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Ni vasos de cristal, ni vajilla de loza, ni cubiertos de metal. Prácticamente todo es de plástico para evitar intentos de suicidio. Así es la cocina del único refugio de emergencia para mujeres amenazadas de muerte y víctimas de la violencia de género que existe en los territorios ocupados palestinos. Puertas sin pestillos, ventanas enrejadas y hasta cinco mujeres que, por turnos, cuidan y vigilan a las internas, son otras medidas preventivas que toman en el centro.

Dima Nashashibi, conoce muy bien el calvario por el que pasan las víctimas de lo que llama “un tumor cultural” que hay que extirpar. Es la directora de esta casa de acogida donde se refugian las que logran salir de su calvario, y lleva décadas ocupándose de la violencia contra la mujer en general y de los conocidos como crímenes de honor en particular, una lacra culturalmente muy extendida en Oriente Próximo que tiene sus raíces en la costumbre y en la diferencia de educación entre hombres y mujeres en este tipo de sociedades patriarcales en las que existe un abismo de género, entre lo permitido o socialmente aceptable para ellos y para ellas.

Las mujeres, en muchos casos, llegan al matrimonio siendo aún niñas y algunas directamente a enlaces arreglados entre los patriarcas de las familias. Ir contra la unión pactada, verse a escondidas con un novio, ser sospechosa de adulterio o denunciar al marido por maltrato son las situaciones que más comúnmente dan lugar a que los familiares, generalmente varones, tomen la decisión de "limpiar el honor" asesinándolas.

Como Nadia (nombre ficticio por razones de seguridad), una joven viuda que llegó con lo puesto, amenazada de muerte por su entorno, que la acusaba de tener novio; algo socialmente inaceptable para los sectores más conservadores. Ha pasado tres semanas en el refugio. Tres semanas de complicadas negociaciones para que la readmitieran en casa sin represalias. “Su caso fue especialmente difícil porque existía la amenaza de su familia y la de la familia de su difunto marido. Además creían que estaba en un prostíbulo”, explica Dima.

El refugio en el que, como Nadia, terminan algunas de estas mujeres amenazadas de muerte, es una vieja construcción de los años sesenta, de una sola planta, con jardín y rodeada por una tapia de unos tres metros de altura. Está en Jericó, en un entorno semidesértico que, por motivos de seguridad, muy pocos conocen. “Lo mantenemos en secreto para evitar que familiares o allegados traten de secuestrarlas o matarlas. Por eso aquí tampoco pueden utilizar el móvil ni acceder a internet. Ni los vecinos saben que esto es un centro de acogida”, explica Dima mostrando las cámaras y medidas de seguridad del recinto.

La casa, que depende del Centro de Mujeres para Ayuda Legal y Asesoramiento (una ONG con sede en Ramala, WCLA, por sus siglas en ingles), cuenta con dos habitaciones comunes, en las que pueden convivir hasta ocho mujeres, dos baños, un patio para hacer ejercicio y un jardín con columpios además del pequeño cuarto de las supervisoras y el despacho que comparten Dima y Amina, la trabajadora social encargada de evaluar la gravedad de los casos. Ambas están de guardia las veinticuatro horas. “Nunca apagamos el teléfono. Nuestros casos siempre son graves así que, actuar rápido, es cuestión de vida o muerte”, cuenta Dima. Trabajan codo con codo con la división de familia de la policía palestina y con las diez unidades regionales de protección familiar del Ministerio de la Mujer palestino.

Los avisos suelen llegar a través de los trabajadores sociales locales o de ONG con las que colaboran. Como Sawa, que tiene un teléfono de emergencia gratuito, el 121. “Les proporcionamos ayuda psicológica y legal pero también ropa y útiles de primera necesidad porque llegan sin nada”, puntualiza Amina.

Ley obsoleta

A las barreras culturales que impiden el desarrollo de la mujer hay que sumar la obsoleta ley en vigor. A pesar de que el presidente palestino, Mahmud Abbas, la enmendó en 2011 para dejar sin efecto un artículo que exoneraba de culpa a los maridos que asesinasen a su mujer en caso de adulterio, lo cierto es que, según denuncian las asociaciones de mujeres, cuando se trata de ‘crímenes de honor’, los tribunales siguen apelando a la costumbre e imponiendo penas mínimas, de apenas unos meses. “Hace falta un nuevo Código Penal pero también educar en la igualdad. Es muy difícil para una mujer sobrevivir sola en nuestra sociedad por eso, la mayoría, no denuncia y nuestra primera opción es mediar con la familia para que regresen con seguridad”, explica Dima.

Para ello tienen un mes. Si en ese tiempo no logran solventar el problema derivan a la afectada una de las dos casas de acogida para casos no urgentes que hay en Cisjordania: en Beit Sahour y en Nablus. En Gaza hay una única casa para cubrir las necesidades de la franja. Aun así, reconoce Dima, es imposible garantizar que mujeres como Nadia, cuando regresen no sean asesinadas.

Hablar de los llamados ‘crímenes de honor’ en los territorios palestinos es un tema tabú al que pocos llaman por su nombre porque amplios sectores de la sociedad los aprueba. Son, como apuntan las asociaciones que lidian a diario con el problema, actos de violencia contra la mujer: agresiones, homicidios, acoso. “No hay honor” en ningún asesinato, remarcan.