Detenciones masivas tras el intento de golpe de Estado en Turquía

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Varios detenidos, mandos de graduación media y baja, ya han sido puestos a disposición judicial, con los cargos de “intento de subvertir el orden constitucional” e “intento de derribar por la fuerza la República de Turquía”. Además, en la mochila de un comandante de la base de la Gendarmería en Bursa se halló una lista con los nombres de las 400 personas que se encargarían de dirigir el estado de excepción en las diferentes provincias, así como de la gestión de las principales empresas y organismos públicos en caso de triunfar la rebelión. Entre ellos hay un cierto número de agregados militares de las embajadas de Turquía en el exterior, según el portal Habertürk.

Pero las detenciones no se limitan a los militares. Dos jueces del Tribunal Constitucional, Alparslan Altan y Erdal Tezcan, fueron arrestado porque “según los primeros indicios actuaban junto a la Junta Militar”. También se han emitido órdenes de arresto contra 140 integrantes del Tribunal Supremo, 48 del Consejo de Estado y 5 de la institución equivalente al Consejo Superior del Poder Judicial en España. Este último organismo anunció además que 2.745 jueces y fiscales serán suspendidos de sus funciones por supuesta relación con la red gülenista. Una decisión que llega después de que miles de togados y policías ligados a esta comunidad religiosa fuesen purgados por las mismas razones.

“El intento golpista tiene huellas gülenistas. Muchos de los líderes del fallido golpe estaban en contacto directo con importantes miembros del movimiento de Gülen. Mucha gente que participó entró en la administración pública con referencias de personas ligadas a los gülenistas”, aseguró a EL PAÍS una fuente del Ejecutivo. Sin embargo, el propio Gülen, en un comunicado, dijo “condenar de forma enérgica” el golpe de Estado. “El Gobierno debe lograrse a través de un proceso de elecciones libres y justas, no mediante la fuerza”, añadió. “Nuestra comunidad no tiene nada que ver con el golpe y nos duele mucho que nos vinculen a él”, afirmó Murat Aksit, miembro de la organización gülenista Fundación de Escritores y Periodistas.

Erdogan volvió a exigir este sábado, en un discurso ante sus seguidores en Estambul, que EE UU “entregue al terrorista” Gülen, quien vive en un autoimpuesto exilio en Pensilvania. “No extraditarlo sería un acto hostil hacia Turquía”, dijo por su parte el primer ministro, Binali Yildirim, a lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, respondió que su país no ha recibido ninguna petición oficial en este sentido: “Invitamos al Gobierno de Turquía a presentarnos cualquier evidencia legítima y EE UU la evaluará”.

Servicios secretos

Varios analistas consultados expresaron dudas sobre el hecho de que los gülenistas hayan podido, por sí solos, lanzar tamaño intento de golpe de Estado. El experto en defensa Burak Bekdil afirmó que le resulta muy extraño que los servicios secretos no conocieran la existencia del plan: “Una posibilidad es que es que supiese del complot pero les dejase actuar para obtener futuros beneficios políticos”. Otras fuentes militares consultadas mantienen en cambio que diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas “no tenían ni idea” de lo que se avecinaba. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el Ejército turco es una enorme maquinaria con un personal superior al medio millón de empleados, soldados y oficiales.

El número de víctimas del intento del golpe de Estado —más de 250 entre civiles, fuerzas leales y sublevados— da cuenta de la violencia con la que se combatió. De hecho, solo ayer se puso fin a los últimos focos de resistencia, en el cuartel general del Estado Mayor y en la base aérea de Akincilar, ambos en Ankara. “Creemos que llevaban tiempo preparándose pero se vieron forzados a adelantar sus planes debido al próximo Consejo Supremo Militar, en el que sabían que iban a ser destituidos”, dijo una fuente gubernamental.

Cuarteles policiales y bases militares resultaron fuertemente dañados por los bombardeos y enfrentamientos armados, y también edificios como el Parlamento, muchas de cuyas estancias y oficinas han quedado en ruina, pese a lo cual los cuatro principales partidos del país se reunieron en él ayer para aprobar una resolución en la que condenaron el ataque “a la voluntad nacional, los diputados y el Parlamento”.