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La anulación por el Supremo turco del juicio por golpismo evidencia la lucha de poder

La sentencia evidencia la utilización de pruebas falsas para condenar a los militares y se enmarca en el reequilibrio de las relaciones entre Erdogan y el Ejército

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogn, recibe a su homólogo iraní, Hassan Ruhani, en el palacio presidencial de Ankara.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogn, recibe a su homólogo iraní, Hassan Ruhani, en el palacio presidencial de Ankara. EFE

El que estaba llamado a ser el juicio del siglo en Turquía no ha podido tener un final más decepcionante para las expectativas levantadas en su inicio. La Corte de Casación del país euroasiático, equivalente al Tribunal Supremo, ordenó este jueves anular al completo el proceso Ergenekon, iniciado en 2008 contra supuestas tramas golpistas y que pretendía limpiar las cloacas del llamado “Estado Profundo”, una turbia red formada por militares, mafiosos y ultraderechistas implicados en la guerra sucia de décadas pasadas –especialmente contra la izquierda y los kurdos- y que, presuntamente, habrían intentado también derrocar al actual gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Este cambio de tornas provocado por la decisión judicial es, sin embargo, un reflejo de los nuevos equilibrios de poder de la política turca en la que, según los analistas locales, el líder islamista Recep Tayyip Erdogan se ha acercado al estamento castrense para luchar contra enemigos comunes.

En 2013, la corte encargada del caso Ergenekon dictó 22 cadenas perpetuas y 1.200 años de cárcel para 254 de los 275 acusados que se sentaban en el banquillo, entre los que se hallaban oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas -incluido un jefe del Estado Mayor, Ilker Basbug-, periodistas críticos, políticos opositores y personajes de oscuro pasado. Pero, un año después, el Tribunal Constitucional ordenó poner en libertad a Basbug alegando que se habían violado su derecho a un juicio justo, lo que fue seguido por la excarcelación del resto de los condenados en espera de que la máxima autoridad de la justicia penal resolviese todos los casos de apelación. Y así ha sido. En lo que es, de momento, la última palabra de este macropoceso, el Supremo de Turquía sentencia que “no hay una organización terrorista denominada Ergenekon”, ni se han aportado pruebas que apoyen su existencia. Además, los acusados fueron condenados sobre la base de “pruebas falsas”, “escuchas ilegales” o declaraciones de testigos cuya identidad no ha podido ser establecida.

Desde luego, los expertos habían avisado de que la dilatación del proceso hasta asumir 23 sumarios de miles de páginas no hacía sino dificultar su investigación y era un batiburrillo de acusaciones en muchos casos contradictorias. “Nunca hubo una intención real de indagar sobre el Estado Profundo, sino que el juicio fue un instrumento del AKP y del movimiento de Gülen para acabar con sus oponentes políticos”, sostiene Gareth Jenkins, analista del Institute for Security and Development Policy: “La tragedia es que ni siquiera se aprovechó la oportunidad para investigar a algunos de los imputados, que realmente habían estado implicados en malas praxis durante la década de 1990”.

Pero Ergenekon sí que tuvo un efecto decisivo en la política de Turquía: poner la puntilla a las veleidades intervencionistas de un Ejército con cuatro golpes de estado en su haber (1960, 1971, 1980 y 1997) y cuyo último pronunciamiento data de 2007, cuando trató de evitar sin éxito que los islamistas eligiesen a su camarada Abdullah Gül como presidente de la República. El juicio de Ergenekon y otros similares que han puesto entre rejas a cientos de uniformados han dañado tremendamente la estructura de mando de las Fuerzas Armadas, según han confirmado a este diario diversas fuentes militares, y han instalado dentro de las filas castrenses una fuerte desconfianza interna de la que aún no se han recuperado completamente.

Pero hoy, neutralizados los militares como actor político, metidos en cintura buena parte de la Justicia y los medios de comunicación, el enemigo de Erdogan es otro: Fethullah Gülen, líder de un movimiento religioso antaño aliado y hoy opuesto al Gobierno del AKP que cuenta con miembros infiltrados en la judicatura, la policía e incluso las Fuerzas Armadas. Los lazos entre los islamistas turcos y esta cofradía religiosa se rompieron cuando fiscales gülenistas iniciaron una investigación sobre diversas tramas de corrupción en el entorno de Erdogan. “Dado que ambos tienen como enemigo común a los gülenistas, esta sentencia (del Supremo) mejorará las relaciones entre el Gobierno y el Ejército, que ya se han reforzado en el último año por las operaciones contra el grupo terrorista PKK (kurdo)”, opina el analista y exmilitar Metin Gürcan, en declaraciones a EL PAÍS.

En una reciente entrevista con este diario, el periodista Yavuz Baydar, antaño defensor del AKP, advertía precisamente de que “para cimentar su poder”, Erdogan se está acercando a ciertos sectores, como los militares y los ultranacionalistas turcos, a los que antes se oponía. Baste como ejemplo el caso de Sedat Peker, un mafioso convicto y vinculado a círculos de la ultraderecha que fue condenado a 10 años de cárcel por conspirar contra el Gobierno del AKP en el marco de la trama Ergenekon pero al que en los últimos meses se le ha visto defendiendo públicamente a Erdogan y amenazando de muerte a sus opositores.