El debate sobre el futuro de la energía nuclear divide a Europa

La tragedia de Fukushima de hace justo cinco años sacudió el debate sobre la energía nuclear también en la Unión Europea, cuyos miembros no mantienen una posición única sobre el futuro de esta tecnología. Alemania, la principal potencia económica de la Unión Europea, se ha comprometido a suprimir esta tecnología dentro de su territorio en 2022. En Francia, sin embargo, el Gobierno propone ahora que las centrales puedan operar más allá de los 40 años de vida útil. En España ese debate también está sobre la mesa, pero solo el PP propone abiertamente que las centrales operen más allá de las cuatro décadas.  

Alemania

El 11 de marzo de 2011 fue un día extraordinario para el mundo y para la canciller alemana. Ese día Angela Merkel se levantó como una apasionada defensora de la energía nuclear y, tan solo 48 horas después, regresó a su cama convertida en la principal abanderada del movimiento ecologista de su país, después de anunciar que su Alemania revisaría su política de energía nuclear.

La catástrofe de Fukushima obligó al gobierno que dirigía Merkel en mayo de 2011 a legislar por segunda vez para llevar a cabo el apagón nuclear definitivo. Un año antes, su Gobierno había dejado sin vigencia la medida adoptada en 2000 por Gerhard Schröder. Pero el accidente convenció a Merkel para cambiar nuevamente de posición. "Los acontecimientos en Japón suponen un cambio radical en la historia del mundo tecnificado y las fugas radioactivas, como consecuencia del terremoto y posterior tsunami, demuestran que la energía atómica no está preparada para hacer frente a la violencia natural. Por eso hemos tomado esta decisión", dijo entonces la canciller.

Durante una maratoniana reunión realizada en la sede del Gobierno federal que duró más de 12 horas, los socios de la coalición que gobernaba el país en mayo de 2011 aprobaron una medida que convertirá a Alemania, en un plazo de 11 años, en la primera gran potencia industrial del planeta en abandonar completamente la energía atómica. En el encuentro, la canciller Angela Merkel, como jefa de la Unión Cristiano-demócrata (CDU), Horst Seehofer, el líder de la CSU de Baviera, y Philipp Rösler, el entonces presidente del partido Liberal (FDP) también acordaron no volver a conectar las siete plantas nucleares que habían sido clausuradas provisionalmente tras la catástrofe de Fukushima. El acuerdo, que fue aprobado por el Parlamento Federal en junio de 2011, estableció que los tres reactores más modernos pueden retrasar eventualmente su cierre hasta fines de 2022, en el caso de que surjan problemas con el suministro eléctrico.

En vísperas del quinto aniversario de la tragedia de Fukushima, el vicecanciller alemán y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, ha anunciado la decisión de continuar con la transformación energética y apagar todas las centrales nucleares del país para 2022. "En 2022 la energía nuclear comercial en Alemania será historia, y a pesar de que lo que sostenía el lobby atómico, la luz aún no se ha apagado", ha señalado el ministro en un comunicado oficial de su dependencia.

Francia

La política nuclear francesa está originando problemas a nivel interno, pero también con sus países vecinos. La ministra de Medio Ambiente, Energía y Mar, Ségolène Royal, ha generado una ola de reproches por parte de las organizaciones ecologistas al asegurar estar dispuesta a prolongar la vida activa de las centrales nucleares 10 años más, es decir, que puedan operar durante 50 años. "Es una nueva concesión al lobby nuclear", ha criticado Europa Ecología-Los Verdes. "La medida permitirá producir una electricidad más barata", ha argumentado Royal.

Este debate interno ha coincidido con las protestas oficiales de Luxemburgo, Suiza y Alemania. El pasado 2 de marzo Ginebra ha interpuesto una demanda por considerar que la vieja central de Bugey, a 70 kilómetros de la capital helvética, pone en peligro a terceros y contamina las aguas. En Bugey, Francia está construyendo un cementerio de desechos nucleares. Al día siguiente, Luxemburgo recurría a la Comisión Europea contra los cuatro reactores de Cattenon, también próximos a su frontera.

La batalla alemana contra la vieja central de Fessenheim, situada a pocos kilómetros de su frontera, viene de lejos, pero justo después de las protestas de Suiza y Luxemburgo, los verdes alemanes destaparon un inquietante informe. El incidente de Fessenheim de 2014 fue más grave de lo que se dijo en su momento, asegura el informe, que añade: "No cumple las normas post-Fukushima". La ministra germana de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, ha pedido su cierre inmediato.

Treinta de los 58 reactores repartidos en las 19 centrales francesas (este es el país más nuclearizado del mundo en relación al número de habitantes) tienen más de 30 años. El proyecto de prolongar su vida activa es un importante capote a la empresa semi pública EDF, que mejoraría sustancialmente sus beneficios en más de 600 millones de euros anuales en los próximos cuatro años ahora que se le han disparado los costes de la construcción de la central de Flamanville. La ley francesa de Transición Energética, aprobado el pasado año, prevé reducir el peso de la energía nuclear, pero no terminar con ella como se propone la vecina Alemania.

España

En España el debate nuclear no está cerrado. Mientras el PP ha legislado durante los últimos cuatro años para conseguir que las centrales del país puedan prolongar su actividad más allá de los 40 años, una mayoría del nuevo Congreso se muestra contraria a esa extensión.

La central de Santa María de Garoña centra este debate. Esta instalación burgalesa lleva tres años sin generar electricidad, aunque sus propietarios aspiran a reengancharla a la red. Nueve partidos (PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Bildu, IU, Compromís y Democràcia i Llibertat), que suponen el 64% del Congreso, pidieron a principios de febrero al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que no siga con el procedimiento de reapertura de estas instalaciones.

El CSN se encarga de estudiar si es técnicamente viable que esta central vuelva a operar a pesar de haber superado los 40 años de vida. Pero será el Ministerio de Industria el que deba dar la autorización, es decir, es una decisión política que dependerá, también, de la formación del próximo Gobierno en España.

Garoña es solo la punta de lanza del sector. Si finalmente se decide que ninguna central opere en España más de 40 años, el apagón nuclear total en este país se produciría en 2028, cuando la más moderna de estas instalaciones (la de Trillo) cumpla las cuatro décadas de funcionamiento.