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París crea centros de desradicalización yihadista por toda Francia

La policía tiene fichados a más de 9.300 extremistas, incluidos 224 que han vuelto de Siria e Irak

El primer ministro francés, Manuel Valls, este lunes en París. REUTERS

La cifra de jóvenes radicales islamistas franceses crece en progresión geométrica en los últimos años. Se ha duplicado desde 2014 y son ya 9.300 los fichados por la policía, 850 de ellos en centros de enseñanza. Para frenar este alarmante fenómeno, el Gobierno prevé crear al menos un centro de desradicalización por cada una de las 13 regiones del país. Se llamarán Centros de Ciudadanía y Reinserción. “Cada época tiene sus desafíos. La lucha contra el yihadismo es el gran desafío de nuestra generación”, ha dicho el primer ministro, Manuel Valls, al presentar el proyecto.

Los autores de los atentados que el año pasado costaron la vida a 150 personas habían nacido en Francia o en la vecina Bélgica. Varios de ellos vivían en Molenbeek, el barrio bruselense convertido en el símbolo de los suburbios europeos deprimidos con el adecuado caldo de cultivo para la radicalización. En Francia, hay cien barrios con “similitudes” al de Molenbeek, como ha reconocido Patrick Kanner, ministro de administración local.

Es de esos barrios franceses de donde han salido buena parte de los 635 franceses identificados que hoy combaten en Siria o Irak, según datos aportados por Valls. O los 224 que ya ha regresado y que están en la cárcel o sometidos a una estrecha vigilancia policial.

Algunos de ellos, que aseguran estar arrepentidos, participarán en esos centros de desradicalización. O muchos de los 309 jóvenes a los que se les ha prohibido salir de Francia porque intentaban viajar a Siria. O de los 4.600 de 800 familias que acudieron a la policía para alertar de la posible radicalización de alguno de sus integrantes y evitar así que viajaran a zonas de guerra.

Quienes viajen a Siria o Irak verán suspendidos sus derechos a ayudas y los de la Seguridad Social

Los centros estarán gestionados y dirigidos por educadores, trabajadores sociales, psicólogos y policías. Estarán supervisados por el denominado Comité Interministerial para la Prevención de la Delincuencia y la Radicalización, cuyo presupuesto acaba de pasar de los 60 a los 100 millones de euros para “prevenir, detectar y perseguir” los extremismos.

En liceos y universidades —“la educación está en primera línea”, ha dicho Valls—, los profesores reciben una formación básica para detectar cambios de comportamiento en sus alumnos: vestimenta diferente, interés inusitado por la religión, rechazo a hablar con mujeres…

Dentro del plan, Valls ha anunciado que Francia se adelanta a toda Europa y aplicará unilateralmente este mismo año el registro de pasajeros PNR (Passenger Name Record), aceptado finalmente por la Eurocámara pero aún no en vigor. También formará a cien expertos y agentes de espionaje para detectar cualquier radicalización en las cárceles.

Asimismo, el Gobierno dejará en suspenso las ayudas y las coberturas de la Seguridad Social a quienes viajan a Siria e Irak. Ya lo ha hecho en decenas de casos. Y congelará los bienes de quienes hayan aportado ayuda financiera a redes de captación de yihadistas. Ya ha abierto 24 expedientes.

En paralelo, las nuevas leyes antiterroristas y el vigente estado de excepción se han concretado estos meses en el cierre de 4.800 páginas y cuentas en Internet y en centenares de detenciones, registros y asignaciones forzadas de domicilio sin mandamiento judicial. Para Valls, toda esta batería de medidas persigue combatir “la ideología del caos que glorifica la muerte” y que propugna “el precio de sangre” para quienes no practican el islam.

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