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La justicia egipcia da un fuerte golpe a Al Sisi al invalidar la cesión de las islas a Arabia Saudí

El Consejo de Estado da la razón a la oposición y establece que las islas del Mar Rojo son de soberanía egipcia

En una inesperada muestra de independencia, la justicia egipcia decretó el martes la invalidez del acuerdo por el que el mariscal Al Sisi cedía la soberanía de dos estratégicas islas del Mar Rojo a Arabia Saudí. El Consejo de Estado, la mayor instancia administrativa, declaró nulo el tratado entre ambos países, firmado el pasado mes de abril. La entrega de las islas desató una fuerte polémica en Egipto, y por primera vez en los últimos dos años, la oposición fue capaz de reunir a varios miles de personas en una protesta antigubernamental en el centro de El Cairo. El veredicto representa un duro golpe para las credenciales nacionalistas de Al Sisi y puede provocar una escalada de la tensión con la oposición.

El presidente Al Sisi despide al rey saudí, Salman, durante su partida de El Cairo, el pasado abril.
El presidente Al Sisi despide al rey saudí, Salman, durante su partida de El Cairo, el pasado abril. AP

“Las islas deben permanecer como parte del territorio egipcio y dentro de las fronteras egipcias; la soberanía de Egipto se mantiene, y está prohibido cambiar su estatus de cualquier forma o a través de cualquier procedimiento en beneficio de otro Estado”, sentenció el juez Yehia el-Dakroury, presidente del tribunal, según informa el diario oficialista Al Ahram. A través del ministro de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, Magdi Ayati, el Gobierno ha anunciado que recurrirá el fallo, por lo que el futuro de las islas de Tirán y Sanafir puede convertirse en un culebrón. Además de vencer esta batalla legal, para entrar en vigor el tratado debe ser aprobado por el Parlamento egipcio, donde todavía no ha sido sometido a votación.

La decisión del Consejo de Estado envalentonará a los detractores del acuerdo y a la incipiente oposición al mariscal Al Sisi, que tras asumir el poder en un golpe de Estado en 2013 aplicó un dura represión contra toda voz disidente, tanto islamista como laica. La demanda fue interpuesta por un grupo de abogados liderados por Jaled Ali, uno de los candidatos presidenciales progresistas en 2012. “Alá es el más grande. Las islas son egipcias y es nula la firma del acuerdo”, escribió Alí en su cuenta de Twitter poco después de conocer la noticia, y anunció la convocatoria de una rueda de prensa para el día siguiente para explicar su reacción.

La firma del acuerdo entre ambos países se produjo durante una visita de varios días del rey saudí Salman a El Cairo, y fue interpretada como una afrenta al orgullo patrio por una parte importante de la sociedad egipcia. Desde el golpe contra el presidente islamista Mohamed Morsi, Riad ha concedido varios miles de millones de euros en asistencia financiera al régimen de Al Sisi, lo que ha permitido mantener a flote su maltrecha economía. De aquí que la oposición argumente que la entrega de las islas se trata de una “venta” o una compensación por el apoyo político saudí.

El Gobierno egipcio sostiene que las islas siempre han sido de soberanía saudí, pero que Riad las cedió de forma temporal a El Cairo en 1950 a causa de su conflicto bélico con Israel. Las islas de Tiran y Sanafir se hallan en la entrada del Golfo de Aqaba, la única salida al mar del Israel, de ahí su gran importancia geoestratégica. Tras la firma del tratado, las autoridades egipcias reconocieron que habían consultado previamente a Tel Aviv.

Durante la protesta del pasado 25 de abril, la policía arrestó a más de 200 personas. De estas, unos 150 fueron condenadas a penas de cárcel por haber violado la draconiana ley de manifestaciones del país árabe, que recoge un duro castigo para cualquier protesta que no cuente con la autorización del Gobierno. Sin embargo, buena parte de los condenados han sido puestos en libertad gracias a un fallo de la corte de casación. En un signo de una posible apertura del régimen, el Parlamento está estudiando modificar la ley para suavizar sus penas.

Si bien el Gobierno egipcio posee una potente capacidad de influencia sobre la judicatura egipcia, este cuerpo no es homogéneo. Concretamente, el Consejo de Estado, que se ocupa de aquellos casos en los que una de las partes es el Estado, es una de las ramas del poder judicial que ha logrado preservar un mayor margen de independencia respecto al ejecutivo. 

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