Ankara busca a más de 300 supuestos golpistas huidos

La pasada semana, el ministro de Defensa turco, Fikri Isik, reconocía a la agencia Reuters que 288 militares, de ellos 9 con grado de general, sobre los que pesa una orden de arresto se hallaban huidos, aunque no especificó si todos ellos habían escapado al extranjero. Esta semana, varios medios informaron de que uno de los militares buscados, el vicealmirante Mustafa Zeki Ugurlu, habría solicitado asilo en Estados Unidos. Dicho militar, que trabajaba en el Mando Aliado de Transformación de la OTAN, en Norfolk (Virginia, EEUU), había sido llamado a Turquía el pasado 7 de julio para declarar sobre un caso de espionaje militar ligado a los gülenistas, según precisó el Ministerio de Exteriores turco. El vicealmirante se negó a ejecutar las órdenes y, aparentemente, continuó sus labores en el cuartel de la OTAN: los pasados días 26 y 27 de julio participó en una reunión de trabajo, según se puede comprobar en las fotografías del evento publicadas por la propia web de la organización. En declaraciones a la radio NPR, un portavoz de la Alianza Atlántica explicó que Ugurlu dejó la base de Norfolk el 5 de agosto, pero las autoridades estadounidenses se han negado a hacer declaraciones sobre su petición de asilo.

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Las claves del golpe de Estado en Turquía

El jefe de la diplomacia turca, Mevlut Çavusoglu, informó este viernes de que, desde la fallida intentona golpista, su ministerio ha ordenado a 208 empleados en el extranjero que regresen a Turquía, pero de ellos 32 no lo han hecho y han huido de sus países de destino “por tierra, por barco y por avión”.

“Por ejemplo, convocamos a tres funcionarios de (la legación diplomática en) Bangladés. Dos de ellos escaparon a Nueva York, el tercero volvió a Turquía y está trabajando en la sede central de nuestro ministerio”, explicó Çavusoglu. Otro diplomático del consulado turco en Kazan (Rusia) se ha ido a Japón. Dos agregados militares turcos en la embajada de Atenas han sido captados por las cámaras de seguridad tomando un transbordador hacia Italia junto a sus familias.

En otro caso que ha conocido El País, un empleado de la Embajada de Turquía en el Líbano decidió darse a la fuga tras exigirle Ankara el regreso a casa. Dicho diplomático comunicó a sus colegas de otros países que no iba a cumplir las órdenes alegando que tenía miedo a ser detenido al llegar a Turquía pese a que, según mantuvo, no estaba implicado en el supuesto complot golpista. Por su misiva, se sabe que se ha desplazado a Europa pero no a qué país, informa Natalia Sancha.

“Estamos en contacto con diversos países para conseguir la repatriación de estas personas (huidas)”, explicó Çavusoglu: “El agregado militar de (la embajada turca) de Kuwait quiso escapar a través de Arabia Saudí, pero (los saudíes) nos lo han traído en uno de sus aviones, lo cual agradecemos”. Además, dos generales de brigada de las fuerzas militares turcas que participan en misiones internacionales en Afganistán desertaron y fueron a Dubai, aunque las autoridades de Emiratos Árabes Unidos los han entregado a Turquía. Además, Ankara espera la pronta entrega de los 8 militares que fueron detenidos por la policía helena tras cruzar a Grecia en helicóptero a las pocas horas del fracaso de la sublevación militar.

Una delegación del Departamento de Justicia de EEUU llegará a Turquía el próximo día 22 para tratar con sus homólogos turcos las peticiones de extradición hechas por Ankara, principalmente la del clérigo Fethullah Gülen, que reside en territorio estadounidense desde 1999. Pero probablemente también serán tratados los casos de otros presuntos golpistas o involucrados en la cofradía gülenista que han buscado refugiado en Estados Unidos. Uno de ellos es el exfutbolista del Galatasaray y estrella de la selección turca Hakan Sükür, que también fue diputado del partido gobernante AKP antes de que éste rompiese con Gülen, sobre el que este viernes se emitió una orden de arresto.

Desde el 15 de julio, 35.022 personas han sido detenidas, de las que 11.597 han sido liberadas sin cargo y otras 5.685 permanecen aún bajo custodia en espera de comparecer ante los investigadores –el periodo máximo de detención ha sido ampliado por el estado de emergencia de 4 a 30 días-. Los restantes 17.740 han sido imputados y en su mayoría enviados a prisión de forma preventiva. Entre ellos hay más de 7.000 militares, unos 3.000 agentes de policía y 2.200 magistrados.

Además, según cifras del Ministerio de Interior, unos 76.000 funcionarios y trabajadores del Estado han sido suspendidos de empleo e investigados por sus presuntas conexiones con la red gülenista. Más de 27.000 son empleados del Ministerio de Educación.