Manuel Valls presenta a los sindicatos una reforma laboral edulcorada

La polémica reforma laboral presentada en Francia pierde algunas de sus novedades más duras a medida que aumenta la presión de los sindicatos y la izquierda. Este lunes, ha caído una las medidas faro que incluía el proyecto: la fijación a la baja del valor máximo de las indemnizaciones por despido. Los sindicatos la rechazaban de plano y la patronal la defendía a capa y espada. El primer ministro, Manuel Valls, ha anunciado que la ley hará una referencia a esos baremos, pero solo a título “indicativo”, de manera que los tribunales laborales seguirán teniendo un amplio margen de maniobra.

El inicial proyecto de reforma, inspirado en la actual legislación española, rebajaba a 15 meses de salario como máximo la indemnización por despido de los trabajadores con más de 20 años de antigüedad. La ley vigente ahora marca una indemnización de entre 24 y 27 meses de salario. Para la patronal, era “imprescindible” que se mantuviera ese artículo porque considera “necesario” que un empresario sepa con certeza cuánto le va a costar un despido si decide hacerlo.

Reunidos este lunes con sindicatos y patronal, Valls ha anunciado esa y otras cesiones en el proyecto, que será presentado oficialmente el próximo día 24. Otra destacada se refiere a las condiciones en que una empresa puede hacer despidos colectivos si sufre problemas económicos. El proyecto señala que una empresa con dificultades podrá optar por los despidos incluso si se trata de una filial de un grupo que presenta una situación saneada.

Valls ha explicado ahora que en ese terreno habrá “restricciones y garantías”, de forma que podrán ser “sancionadas” filiales que en Francia puedan provocar artificialmente dificultades económicas para optar por esos despidos. Los jueces tendrán la última palabra. Los horarios laborales máximos de los aprendices o rectificaciones en el papel de los sindicatos al adoptar acuerdos sectoriales son otros campos en los que el proyecto ha quedado aguado.

Los dos principales sindicatos y los estudiantes mantienen sus planes de protestas y huelgas

Así lo ha entendido el líder de la patronal francesa, Pierre Gattaz, quien ha dicho que la nueva ley es “fundamental para el país” y que le parece muy negativo que el baremo de indemnizaciones sea solo “indicativo”.Gattaz se considerado "decepcionado" por las rebajas. Lo misma sensación se ha producido en Los Republicanos. El partido conservador de Nicolas Sarkozy sostiene que el proyecto ha quedado "desmantelado" porque el Gobierno es "rehén de los sindicatos".

Tampoco los dos principales sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera, han quedado satisfechos. Insisten en que el proyecto debe ser retirado. Entre otras razones, porque el texto mantiene la novedosa definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.

Ambos sindicatos mantienen la convocatoria de una huelga general para el día 31. La CGT, además, prepara paros y huelgas a escala nacional y regional desde el día 17 hasta el 31. También las organizaciones estudiantiles mantienen sus planes de movilizaciones para los próximos días. Hasta las juventudes del ultraderechista Frente Nacional exigen la retirada de la ley.

En el balance positivo para el Gobierno, Valls ha abierto este lunes una considerable brecha en el frente sindical. Tres de las organizaciones presentes en la reunión y consideradas “reformistas” señalaron que “los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido”.

El ala izquierda del Partido Socialista acusa a Hollande y Valls de no tener apoyo electoral

Antes de la reunión en la sede del primer ministro, desde su propio partido le llegaron nuevas advertencias en relación con la discutida reforma. El líder del ala crítica del gubernamental Partido Socialista, Christian Paul, consideró que las cesiones previstas del Ejecutivo solo tratan de romper el frente unido de la izquierda contra el proyecto lanzado por Valls y el presidente François Hollande, que no tienen “ni apoyo popular ni base electoral”.

Pese a todas las cesiones, la filosofía general de la ley de mantiene. "Responde de manera pragmática a las nuevas realidades de nuestra economía", dice Valls, quien cree que, pese a las numerosas protestas, "los franceses quieren esta reforma" porque creará empleo y acabará con la precariedad del empleo juvenil. Los estudiantes temen lo contrario. Pese a todo, el primer ministro insiste en que de ninguna manera retirará el proyecto. "La ley es la prueba de que Francia puede transformarse sin fracturarse; que puede tener audacia sin ruptura y que nuestro país es capaz de avanzar". Los próximos meses mostrarán si eso es cierto o no.