El juez Griesa mantiene el suspense

El acuerdo firmado por Argentina con los grandes gestores de fondos no es definitivo, y quedó claro en la tensa audiencia que las partes en litigio tuvieron ante el juez neoyorquino Thomas Griesa. El magistrado optó por mantener el suspense acerca de la decisión por la que debería proceder a levantar todas las órdenes judiciales que se activaron en 2012 para evitar que Argentina pagara a los bonistas con los ya que se había logrado un acuerdo para reestructurar la deuda. Se conocerá en las próximas horas o días.

El choque en Nueva York tuvo lugar un día después de que el Gobierno argentino sellara un pacto con los fondos más díscolos. Las medidas cautelares adoptadas por Griesa ya provocaron que Argentina entrara en una situación de impago técnica. El encuentro con el juez se prolongó durante más de una hora y media, y en el participaron una docena de abogados que representaban al Gobierno argentino, a los fondos NML Capital, Elliott Management, Aurelios Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital así como a pequeños bonistas.

Griesa empezó a tender la mano hace dos semanas, con un escrito en el que admitía que las circunstancia cambiaron en Argentina con el relevo en el Ejecutivo y dio a entender que en esta situación no se justificaba mantener las medidas cautelares si se llegaba a un acuerdo con el núcleo más duro de los demandantes. Este cambio de actitud del juez puso en una posición de debilidad a los grandes fondos en la recta final de la negociación, porque perdían a un aliado clave tras una década de lucha legal.

El representante de Buenos Aires solicitó así al magistrado que levantara el bloqueo financiero “de forma automática”, porque lo considera un paso clave “para dejar atrás de unas vez por todas” el litigio. Advirtió que mantener el embargo creará incertidumbre tanto en el legislativo argentino como en los mercados financieros. “Será más difícil aplicar los acuerdos”, reiteró. Su argumento fue apoyado por los bonistas que ya reestructuraron la deuda. “El objetivo que se buscaba con las medidas cautelares se ha cumplido”, insistieron.

Los grandes fondos, que representan el 65% de las demandas, creen, sin embargo, que no es momento para ir con prisas y consideran que los pasos que se den a partir de ahora deben estar muy medidos para que el acuerdo de paz anunciado no se venga abajo. En este sentido, solicitan que mantener las medidas cautelares durante 30 días, para tener una idea de cómo progresan ahora las cosas en el ámbito legislativo antes de que se levanten las prohibiciones en vigor.

El acuerdo anunciado el lunes por el mediador Daniel Pollack, que resuelve el 85% de las demandas incluyendo los pactos previos, debe ser aprobado por el Congreso y el Senado argentino para se resuelva una pugna que dura 14 años. Llevó tres intensos meses de negociaciones para cerrar los términos. Pero si para el 14 de abril no se realiza el pago de 4.653 millones de dólares pactado con los acreedores, los fondos dejaron claro ante del juez que darán por extinguido el pacto.

Al margen quedan aún el 15% de los bonistas, en su mayoría pequeños inversores. Este grupo apoyó ante Griesa la idea de aplazar el levantamiento del bloqueo 30 días. Dejaron claro durante la audiencia que quieren utilizar ese tiempo para sentarse a negociar con las autoridades argentinas y llegar ellos también a un pacto. Si no, advierten de que tendrán que mantener vivo el proceso legal. Es una situación que quiere evitar los grandes fondos.

“La opción de ir a la apelación puede romper el delicado equilibrio que favorece la negociación”, indicaron. En línea con lo que dijo en la víspera Pollack, el juez Griesa lo considera un paso hacia delante importante en un proceso que se estaba haciendo interminable. Aunque ya precisó hace dos semanas que el levantamiento de las medidas cautelares está condicionado a que Bueno Aires “revoque” la legislación que prohíbe el pago a los fondos buitres.

El representante del Gobierno argentino explicó que levantamiento de la orden permitirá en la práctica que el país pueda volver al mercado de capitales para buscar liquidez con la que pagar a los bonistas y, a largo plazo, poder financiar su desarrollo económico. Es algo, insistió en su exposición, “que va en el interés público porque asegurará un futuro mejor para el pueblo argentino”. Aplazar todo 30 días le daría menos margen para responder a las demandas de pago.