la cooperativa ya ha superado con más de 1.000 jornadas de empleos anuales y 200.000 euros en donaciones para la causa.

Pero la batalla de Oubiña contra el Estado no ha terminado. El traficante de hachís más castigado en España sigue librando desde la cárcel su larga cruzada en los tribunales que todavía no han dado su último veredicto. Un proceso en el que sus dos hijas reclaman una indemnización como herederas de su madre, Esther Lago, fallecida en accidente de tráfico en 2002, y única portadora de las acciones del pazo del que también eran dueñas dos sociedades panameñas fantasma que en 1987 pagaron 138 millones de pesetas, (unos 830.00 euros).