El anillo de Frodo

El voto de confianza obtenido el jueves por Puigdemont es varias cosas a la vez. Ante todo, es la culminación de la investidura del actual presidente, improvisada en el límite de la convocatoria de nuevas elecciones el pasado 10 de enero ante el veto de la CUP a una continuación de Artur Mas. Nueve meses después aquella decapitación, a mitad de camino de los 18 meses de plazo para culminar el proceso, el ex alcalde Girona ha hecho su auténtico discurso de investidura y ha revalidado, tal como se había propuesto, su presidencia.

La decisión de someterse a una votación de confianza a plazo, ante la negativa de la CUP a validar los presupuestos, era el reconocimiento implícito de que se trataba de un presidente a prueba. Ahora ya no lo es. Ha salido aprobado, con lo que así se cierra también, y definitivamente, cualquier posibilidad de resurrección presidencial de Artur Mas. Si hay que disolver el Parlament en los próximos meses porque la relación con la CUP sufre un nuevo percance, o dentro de un año como está previsto, a nadie le pasará por la cabeza recuperar la figura del presidente que fue el líder imprescindible y el mayor activo del Procés.

La confianza obtenida por Puigdemont es también el regreso a la casilla de salida: hay que repetir de nuevo todo lo que se ha hecho hasta ahora. Primero habrá que intentar otra vez el referéndum legal, a continuación habrá que intentar el unilateral, bautizado ahora de vinculante para evitar que aparezca como ilegal, repitiendo por tanto el camino que ya recorrió Artur Mas. Y si no sale nada de esto habrá que volver a disolver y a elecciones, como hizo Mas, aunque esta vez quizás se enmascararán de constituyentes así como las anteriores se maquillaron de plebiscitarias, siendo siempre y en todos los casos meramente autonómicas.

Hay muchas dudas de que se pueda hacer bien alguna vez lo que solo puede salir si se hace mal. Pero este es el reto que se ha impuesto Puigdemont a sí mismo, remachado por su empeño en demostrar que hay una legalidad catalana que puede nacer por generación espontánea de la legalidad española en la que puede caber lo que no cabe en la legalidad matriz. Las leyes de desconexión que se propone el bloque independentista son la improvisación de una reforma de la Constitución española desde el parlamento catalán, con la que se modifica no tan solo el estatus de Cataluña sino el de España entera sin participación alguna de las instituciones y de los ciudadanos españoles. A saber quién podrá admitirlo y reconocerlo, dentro y fuera.

La nueva hoja de ruta cuenta con una base política de geometría nueva y claramente escorada hacia la izquierda. En la de Artur Mas su Convergencia todavía caminaba de la mano de Unió, esta última siempre un paso atrás en la marcha de la pareja, partidaria del pacto fiscal ante el derecho a decidir y del derecho a decidir ante la independencia. Se mantenía también una cierta relación dinámica con el PSC, a partir de su intento de evitar que el derecho a decidir fuera simplemente un eufemismo para el derecho de autodeterminación y comprendiera todavía la consulta sobre una reforma constitucional o estatutaria.

En el actual trayecto, la CUP es la que completa la base parlamentaria insuficiente de Junts pel Sí. Sin ella no hay confianza ni presupuestos, el instrumento imprescindible para dotar de contenido social al proyecto nacional. Y la zona de apertura la proporciona Catalunya Si Que Espot, partidaria del derecho a decidir, que ya ha adelantado una fórmula perturbadora para el referéndum, pero interesante para ampliar su base, consistente en preguntar por la República Catalana en vez del Estado independiente. Nótese que una tal formulación da amplios márgenes a la ambigüedad —al igual que el Estado propio los daba en 2012 cuando todo empezó— en lo que se refiere a la relación con España: la república puede ser confederada, federada o independiente. No da márgenes en cambio en cuanto a la jefatura del Estado: nadie entendería que una república catalana formara parte de la monarquía española. Y con ello hace un guiño al republicanismo de todas las Españas: se puede mantener la dichosa unidad si desaparece la monarquía.

Esa confianza obtenida por Puigdemont el jueves parece poca cosa, pero ya se ha visto que dentro de este tipo de envoltorios tan pequeños cabe mucha sustancia. Desde el punto de vista temporal da para un año entero, que en política es una era geológica. Durante este tiempo, Puigdemont tendrá en su mano el bien más preciado y poderoso que puede tener un gobernante, un objeto metálico pequeño y frío que cierra y abre puertas y concretamente las de la disolución del parlamento. En un año, el próximo apalabrado, se definirá, además, la nueva geometría del poder en España y sabremos todos con qué fuerza entra cada una de las propuestas vigentes —estatus quo, tercera vía federalista o independencia— en el debate que sin duda irrumpirá finalmente en el parlamento español después de cuatro años circunscrito a las instituciones y a la calle catalanas.