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Valls acude de nuevo al decretazo para la definitiva aprobación de la reforma laboral

Los sindicatos amenazan con más protestas ante la “deriva autoritaria” del Gobierno

Por cuarta vez en esta legislatura, el Gobierno francés anula el voto parlamentario y echa mano del decretazo para sacar adelante una reforma. Es la cuarta prueba de la debilidad del Ejecutivo a causa de la rebeldía de decenas de sus diputados del ala más izquierdista. En este caso, el golpe de mano del primer ministro, Manuel Valls, tiene mayor trascendencia porque sirve para aprobar definitivamente la reforma laboral, la más rechazada en la calle y la que ha causado las más graves tensiones en la izquierda francesa.

Manuel Valls, este martes, en la Asamblea Nacional de Francia. Ampliar foto
Manuel Valls, este martes, en la Asamblea Nacional de Francia. REUTERS

Valls ha anunciado este martes en la Asamblea Nacional el recurso al extraordinario artículo 49.3 de la Constitución –permite suspender el trámite parlamentario de una ley y aprobarla por decreto- después de una tensa reunión con su dividido grupo parlamentario. “Basta de jugar. Yo no juego. Asumo mis responsabilidades en interés del país”, les espetó el jefe del Gobierno.

Se refería así al fracasado intento de última hora para pactar alguna enmienda y unir el voto socialista. El decretazo se produce el mismo día en que debía comenzar en la Asamblea Nacional la segunda y última lectura del proyecto de ley. En la primera, en mayo, Valls también utilizó el decretazo para sacar adelante el proyecto y enviarlo al Senado.

Para el jefe del Gobierno, el fracaso parlamentario del proyecto de ley es achacable a "una alianza de conservadores y de inmovilistas" -la derecha y sus diputados críticos-, pese a que el proyecto recoge "un texto de progreso" necesario para Francia. "El país debe avanzar", ha afirmado.

Con este recurso al decreto, Hollande y Valls pretenden dar carpetazo a su proyecto más polémico y convertido desde marzo pasado en todo un símbolo de la pugna de los sindicatos mayoritarios y de la izquierda radical contra la política económica del Gobierno socialista. Solo uno de los grandes sindicatos, el reformista CFDT, aceptó el texto después de que el Ejecutivo edulcorara artículos clave, como el de la rebaja de las indemnizaciones por despido.

De acuerdo con el 49.3 de la Constitución, la ley queda aprobada si la Asamblea no presenta en 24 horas una potencial moción de censura que debe ser votada en los dos días siguientes. En mayo, Los Republicanos, el principal partido de la oposición presentó la moción, pero no logró la requerida mayoría absoluta de la Cámara.

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C. Y.

Prioridad a la empresa. Los acuerdos entre propietarios y empleados en cada empresa tendrán más fuerza legal que los pactados en el sector. Es un cambio radical en el principio de jerarquía legal.

Indemnizaciones. Baja general en caso de despido. Se reducen a 15 meses de salario –en lugar de 27- para empleados con más de 20 años de antigüedad. Son baremos “indicativos”, no obligatorios, como decía la primera versión de la ley.

Despidos. Se facilitan en caso de degradación de cifra de negocios durante cuatro trimestres o pérdidas durante un semestre. Y por cambios tecnológicos o reorganizaciones.

Horas extraordinarias. Su pago podrá ser de solo un 10% superior a las horas ordinarias, no 25% como hasta ahora, si así se pacta en cada empresa.

35 horas. El principio sagrado en el límite laboral semanal queda de hecho dinamitado por la ley porque se podrá ampliar más fácilmente que ahora por acuerdo interno en las empresas.

Los diputados rebeldes y la izquierda radical también intentaron entonces presentar esa moción. Les faltaron dos firmas de las 58 exigidas para conseguirlo. Ahora dicen tener suficientes apoyos para hacer frente a “la máquina infernal” del 49.3, en palabras de Christian Paul, líder de los rebeldes.

Los Republicanos (196 escaños) han dicho que no presentarán la censura. Dejarían así en evidencia la brecha interna en la izquierda y, de paso, se reservan la opción de apoyar la censura de la izquierda, si es que la presentan. Con esa alianza contra natura, la moción conseguiría más de los 289 votos exigidos. Como consecuencia, la ley no sería aprobada y caería el Gobierno. Un riesgo considerado “desproporcionado” por algunos rebeldes a menos de un año de las presidenciales.

El paso dado por Valls ha coincidido con una nueva jornada de movilización contra la reforma dentro de la mayor movilización social registrada en Francia en las últimas décadas. La mayor manifestación se ha registrado en el centro de París -entre 7.500 y 45.000 asistentes, según la policía o los organizadores- a la misma hora en que Valls anunciaba su decisión. La CGT, el mayor sindicato del país, prepara nuevas protestas ante “la deriva autoritaria” y “una rentrée potente y ofensiva para impedir la aplicación de la ley” que es rechazada por cerca del 70% de los franceses, según los sondeos.

Junto con la laboral, la otra destacada reforma del mandato de François Hollande ha sido la de liberalización de la economía. También por la rebelión de diputados socialistas, la ley fue aprobada en las dos lecturas por decretazo. En ambos casos, Valls superó con holgura las correspondientes mociones de censura de Los Republicanos.

La opción constitucional de aprobar una ley por decreto sin debate ni votación la ha utilizado el Gobierno francés en 84 ocasiones desde el arranque de la V República en 1958. La izquierda lo ha hecho en 52 ocasiones y la derecha, en 32. El récord, con 28 veces, lo tiene el exprimer ministro socialista fallecido la semana pasada Michel Rocard, quien dirigió el Gobierno 1988 y 1991.

Bajo el mandato de Sarkozy (2007-2012), no se hizo en ninguna ocasión. Valls, en cambio, lo ha hecho ya cuatro veces: dos para aprobar la también polémica ley de liberalización de la economía y otras dos con la reforma laboral. La mayor crítica contra el uso de semejante arma nuclear la hizo en 2006 el hoy presidente Hollande: “El 49.3 es una brutalidad. El 49.3 es una negación de la democracia”. 

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