Refugiados y migrantes: ¿de la crisis a la gobernanza?

El lunes 19 de septiembre pasado la primera cumbre global sobre grandes desplazamientos de refugiados y migrantes tuvo lugar en la sede principal de las Naciones Unidas. En un giro del destino, el hecho que este evento sucediera en Nueva York – ciudad construida por migrantes y que lidiaba simultáneamente con las consecuencias de un ataque terrorista – subrayó una vez más la relación entre migración y amenazas a la seguridad, dos temas que definen nuestra época. 

En el 2015, de 21.3 millones de refugiados – la mitad, niños – solamente 300 mil recibieron reasentamiento; y cerca de dos tercios se concentran en diez países, en condiciones de vida frecuentemente inhumanas. Para administrar los movimientos generados por guerras, violencia y cambio climático – entre otros factores – las normas internacionales actuales sobre refugiados y la discreción dejada a los Estados respecto a los migrantes han demostrado su dramática insuficiencia.

En consecuencia, esta cumbre, la de mayor nivel jamás convocada conjuntamente sobre migración y refugio, constituye el primer intento de creación de una respuesta completa, sistemática y global a estos desafíos. Y aunque este tipo de eventos suele concluir con declaraciones de buenas intenciones hechas en términos demasiado amplios, la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes acordada por 193 Estados miembros ofrece algunos elementos esperanzadores. 

La materialización real de estos objetivos no puede esperar. Sembrar miedo y transformar al forastero en chivo expiatorio no es modo de construir el futuro

En primer lugar, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha sido reconocida oficialmente como una agencia ONU, y trabajará con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la coordinación de la acción colectiva de la comunidad internacional en estos temas. 

Además, se han establecido las bases de dos pactos globales: uno general, sobre migración segura, ordenada y regular; y otro sobre repartición equitativa de la responsabilidad de acogida y de apoyo a los refugiados. Ambos acuerdos deben concluirse en el plazo de dos años.

La cumbre también ha sido un incentivo para el mayor involucramiento de actores indispensables para la implementación de los acuerdos: la sociedad civil – cuya acción puede cambiar la percepción pública respecto de la migración y aumentar el accountability –, y el sector privado. Las alianzas público-privadas son necesarias para crear soluciones prácticas de inclusión, particularmente a nivel local. 

Asimismo, en una época en que los muros fronterizos, la repatriación forzada y la política racista y xenofóbica están debilitando las reglas internacionales en el debate público, el reforzamiento de la retórica humanitaria, el reconocimiento de los beneficios de la migración, y la reiteración de normas existentes – como el principio de no devolución, que prohíbe retornar personas a los países donde sus vidas peligran – son por sí mismos valiosos. 

La Declaración de Nueva York debe ahora ser implementada. Las normas jurídicas y las voluntad política de salvar vidas, respetar derechos y compartir responsabilidad a escala global han de generar resultados. Para que los compromisos legales y políticos de los Estados sean cumplidos, mecanismos que combatan la explotación y el tráfico de personas y promuevan la diversidad, la inclusión y la auto-valencia a través de educación y oportunidades de trabajo deben ser creados. Planes de reubicación, como el lanzado por la Comisión Europea en marzo pasado, deben ser reexaminados, con aumento sustancial de ofertas de reasentamiento y asistencia a las organizaciones sociales involucradas. El compromiso para acoger 360 mil refugiados hecho por cincuenta países en la reunión de líderes mundiales convocada recientemente por el Presidente Obama es un paso positivo – pero la magnitud de la crisis actual demanda otros de una escala aún mayor. 

La comunidad internacional debe generar un sistema que regule grandes desplazamientos humanos, que considere circunstancias geopolíticas y abarque desde la búsqueda y el rescate hasta la integración local. Dada la creciente presión demográfica en muchas naciones, es esencial que los gobiernos comprendan que la estructura de incentivos debe conducir a una responsabilidad compartida efectiva, transformando así a la migración en una oportunidad para la inversión y el crecimiento.  

La acción de miles de voluntarios hacia los migrantes y refugiados, desde las costas griegas o italianas a las estaciones de tren en Alemania o Suecia, y desde el corredor centroamericano a los botes de las ONG o los nados desesperados de simples ciudadanos que intentan salvar a otros, debería empujar a la política a equilibrar de mejor manera el interés natural en la mantención de la soberanía y la seguridad del territorio con los derechos humanos de los migrantes y la obligación internacional de protección respecto a los refugiados. Una planificación global para la migración y el refugio de carácter sustentable y que permita la participación de todos los actores relevantes será el mejor antídoto contra el populismo.  

La materialización real de estos objetivos no puede esperar. Sembrar miedo y transformar al forastero en chivo expiatorio no es modo de construir el futuro para nuestros hijos.

Angelo Martelli es doctorando en Economía Política en The London School of Economics. Twitter: @angelo_martelli

Paz Zárate es experta en Derecho Internacional Público. Twitter: @pyz30