La ley anticorrupción mexicana crispa a la patronal

El apoyo de la patronal a la iniciativa ciudadana para regenerar las leyes anticorrupción en México ha tenido un efecto bumerán. La pretensión de elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas para los funcionarios públicos fue limada por la mayoría priista en el Parlamento, que aprobó esta semana un texto sin filo, diluyendo la ambiciosa propuesta conocida como ley 3 de 3. La clase política contará con sólidos escudos de protección contra la exigencia de publicar su patrimonio, su declaración de impuestos y su relación con el mundo empresarial como antídoto frente al fantasma de los conflictos de interés. Serán los empresarios, sin embargo, los que se verán sometidos a este escrutinio profundo cuando crucen sus negocios con la Administración. La medida ha provocado un fuerte malestar en el ambiente empresarial.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) salió este jueves a las calles de la capital para mostrar su descontento. "Ahora pretenden pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados", declaró el presidente de la patronal, Gustavo de Hoyos, desde las escalinatas del Ángel de la Independencia. La oposición, que tomó la bandera de la iniciativa ciudadana, deslizó que la medida, aprobada in extremis durante la sesión parlamentaria, es una reprimenda al sector empresarial por su adhesión a la propuesta. “Lo hizo el PRI, y claro que es una reacción del PRI, de la clase política del PRI al sector privado para que entren dentro de las cuerdas del poder", señaló Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado.

De madrugada y a la carrera, la cámara alta mexicana dio vía libre a la Ley de Responsabilidades Administrativas, una de las patas anticorrupción que más atención había generado durante los últimos meses. Agitada por la polémica compra de dos lujosas casas por parte de la esposa del presidente y el secretario de Hacienda a antiguos contratistas del Gobierno, la sociedad civil lanzó en febrero su iniciativa al corazón de la agenda política contra la corrupción, un mal endémico de México que le cuesta al país más de 19.000 millones de dólares al año.

La ley ha incluido una salvaguarda para los funcionarios públicos al excluir “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada"

Superado con creces el umbral de firmas —logró 630.000 frente a las 120.000 necesarias— el proyecto entró en el debate parlamentario. La demanda ciudadana era que la ley incluyera toda una batería de formularios –inspirados en los estándares internacionales– donde los funcionarios obligatoriamente tuvieran que revelar cuánto dinero y cuántas propiedades tienen, dónde y con quién han trabajado, que demostraran que no han evadido impuestos y que están al corriente de sus obligaciones fiscales.

La pelota llegó impulsada por la oposición y con posibilidades de éxito a las sesiones extraordinarias en el Parlamento con el objetivo de que la nueva regulación quedara lista antes del verano. Pero la mayoría priista, aliada con sus socios del Partido Verde, diluyó la ambiciosa propuesta tanto en el Senado como en el Congreso. “La versión final del texto recoge muchos elementos de la iniciativa, pero deja fuera el punto medular, que es la recogida de los formularios para que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales”, apunta Alejandra Zapata, investigadora del Instituto por la Competitividad (IMCO), una de las organizaciones impulsoras del proyecto.

El articulado de la ley ha incluido una salvaguarda para los funcionarios públicos al excluir “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. El alcance de las declaraciones quedará ahora al arbitrio del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un nuevo cuerpo burocrático aún por crearse y dependiente del Senado.

"El PRI ha vuelto a demostrar su falta de sensibilidad, al no entender que la ciudadanía está demandando más controles sobre una cultura política del enriquecimiento opaco. Los formularios de la ley 3 de 3 ya respetaban la privacidad. Se piden que se listen inmuebles pero no la dirección exacta, los saldos en cuentas bancarias pero no los datos personales”, añade Zapata.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, el propio Peña Nieto anunció en paralelo una batería de medidas para prevenir la corrupción y evitar el conflicto de interés. En la cima del nuevo andamiaje está colocado como secretario de la Función Pública Virgilio Andrade, un priista amigo personal del ministro de Hacienda, que tras investigar los supuestos conflictos de interés que han salpicado al Gobierno cerró recientemente el caso al concluir que no hubo irregularidades.

Animados por esa dinámica pro-transparencia, varios políticos aceptaron voluntariamente abrir el armario de sus declaraciones patrimoniales y fiscales. La apertura en todo caso ha sido moderada. Menos de la mitad de los funcionarios públicos han dado a conocer las tripas de su curriculum económico.