El secuestro del Ejército

Está escrito en la memoria de los pueblos: lo difícil no es sacar el Ejército a las calles, lo difícil es que vuelva a los cuarteles. El presidente de México Plutarco Elías Calles —creador del Estado moderno— decidió durante su mandato (1924-1928) profesionalizar al Ejército que triunfó en la Revolución. El pretexto fue la falta de preparación y disciplina que demostraron los militares en la llamada guerra cristera (1926-1929). La realidad era que, desde el periodo presidencial del malogrado Álvaro Obregón (1920-1924), los generales y los caudillos eran el máximo poder de México.

Sin embargo, aquel diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió dar inicio a su particular “guerra contra el narcotráfico”, se desencadenaron una serie de acontecimientos que han lastrado y seguirán lastrando la historia moderna de México.

Primero, Calderón sacó el Ejército a las calles. Después, denunció que sólo los militares podían luchar contra un panorama en el que la policía mexicana protegía más a los delincuentes que al pueblo. Y, finalmente, su entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, nunca le advirtió de que el Ejército no estaba preparado para ganar esa guerra falsa.

Tiempo después, en 2012, Enrique Peña Nieto llegó al poder y decidió cambiar la forma, más no el fondo, del problema de la violencia. Y así fue como la guerra contra el narcotráfico desapareció de las primeras planas y de las intervenciones presidenciales. Sin embargo, que no se hable de un problema, no significa que haya desaparecido.

Porque ni Calderón ni el siguiente Gobierno tuvieron el sentido común de articular una ley que protegiera la actuación del Ejército en las calles, lo que provocó que las Fuerzas Armadas empezaran a desempeñar funciones para las que no estaban preparadas.

El Estado se ha acostumbrado a vivir con esa esquizofrenia que significa una realidad civil y un control militar

Después de 10 años de haber detonado esa guerra, México sigue sin contar con una policía confiable, lo que ha llevado a que el Estado se acostumbre a vivir con esa esquizofrenia que significa una realidad civil y un control militar. Eso ha generado que gran parte de la sociedad considere que los únicos poderes inalterables en México son los carteles y los militares.

Aunque no debemos olvidar que el Ejército, igual que la Universidad Nacional Autónoma de México, era una de las instituciones más respetadas y queridas por el pueblo mexicano, ya que cuando la naturaleza rugía los militares ayudaban a todos sin distinción.

Ahora esa institución ya forma parte de la nebulosa que conjuga todo lo desconcertante en México. No sólo por su inevitable implicación en la vulneración de los derechos humanos, sino porque Calderón también puso de moda que los Estados afectados por el narcotráfico pagaran la logística de los militares. El problema ahora es: ¿quién devolverá al Ejército mexicano a sus cuarteles?

Mientras encontramos una respuesta, siguen ocurriendo situaciones tan lamentables como la tortura de una mujer en el Estado de Guerrero tras ser atacada por dos militares y un policía federal. O como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, también en Guerrero, un episodio en el que poco a poco se va responsabilizando al Ejército ante la ausencia de pruebas de una versión ajustada a la realidad de los hechos.

Hoy las Fuerzas Armadas mexicanas están amenazadas en varios frentes. Primero, por la inexistencia de una cobertura legal que respalde a la institución. Segundo, por la carencia de un plan de retirada para cambiar la situación. Y, tercero, porque México se ha acostumbrado a un mundo de príncipes y princesas, en el que la triste realidad de las alcantarillas del Estado las atienden y las limpian los hombres de uniforme.

Por su parte, Estados Unidos no ha dejado de señalar los problemas sistémicos del Estado mexicano: la inexistencia de un poder de investigación con credibilidad, la ausencia de un poder judicial que no permita la impunidad, la falta de una policía defensora del Estado y no enemiga. Y finalmente, definir el papel de sus militares, cuando el concepto de la seguridad nacional y del mantenimiento de la integridad territorial se han diluido. Téngase en cuenta que en México, con más de 120 millones de habitantes y unas Fuerzas Armadas de 250.000 miembros, pueden desarrollarse comportamientos violentos contra la población civil.

No parece muy inteligente recurrir a un Ejército que nunca ha sido entrenado para salvaguardar el orden público y ahora pedirle que no haga lo único que le enseñamos, que es disparar y vencer.