Bolivia declara emergencia nacional por la sequía

El Gobierno boliviano declaró este lunes una "emergencia nacional" por la grave sequía que afecta al país y que tiene su peor manifestación en la falta de agua potable en varias capitales, en particular en la sede del Gobierno, La Paz. Esta decisión permitirá que los repartos estatales empleen fondos inicialmente reservados para otros asuntos en la solución de la crisis.

El presidente Evo Morales anunció la formación de comisiones ministeriales encargadas de la perforación de pozos y de la conexión de los sistemas de agua potable con nuevas fuentes de agua, con el propósito de paliar la carestía que se vive en Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre y, sobre todo, en La Paz. En esta ciudad, cien barrios —con alrededor de 400.000 habitantes— tienen un acceso mínimo o ningún acceso al líquido elemento desde hace 11 días, a causa del vaciamiento de las represas que les sirven y que se alimentan de las lluvias.

El Gobierno ha informado de que, pese a estos esfuerzos, no hay una solución de corto plazo para el problema, pues el país enfrenta su peor sequía desde la década de 1980, como resultado de la ocurrencia, este año, del fenómeno de El Niño. Hasta ahora las precipitaciones han llegado a sólo el 10% de lo que suele ser normalmente.

Hace unos días, Morales despidió al responsable de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS), la empresa estatal responsable del suministro de agua potable en La Paz, por no haber previsto con anticipación lo que podía suceder. EPSAS sólo lanzó la alerta y comenzó el racionamiento (que en los hechos funciona como un corte del servicio) hace un par de semanas.

Quienes más están sufriendo la crisis son los habitantes de los barrios nuevos de La Paz, situados al sur de la ciudad, que en general son los vecinos más acomodados y menos organizados. El domingo por la noche unas 5.000 personas (3.000 según la autoridades) salieron con recipientes vacíos y marcharon por las calles de sus barrios gritando "Agua sí, Evo no", y otras consignas en contra del Gobierno. Aunque en la protesta no participaron líderes políticos, la oposición difundió la convocatoria y las fotografías de la marcha en las redes sociales.

Se acusa a Morales de haber entregado la dirección de EPSAS a dirigentes vecinales afines a su movimiento, los cuales, se argumenta, no actuaron de forma técnica sino política. EPSAS fue nacionalizada en 2007, un año después de la llegada al poder de Evo Morales. Desde entones atravesó por diversos problemas administrativos y fue intervenida por las autoridades nacionales.

La clase media paceña, que por ahora es la víctima más directa de la sequía, se encuentra enfrentada al Gobierno desde hace tiempo por diversos motivos: el rigor de los cobros tributarios a los que trabajan "en blanco"; la política salarial, que tiene un sesgo a favor de los más pobres, y el deseo de Morales de volver a postularse para un cuarto mandato en las elecciones de 2019. La Paz votó mayoritariamente en contra de Morales en el referendo por la reelección de febrero, que el presidente terminó perdiendo en el conjunto del país. En cambio, El Alto, la ciudad que reúne a los barrios populares de la metrópoli paceña, apoyó a Morales.

El presente conflicto del agua parece haber sellado el divorcio entre el presidente y los paceños de clase media. Las redes sociales y las conversaciones cotidianas están llenas de memes, chistes y sobre todo expresiones de ira en contra de EPSAS y el Gobierno. La gente reclama a las autoridades por echarle la culpa del problema al "imperialismo", lo que suelen hacer respecto a otras cuestiones.

También hay críticas a las actividades del presidente, que intenta seguir cumpliendo su agenda normal de inauguración de obras y de apoyo al deporte, lo que muchos paceños ahora consideran insultante. El Ministerio de Comunicaciones ocupó los medios con mensajes sobre una "cumbre de comunicadores indígenas", mientras en la principal ciudad del país la gente hacía largas filas para esperar camiones repartidores de agua. Varios columnistas coincidieron en decir, el pasado fin de semana, que el Gobierno había "perdido el sentido de la realidad".