¿Puede Donald Trump activar el botón nuclear?

El botón nuclear es en realidad una tarjeta que guarda todos los códigos para activar el lanzamiento de la bomba atómica. El presidente de EE UU está acompañado en todo momento de un miembro del Ejército que lleva la maleta con toda la información necesaria para llevarlo a cabo. El militar que transporta esos datos viaja con el mandatario en el Air Force One, en el vehículo presidencial y se aloja en el mismo hotel o residencia cuando no está en la Casa Blanca, siempre bajo protección del Servicio Secreto. La maleta, según el libro Breaking Cover, incluye un manual con todas las opciones de ataques, los búnkeres donde se puede proteger al presidente y un mecanismo para verificar la identidad del mandatario en el caso de querer activar el lanzamiento.

EE UU tiene desplegadas cerca de 900 cabezas nucleares entre 10 y 20 veces más poderosas que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, y listas para ser activadas. Según explica Bruce G. Blair, experto en seguridad nacional de la Universidad de Princeton, “con una sola llamada de teléfono, el comandante en jefe tiene virtualmente un poder ilimitado para activar las armas nucleares en cualquier momento”. Blair asegura que el presidente no necesita el consejo ni la aprobación del Senado ni sería cuestionado por el Tribunal Supremo. El proceso, sin embargo, implica toda una serie de mecanismos en los que están involucrados los líderes del Pentágono encargados de alertar al presidente de cualquier amenaza y preparar después la respuesta que él, en este caso Trump, considere adecuada.

Trump ha rebajado su promesa de construir un muro en la frontera con México desde que ganó las elecciones, admitiendo que en algunas zonas será “solo una valla”. Para lograrlo, necesita que el Congreso apruebe el presupuesto multimillonario que costaría completar la construcción. El presidente también necesitaría el respaldo del Congreso para cambiar la política de seguridad en la frontera, por ejemplo, incrementando el número de agentes destinados allí, porque supone un aumento del presupuesto destinado a este objetivo.

La política de deportaciones depende del Departamento de Seguridad Nacional y el presidente tiene la potestad de decidir cómo se aplica. Del mismo modo que Obama ordenó que se diera prioridad a la deportación de indocumentados con antecedentes penales —como ahora promete Trump—, el presidente electo puede estrenar su cargo pidiendo que se aplique la orden de deportación de cualquier indocumentado. El republicano podría anular asimismo el decreto por el que Obama concedió un permiso temporal de residencia y empleo a jóvenes indocumentados que han estudiado en EE UU. Solo necesitaría aprobar una orden ejecutiva que rescinda la normativa actual.

El hecho de que la ley conocida como Obamacare fuese aprobada por las dos Cámaras legislativas supone que, para derogarla al completo, los republicanos necesitan una supermayoría en el Senado, un mínimo de 60 votos, con la que no cuentan (el 8 de noviembre sumaron 51 escaños). Esto dificulta que Trump elimine la legislación al completo, pero los republicanos sí pueden hacer desaparecer algunas secciones, como las ayudas para personas que vivan por debajo del límite de la pobreza o los subsidios que sirvieron a millones de estadounidenses de clase media para adquirir pólizas.

Trump prometió durante la campaña que “aprobaría las técnicas de ahogamiento simulado” e incluso “cosas mucho peores”. La Administración Obama firmó un tratado que prohíbe la tortura y otros castigos degradantes considerados ilegales bajo la legislación estadounidense e internacional. En 2009, también había firmado una orden ejecutiva que ponía fin a los abusos cometidos durante la era Bush. Trump podrá firmar un decreto similar nada más asumir el poder que indique exactamente lo contrario.

Obama ordenó cerrar la prisión que todavía alberga a 60 detenidos en la base militar estadounidense en Cuba. Trump no solo ha indicado que quiere mantenerla abierta, sino que quiere además “llenarla de tipos malos”. En este caso, cuenta con el apoyo de las mismas mayorías en el Congreso que se opusieron a la iniciativa del mandatario demócrata.

Trump tendrá en sus manos el programa de lucha antiterrorista que, por iniciativa del presidente Obama, ha expandido los ataques con drones en el extranjero, incluidos los que tienen como objetivo a ciudadanos estadounidenses. El mandatario republicano podría utilizar las mismas justificaciones legales para llevar a cabo tales ataques sin consultar con el Congreso (alegando que garantizan la seguridad nacional del país) e incluso ir más allá, dado que se puede apoyar en órdenes de actuación internas, no en normativas impulsadas por el poder legislativo.