La CIDH teme que los Estados aprovechen su crisis para controlarla

La plana mayor de la CIDH presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe en el que advierte que, si los países miembro no empiezan a dar los fondos comprometidos, tendrá que despedir a casi la mitad de sus 78 trabajadores, además de recortar o suspender buena parte de sus actividades fundamentales.

Lo que inquietó a la Comisión no fue tanto el silencio de países abiertamente críticos como Ecuador, Venezuela o Nicaragua, que ni se pronunciaron, sino las advertencias veladas que emitieron otros Estados clave para su subsistencia pero que, entre promesas de respaldo, dejaron entrever que su apoyo no será incondicional.

Dos pesos pesados de la organización como son Chile y Argentina declararon abiertamente que consideran que el problema de la CIDH, ante todo, “no es financiero, sino político” y pidieron un “debate profundo” que incluya cuestiones como la transparencia o la necesidad de un “enfoque desideologizado” del organismo.

El más explícito fue sin embargo el nuevo embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, que no solo cuestionó la imparcialidad de la Comisión, sino que hasta llegó a sugerir como medida de ahorro un traslado de su sede a Costa Rica, antiguo reclamo de los países que trataron en los últimos años de forzar cambios del organismo.

“Hay que preguntarse por qué la Comisión ha venido recibiendo de menos en menos recursos financieros, hay que preguntarse por qué algunos han perdido la confianza o han dudado de la eficacia del sistema y hay que tomar medidas correctivas”, dijo el flamante embajador mexicano. De Alba llegó a la OEA tras el enfrentamiento que ha mantenido el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, coordinados por la CIDH y a los que México decidió no renovar mandato.

Según el embajador mexicano, la CIDH necesita ciertas “medidas correctivas” para garantizar una “mayor transparencia y certidumbre en su actuar”, así como revisar una “cierta selectividad en el tratamiento de algunos casos o denuncias”.

"Se debe combatir toda imagen o percepción, correcta o incorrecta, de parcialidad o de politización de algunos de los casos”, subrayó. Todo esto contribuirá, continuó, a mejorar la “imagen pública” de la CIDH, lo que a su vez “redundará en un mayor apoyo económico”, confió.

El secretario ejecutivo de la CIDH, el también mexicano Emilio Álvarez Icaza, no ocultó tras la sesión su preocupación por este tipo de declaraciones que, advirtió, “parecieran querer reabrir por la puerta de atrás una discusión que ya ha quedado superada”.

“La Comisión siempre está en ánimo de fortalecer su trabajo, pero lo que no quisiéramos es que esto fuera un mecanismo de amenaza de que viene un proceso de ajuste o de, otra vez, abrir por la puerta de atrás una discusión sobre sus atribuciones”, declaró a periodistas. “Ya vivimos tres años de este llamado proceso de fortalecimiento que, en mi lectura, pareció más bien de debilitamiento”, insistió.

Durante la sesión, solo Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda se comprometieron públicamente a contribuir con algunos fondos. Álvarez Icaza confirmó que también Canadá y Uruguay se han puesto en contacto con la CIDH para realizar contribuciones.

La CIDH solo recibe un 6% del presupuesto de la OEA, que le alcanza para financiar apenas la mitad de sus gastos. Eso le hace, en gran medida, dependiente de las contribuciones “voluntarias”.

Algunos países clave dejaron de contribuir por disputas con la Comisión, como fue el caso de Brasil, que no ha vuelto a pagar desde que la CIDH emitió en 2011 medidas cautelares a favor de comunidades indígenas afectadas por la construcción de la presa de Belo Monte, un proyecto estrella del Gobierno de Dilma Rousseff. Aunque el embajador mexicano se preció hoy ser el país latinoamericano que más dinero ha aportado a la CIDH, dos millones de dólares en los dos últimos años, resaltó, no aclaró que ese dinero fue destinado exclusivamente a la financiación del GIEI para su país. Después de 2014, México no realiza los pagos voluntarios de hasta medio millón de dólares que, efectivamente, le ponían a la cabeza de los donantes, solo superado por Estados Unidos.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso como solución que el sistema interamericano de derechos humanos —conformado por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos— presente en la Asamblea General del organismo, a mediados de junio en República Dominicana, una propuesta para crear un fondo directo de los Estados que garantice su autonomía financiera e independencia.

La iniciativa fue bien recibida por los directivos de la CIDH, que prometieron tener lista una propuesta en este sentido para esa fecha.